La causa de los Seguros entró nuevamente en etapa de definiciones. El expediente que tiene como principales imputados al ex presidente Alberto Fernández y su amigo Héctor Martínez Sosa arrojará novedades en las próximas semanas. Fuentes judiciales consultadas por Infobae confirmaron que están elaborando la resolución para definir la situación procesal de todos lo imputados, esto es, si son procesados o sobreseídos. La definición se daría antes de la feria judicial.
“Tenemos todos los recursos enfocados a eso, pero es una causa compleja, con muchas aristas para abordar y mucha prueba que analizar”, dijo una fuente con acceso al expediente.
La causa de los Seguros cambió de juez a comienzos de febrero, cuando se venció la subrogancia de Julián Ercolini, en el juzgado federal 11. Ocurrió en un momento clave de la investigación porque ya se habían terminado las indagatorias y el juez se disponía a decidir si procesaba o sobreseía a todos los imputados.
Desde entonces, Casanello decidió revisar toda la documentación, solicitar nuevas pruebas, y darle su impronta a la causa. Además, profundizó otras líneas de investigación.
Uno de los apuntados fue Daniel “El Gordo” Rodríguez, una de las personas de máxima confianza de Alberto Fernández que administró la quinta de Olivos entre 2019 y 2023. En abril, el magistrado levantó el secreto fiscal de ese ex policía y le pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que elabore un amplio informe sobre su patrimonio desde 2015. Eso incluye un listado de bienes inmuebles, vehículos, cajas de seguridad, fiscalizaciones, y cualquier otro dato relevante que figure en las bases de ese organismo.
Rodríguez conoció al ex presidente cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Retirado de la Policía Federal, por la rama de Bomberos, formó parte de su custodia durante varios años. Luego pasó a encargarse de sus cuestiones personales, una suerte de cadete todo terreno.
“El Gordo” vivía en la quinta presidencial, pero utilizaba una casa, en la calle Maestra Elizarraga al 2600, a metros del shopping Unicenter, donde tenía mayor privacidad. Esa vivienda fue allanada por el juez Ercolini a mediados del año pasado y se descubrió que estaba a nombre del broker Martínez Sosa.
Otra prueba fundamental para la causa fue un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y presentado a mediados de mayo. Ese documento, de 662 páginas, analizó la facturación de Alberto Fernández mientras estuvo al margen de la función pública. Los expertos de la PROCELAC revelaron que el ex presidente le facturó a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales entre 2010 y 2019.
La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de su asunción. En total, Fernández le facturó a la empresa de su amigo “Hecky” un total de $4.257.000, tomando en cuenta los valores de esa época.
¿Por qué le facturaba? Los abogados de ambas partes aseguran que Martínez Sosa recibía un informe que elaboraba Fernández de la coyuntura política y económica. No era el único cliente del ex prsidente. En esos listados aparecen varias empresas y hasta dos sindicatos.
Cuando estalló el escándalo, Fernández y Martínez Sosa hablaron públicamente de una “amistad de muchos años”. En su indagatoria ante Ercolini, el broker habló de esa amistad y del llamativo préstamo que le hizo en 2008 y que nunca se canceló. Pero omitió hablar del vínculo comercial.
El informe de la PROCELAC disparó otras medidas de prueba. Aunque la causa entró en etapa de definiciones, hace una semana Casanello ordenó levantar el secreto fiscal de los supuestos clientes de las cooperativas “7 de mayo” e “Irigoin”, utilizadas para desviar millones de pesos con propiedades, autos de lujo, y hasta plateas en el estadio de River Plate.
El dinero provenía del negocio de los seguros. Ante un requerimiento de la Justicia, la empresa San Cristóbal Seguros, una de las cuatro coaseguradoras en la póliza de la ANSES, reveló al comienzo de la investigación que hacía transferencias millonarias a 7 de mayo sin justificación.
El informe de la PROCELAC ahora confirmó que esa empresa de seguros depositó $238.486.095,69 en las cuentas de la cooperativa entre 2022 y 2024. A cambio, 7 de mayo emitió 48 facturas para intentar “justificar” el dinero.
Los investigadores sospechan que se trataban de coimas.
La PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco, también reveló que la cooperativa 7 de mayo pagó $12.072.240 al club River por el uso exclusivo de cuatro plateas y una cochera durante cinco años. La entidad de Nuñez informó que Federico Reyes, en su carácter de apoderado de la cooperativa, fue la persona que se contactó para adquirir las plateas.
Hace tiempo está probado en el expediente judicial el vínculo entre esa cooperativa y dos ex funcionarios de Nación Seguros: Alfredo Del Corro, que revestía como gerente general, y Marcos Eufemio, ex gerente de compras. Ambos tuvieron que renunciar en medio del escándalo.
Al margen de los eventuales procesamientos, los empresarios investigados en la causa Seguros están obsesionados con la inhibición general de bienes que dispuso Casanello a mediados de abril. Desde entonces, no pueden vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tienen accesos a sus cajas de seguridad. Varias defensas apelaron y esperan hace semanas una definición de la Cámara Federal que nunca llegó. Esa demora agitó los rumores sobre la cercanía de los procesamientos. “Si están procesados, las medidas cautelares se pueden justificar de otra manera”, explicó uno de los defensores.