El Gobierno nacional quiere recuperar el pulso de la agenda, por eso apura el envío de los proyectos de ley que anunció el presidente de la Nación el pasado 1 de mayo en la Asamblea Legislativa.
Mientras termina el armado de las comisiones tanto en el Senado como en Diputados, desde la Casa Rosada hicieron saber a las autoridades del Congreso —particularmente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem— que mañana, viernes 20 de marzo, sería la fecha para que lleguen los proyectos al Palacio Legislativo.
La duda que persiste es si el Ejecutivo va a enviar de a uno o un paquete de proyectos de ley con el fin de copar el debate y no dejar espacio para que la oposición juegue los propios.
Según anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni —que hoy se encuentra en el ojo de la tormenta por la relación entre sus gastos y sus ingresos—, el comienzo será por un proyecto de ley de “modificación del Código Penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas” y por un paquete de leyes sobre “la propiedad privada”. En esto se encuentra: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio-urbana.
“En medio de esto, otros dos proyectos que están ingresados a espera del debate son la ley de glaciares, que tiene fijada una audiencia pública para el 25 y 26 de marzo en donde ya hay más de 60.000 inscriptos”; junto a las leyes que proponen una modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal. Estas últimas dos son leyes que aprobó el Congreso durante 2025 en cuatro oportunidades —una vez en cada cámara y, luego del veto presidencial, fueron ratificadas por ambas cámaras— y que el Ejecutivo viene incumpliendo.
En el caso de la modificación del Código Penal, había sido anunciada para ser tratada en extraordinarias, pero finalmente fue dejada para el período de ordinarias. Aunque se espera el texto para poder establecer el detalle de la misma, trascendió que busca incrementar las penas y sumar nuevas figuras delictivas o caracterizaciones de los mismos, como por ejemplo la “imprescriptibilidad de los delitos de corrupción”, con un tratamiento similar a los de lesa humanidad.
En lo que se refiere a la propiedad privada, el proyecto endurecería las penas para la toma de tierras, modificaría la ley de expropiaciones y la ley de fuegos. En este último caso, se modificarían los presupuestos mínimos de protección ambiental contra incendios forestales y rurales, pero principalmente se eliminaría la prohibición de cambiar el uso de tierras incendiadas durante 30 a 60 años para evitar incendios intencionados y desarrollos inmobiliarios/agropecuarios.
“Establece que el presupuesto sólo se ajusta si se supera el 14,3% en el acumulado del IPC, y un fondo de sólo $80.000 millones para hospitales escuela”.
En el caso de la ley de financiamiento universitario, el oficialismo propone cambiar el modo en que se ajustan los presupuestos y se discuten los salarios de los docentes y no docentes. El nuevo proyecto propone una recomposición salarial del 12,3% en tres tramos (marzo, julio, septiembre), es decir, que no cubre la pérdida salarial ni ajusta trimestralmente por inflación como la norma aprobada.
En el caso de la ley de discapacidad, el Gobierno no dio detalles, pero aseguró que la modificación busca que compatibilice con el equilibrio fiscal, lo que para los sectores que esperan que se aplique la norma que fue aprobada por el Congreso significa que se llevará adelante un nuevo ajuste en el costo de las prestaciones.