Tras casi dos décadas de uso y abuso de los Ejecutivos en relación con los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la oposición senatorial se prepara para modificar este jueves la ley que regula dicho mecanismo, impulsada en su momento por la entonces legisladora y hoy condenada Cristina Kirchner: las próximas 48 horas serán clave para el dictamen en cuestión, ya que aparecen sugerencias sobre potenciales restricciones y un giro de 180 grados que no sólo limitará al Gobierno actual, sino también a los futuros administradores del poder central.
“Está claro que varios presidentes se sobrepasaron con este tema y que el objetivo inicial del kirchnerismo siempre estuvo claro, en el sentido de que nunca fuese rechazado un DNU. Ahora, si sale la ley, pasaríamos de un sistema muy benévolo a uno híper encorsetado. No se entiende desde lo político, si uno mira el Congreso actual y el de los próximos años, que no tendría mayorías claras en ambas Cámaras. Es decir, el objetivo es exprés y en contra de Javier Milei, pero también complicaría demasiado ante un eventual cambio de gestión”, deslizaron desde un despacho de peso a Infobae.
Para tener una idea de lo que implica todo esto, los DNU pasarían a tener un plazo de 90 días para ser aprobados sin excepción por Diputados y el Senado. En la actualidad, si ambas Cámaras no lo rechazan -sin registro de tiempo-, los mismos siguen en curso. Además, el despacho incorpora que, ante la votación negativa de un solo Cuerpo, también caerían. El peor escenario para la Casa Rosada. De yapa: cada decreto deberá referirse a un área en particular, con el fin de evitar una ensalada de temas en un solo texto.
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“La ley 26.122 ha resultado en la práctica una dificultad para el rol de control que la Constitución asigna al Congreso, en particular con el sistema previsto en su artículo 1°, violentando así las ideas de división de poderes, sistema republicano y control que lo inspiraron”, fundamentaron senadores del PRO, el kirchnerismo, la UCR y el peronismo disidente que firmaron el dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales, que lidera la cordobesa Alejandra Vigo. Estos espacios comandaron el país desde la crisis de 2001 y hasta el 10 de diciembre de 2023.
Por otra parte, los legisladores opinaron que “la fórmula erróneamente adoptada por la Ley 26.122 consagra la aprobación tácita o ficta de los decretos de necesidad y urgencia por la mera inacción del Congreso”. En esa línea, detallaron: “La experiencia parlamentaria nos enseña que es más fácil dilatar el pronunciamiento de las Cámaras que obtener una sanción expresa sobre un tema determinado”. Este punto es uno de los más sólidos a la hora de observar el tema.
Otro argumento utilizado: “No resulta conveniente, por otra parte, que el mero silencio de las Cámaras implique una vigencia sin límite de la norma, la que además podría generar una numerosa cantidad de reclamos judiciales, con sentencias contradictorias que pueden terminar generando una conflictividad aún mayor”.
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Previo a última sesión que dejó abollado al oficialismo en la Cámara alta, un sector quiso empujar esto sobre tablas. Gracias a una intervención racional se evitó el desmadre, aunque la oposición se muestra proclive a avanzar pasado mañana. Una eventual aprobación de la ley luego pasará a Diputados y, ante una sanción, el Ejecutivo vetará. Después, habrá que insistir en ambas Cámaras con dos tercios. Todo esto debería ocurrir antes del 10 de diciembre, cuando será el recambio legislativo post elecciones.
“De mínima, yo pondría un plazo mayor. Imaginemos un flamante gobierno que arranca y emite un puñado de DNU. Te obliga a abrir el Congreso todo el verano para validar por Diputados y el Senado. Si no tiene las mayorías en una Cámara, se te caen algunos o todos. ¿Cómo seguís después de eso? Quedan dos días para reflexionar", deslizaron desde el oficialismo a este medio.