Desde la medianoche, el funcionamiento del transporte público sufrirá se encuentra interrumpido, luego de que el líder de la UTA, Roberto Fernández, y el titular de La Fraternidad, Omar Maturano, ratificaran ante Infobae la decisión de avanzar con el paro nacional. La medida, que afectará a trenes y colectivos en todo el país -entre otros servicios y transportes públicos-, se produce en respuesta a la reforma laboral propuesta por el Gobierno y en sintonía con la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT). La determinación gremial se sostiene incluso tras la advertencia oficial que buscó frenar la huelga mediante la amenaza de retirar la personería jurídica a ambos sindicatos.
La tarde de ayer estuvo marcada por la escalada de tensión entre el Poder Ejecutivo y los principales gremios del transporte. Desde Casa Rosada se emitió una intimación formal dirigida tanto a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) como a La Fraternidad, en la que se instó a “abstenerse de realizar cualquier medida de fuerza que implique la suspensión del servicio”.
El documento oficial, según pudo saber este medio, advirtió que el incumplimiento podría derivar, en última instancia, en la pérdida de la personería gremial, un instrumento clave para el funcionamiento y la representación legal de las entidades sindicales.
Fernández, al frente de la UTA, y Maturano (La Fraternidad), confirmaron que la decisión de sumarse al paro se mantiene firme. “Este es un paro decretado por la CGT y estamos protegidos legalmente”, aseguraron. En ambos casos, coincidieron en que los conflictos salariales que dieron origen a la conciliación obligatoria no tienen nada que ver con una medida dispuesta por la CGT, que se realizará en rechazo de la reforma labora.
La amenaza de duras sanciones por parte del Gobierno representa un hecho excepcional en la historia reciente del país. Hasta el momento, los sindicatos de transporte habían sorteado las advertencias oficiales a través del diálogo o la negociación directa, pero en esta oportunidad la presión no logró frenar la medida. La decisión de continuar con la huelga fue confirmada a última hora de la tarde de ayer a Infobae por los dos líderes gremiales.
La medida de fuerza se produce en el marco de un clima sindical convulsionado. La CGT, que hizo la convocatoria, había oficializado el paro general para hoy en rechazo a la reforma laboral y en repudio a la política económica del Gobierno. Como parte del mismo comunicado, la central obrera vinculó el reciente cierre de la fábrica de neumáticos FATE a lo que describió como “el fracaso del plan económico oficial”. La adhesión de la UTA y La Fraternidad fue interpretada como un respaldo estratégico al plan de lucha definido por la CGT.
La suspensión de los servicios de trenes y colectivos tendrá impacto directo en millones de usuarios. Fuentes del sector estiman que más de 9 millones de personas utilizan diariamente estos medios de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires y las principales ciudades del interior. El cese de actividades se extenderá durante 24 horas y, según confirmaron los gremios, no habrá servicios mínimos ni guardias para casos excepcionales.
Desde el Gobierno, la reacción ante la ratificación del paro fue inmediata. Altos funcionarios hicieron circular la advertencia de que “no se permitirá la extorsión a través de medidas de fuerza ilegítimas”, y recordaron que la personería gremial “no es un derecho absoluto, sino una potestad del Estado”. La Secretaría de Trabajo reiteró que la intimación cuenta con fundamento legal y que se analizarán los pasos a seguir una vez que concluya la jornada de protesta.
La pulseada entre los sindicatos del transporte y el Ejecutivo suma un nuevo capítulo a un escenario de alta conflictividad laboral. Mientras tanto, la CGT mantiene en agenda la posibilidad de convocar a nuevas acciones si no se produce una revisión del proyecto de reforma. Por su parte, la UTA y La Fraternidad anticiparon que “no cederán ante presiones”, y que toda negociación deberá partir del respeto a la representatividad sindical y las condiciones laborales vigentes.