Tras una semana enmarcada por la escalada del conflicto entre el Gobierno y el sector aeronáutico, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a las negociaciones que las autoridades están entablando con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas por el futuro de la empresa y ratificó que, si no aceptan su privatización, están decididos a cerrarla.
El funcionario lo aseguró este sábado en diálogo con Radio Mitre, donde también dio detalles de la reunión realizada en las últimas horas con los representantes de la compañía aérea, un encuentro que calificó como “positivo”. No obstante, remarcó que, desde la administración libertaria, dejaron fijada su posición con claridad y advirtieron que “de ninguna manera la situación va a continuar como estaba”.
En detalle, el ministro agregó: “Se planteó la necesidad de cambiar los convenios colectivos con todos los beneficios que tienen en Aerolíneas Argentinas. Yo creo que hay un avance, hay que ver ahora la reunión definitiva”, dijo en espera de una respuesta de los empleados de Aerolíneas.
A continuación, subrayó la intención del Ejecutivo: “El gobierno está dispuesto a avanzar con las propuestas que ya hizo: la privatización o, si los empleados quieren, le entregamos la compañía a los trabajadores y que lo resuelvan. En caso contrario, vamos a ir a la privatización. Si el Congreso no hace la privatización, el Presidente ha sido muy preciso también en esto: vamos a terminar con la compañía, con Aerolíneas Argentinas”.
Francos alegó que las autoridades no ven aceptable que la mayoría de los argentinos que no usan el servicio de la compañía estén subsidiando a una pequeña parte de la población que sí la utiliza. En números, dijo que se trata de solo un 2% que viaja en sus vuelos.
“Estamos convenidos que no es razonable subsidiar 700 millones de dólares como el año último a una compañía para que haga su trabajo, que es volar, cobrar sus pasajes y avanzar con esos ingresos”, remarcó.
En las últimas horas, el Gobierno les exigió a los gremios del sector que presenten un programa para que la compañía funcione sin conflictos o de lo contrario, el Poder Ejecutivo pedirá que entre en un Plan Preventivo de Crisis, que derivará en su cierre definitivo.
Esas reuniones se llevaron a cabo el viernes, pero todo terminó en una tregua temporaria hasta el lunes, ya que no hubo resolución y seguirán negociando. Aquí están involucrados la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).
Por ahora, la tregua instalada entre Aerolíneas Argentinas y 3 sindicatos del ala dura puede ser apenas un espejismo o el principio del acuerdo. Ninguna de las partes está segura del resultado de las negociaciones reanudadas el viernes, pero las declaraciones de dirigentes de pilotos y de aeronavegantes, calificando los encuentros con la empresa como “positivos”, más la decisión de no seguir con las protestas mientras se sigan las tratativas, aportaron algo de paz en un escenario con clima de guerra.
Los sindicatos llevaron sus propias propuestas en ese sentido para mejorar la productividad, pero al Gobierno le interesa cambiar las cláusulas de los convenios que garantizan los remises para que pilotos y tripulantes de cabina se trasladen desde sus casas a los aeropuertos, y viceversa, un servicio que, según el oficialismo, le cuesta $1000 millones por mes al Estado. Y, en el caso de los pilotos, se busca que resignen los pasajes en clase ejecutiva para ellos y sus familias, que representan alrededor de $20.000 millones al año. Los funcionarios, de todas formas, se comprometieron a analizar las propuestas sindicales para dar este lunes una respuesta. Si conforman a Milei, avanzarán en su instrumentación. En caso contrario, se acelerará la definición sobre el futuro de Aerolíneas.
En el Congreso hay un proyecto para privatizar la empresa, que fue elaborado por el diputado del PRO Hernán Lombardi y que ya tiene dictamen, pero que no cuenta con el respaldo suficiente en el recinto como para ser aprobado.
En el oficialismo señalan que, además de la discusión por el Presupuesto, las autoridades nacionales están concentradas en que no avance la iniciativa para modificar a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia, lo que complicaría al Presidente, que suele recurrir a esta herramienta para no demorar con determinadas reformas.