Aunque el Gobierno tiene la decisión tomada de prohibirle a los presos cambiar de género, en La Libertad Avanza hay dudas sobre cómo implementar la medida. ¿Decreto, ley o resolución? La semana pasada el oficialismo había presentado un proyecto en el Congreso nacional, pero desde el Ministerio de Seguridad analizan dejar de lado esa carta y que sea Patricia Bullrich quien le ponga la firma a la nueva normativa.
La propuesta legislativa la elaboró el diputado libertario Álvaro Martínez, y espera ser girada a comisiones. Tiene como objetivo principal restringir este derecho para quienes estén imputados o condenados, pero la letra chica incluye un segundo fin: que tampoco puedan cambiar de género los menores de 18 años.
El primer ítem del proyecto apunta a modificar el artículo 4 de la Ley N° 26.743 de Identidad de Género, que hoy contiene tres requisitos para la rectificación registral del sexo. El texto sugiere sumarle un cuarto: “No estar condenado con sentencia firme hasta tanto cumpla la totalidad de la pena impuesta”.
Además, agrega a la redacción del artículo 7 de la ley sancionada en 2012: “En el caso de las personas imputadas en un proceso penal, la rectificación registral quedará supeditada al momento del dictado de la sentencia. En caso de condena firme, no se podrá proceder a su inscripción registral hasta tanto cumpla la totalidad de la pena impuesta”.
“Si vos en el medio del proceso penal, antes de ser condenado, decís que te autopercibís de otra manera te puede cambiar la carátula de la causa. Si te acusan de femicidio o violencia de género y decís que sos mujer no vas a tener la misma pena”, explicó sobre este punto el diputado Martínez, en diálogo con Infobae.
En su tercer artículo, el proyecto también pretende cambiar el Decreto Reglamentario N° 1007/2012, para sumar como requisito que el solicitante expida su Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.
Y, sobre el mismo decreto, agrega que las personas extranjeras residentes en la Argentina que hagan el trámite deben cumplir con la condición de “no estar condenados por un tribunal nacional o extranjero con sentencia firme hasta tanto cumpla la totalidad de la pena impuesta”.
Alejado de la problemática en las cárceles, el quinto punto del proyecto libertario pone el foco en la decisión de los menores trans y no binarios: propone derogar el artículo 5 de la ley de Identidad de Género, que hoy establece las condiciones para que quienes tengan menos de 18 años accedan a la rectificación de sexo.
“Con los especialistas que hemos hablado nos dicen que salvo algunos casos excepcionales, que podrían hacer el trámite por vía judicial, la madurez sexual aparece a los 18 años. Una decisión tan importante como es el cambio de género hay que tomarla con plena capacidad y conciencia de lo que está haciendo”, planteó el autor del proyecto.
En el Ministerio de Seguridad no quieren depender de los tiempos y negociaciones del Congreso, ni atar el destino de la medida a un debate paralelo sobre los menores, que además descartan que no tendrá la misma aceptación que la prohibición en las cárceles.
Por eso avanzarían primero con una resolución o un decreto, a pesar de que estas herramientas puedan encontrar mayor resistencia -e incluso ser anuladas- en la Justicia. Así, estudiarán pulir el proyecto de ley para dar la discusión en el Congreso más adelante.
La población trans en las cárceles
Los últimos datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) evidencian que los presos y presas trans o no binarios son un grupo reducido. A nivel federal representan el 0,3% de la población carcelaria. Los índices son similares en los Servicios Penitenciarios provinciales de Buenos Aires (0,21%), Córdoba (0,2%) y Santa Fe (0,1%).
Los registros no tienen desagregado si el cambio de sexo ocurrió antes o durante el encierro, aunque fuentes oficiales aseguraron que los casos que inician el trámite mientras purgan su condena son muy escasos, prácticamente aislados. Por eso, desde el Gobierno los atribuyen a una estrategia de los convictos “ya sea para aprovecharse de las reclusas o para continuar con sus negociados desde condiciones más laxas”, como indicó el presidente Javier Milei en su discurso del martes.