La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros presentó una denuncia judicial para frenar el pago del Impuesto a las Ganancias por considerarlo “inconstitucional e inaplicable” ya que, argumentó, atenta contra el derecho a una remuneración justa y los convenios colectivos de trabajo.
El sindicato que lidera Hugo Moyano se sumó así a otras organizaciones, como la Asociación Bancaria, que pidió una medida cautelar contra el llamado “impuesto al salario”, que el gobierno de Javier Milei restituyó mediante la Ley 27.743, luego de que fue eliminado en la gestión de Alberto Fernández.
Además de los bancarios, protestan contra el regreso de Ganancias sindicatos como Petroleros, Judiciales, Seguro, Sanidad, Aeronáuticos, Dragado y Balizamiento y Marítimos, entre otros, con una estrategia coordinada que es avanzar con la presentaciones colectivas y luego con las individuales por parte de los trabajadores que se sientan perjudicados en sus salarios por el pago del gravamen.
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Según la nueva ley, desde julio pagarán nuevamente el impuesto aquellos trabajadores que perciben un salario bruto de 1,8 millones de pesos si son solteros y de 2,2 millones de pesos si son casados y con hijos, que representan unos 800.000 en total. Anteriormente, el mínimo no imponible era de 15 salarios mínimos, equivalentes a 2.340.000 pesos hasta junio y 3.500.000 pesos desde julio.
La CGT decidió no hacer una presentación judicial contra Ganancias para evitar su eventual rechazo y prefirió que ese recurso fuera impulsado por cada sindicato. Incluso le pidió hace dos demandas al secretario de Trabajo, Julio Cordero, que se actualizara el piso a partir del cual se paga el tributo, pero el Gobierno finalmente reglamentó la ley sin tocar ese monto que pedían los sindicalistas.
Sin embargo, el mínimo no imponible se actualizará en septiembre, de manera trimestral, y después se hará semestralmente en función del aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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El malestar sindical fue incrementándose porque el decreto reglamentario exceptúa del pago de Ganancias al personal del sector petrolero y a los empleados de Tierra del Fuego, que siguen amparados por la Ley 19.640 que fija el Régimen de Promoción Económica y Fiscal. Por eso hubo muchas críticas porque se considera discriminatorio hacia otros trabajadores e incluso ilegal porque un decreto no puede dar más beneficios que una ley.
En un plenario con sindicatos kirchneristas, Pablo Moyano, cotitular de la CGT, calificó a Ganancias como “un impuesto regresivo por el que se pierde el 30% de los salarios” y consideró que hay una “contradicción” por parte del Gobierno porque “los gremios de transporte fuimos esenciales durante la pandemia y hoy nos vuelven a castigar sacándonos parte del salario”.
Anticipó allí que la presentación judicial “la van a armar los abogados de cada espacio” y que “el día de la presentación va a haber una gran movilización a Tribunales para que los jueces entiendan que el salario no es ganancia”. Esa protesta tendrá lugar seguramente en los próximos 15 días.
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Por su parte, Sergio Palazzo, líder del gremio bancario, fue uno de los primeros que hizo una presentación ante la Justicia para impugnar el Impuesto a las Ganancias porque afecta al 95% de los trabajadores de la actividad: “Es confiscatorio y es una rebaja salarial encubierta”, afirmó.
“Imagínese una persona que, como tantas otras en la Argentina, se separa y tiene que pagar una cuota alimentaria y de (salario) neto le quedó 1.200.000 pesos. Tiene que pagar una cuota alimentaria de 300.000 o 400.000 pesos, con lo cual pagara impuestos sobre 800.000, esto es menos de la canasta para no ser pobre. Es una cosa absolutamente ilógica, es alimentario el salario”, sostuvo.