Embarcado en una negociación a varios frentes para lograr que la planta de licuefacción que YPF y Petronas pretender instalar en el país se emplace en el puerto de Bahía Blanca y no en Punta Colorada, en Río Negro, Axel Kicillof ofrece otros beneficios impositivos a los que propone el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) nacional.
El texto, que ya está escrito, pero que aún no fue enviado a la Legislatura, incluye ciertos beneficios y estabilidad tributaria en la masa impositiva propia de la provincia de Buenos Aires. Se trata de Ingresos Brutos, Impuesto al Sello, Inmobiliario en todas sus modalidades e Impuesto automotor.
Durante el 2023, Buenos Aires recaudó en total en materia impositiva $3.040.410.000.000. De ese total, $2.973.346.000.000 corresponde a recaudación sin planes de pago. La mayor parte de la recaudación está representada por Ingresos Brutos: $2.424.197.000.000.
Con ese componente, el gobierno bonaerense intenta buscar una ventaja en la negociación. A ese incentivo se le suma la posibilidad de que Buenos Aires termine adhiriendo al RIGI nacional o al menos dé lugar en su proyecto a una mención en ese sentido, que es lo que viene pidiendo la oposición bonaerense.
Esta es una condición excluyente dispuesta por YPF para elegir dónde llevar adelante el megaproyecto, que implica una inversión de 30 a 50 mil millones de dólares en el mediano y largo plazo. Será una cuestión política en la que no se descarta que la administración de Kicillof termine cediendo.
Río Negro ya tiene suplida esa cuestión. El gobernador Alberto Weretilneck envió a su Legislatura un proyecto de ley para que la provincia que gobierna adhiera explícitamente al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones incluido en la Ley Bases. En menos de 48 horas obtuvo la adhesión. La jugada fue respaldada por el propio presidente Javier Milei que, además, dio a entender que la planta en cuestión se instalará en Río Negro.
En los últimos días, el gobernador de Río Negro también sumó el respaldo de sus pares patagónicos, Rolo Figueroa (Neuquén), Nacho Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quiénes esgrimieron que el valor agregado y la exportación de lo producido en la vasta región patagónica debe darse en la misma Patagonia.
En Buenos Aires se apoyan sobre cuestiones técnicas y de factibilidad que ofrece el puerto de Ingeniero White. Pese a ello, se tuvo que activar una señal política. En un principio, el Ejecutivo bonaerense anunció que enviaría un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense. “A través de este régimen, los proyectos que sean aprobados van a tener estabilidad tributaria similar al régimen nacional”, decía Kicillof. Incluirá, también, celeridad en cuestiones ambientales que son de competencia provincial.
En La Plata repiten que el proyecto propio llega para “complementar” al RIGI nacional. También hubo un giro discursivo en los últimos días. De rechazar el RIGI y la Ley Bases en lo que fue la discusión en el Congreso, ahora la administración bonaerense plantea que el régimen en cuestión “ya está vigente en la provincia de Buenos Aires”. Bajo este argumento también se indicaba que no era necesario una adhesión explícita como la hecha por Río Negro y que la iniciativa de Weretilneck era una formalidad.
En las últimas horas, negociadores políticos del Ejecutivo admitían que -en el marco de un acuerdo con la oposición- no habría mayores inconvenientes en incluir dentro del proyecto provincial de régimen de inversiones un artículo que implique una adhesión al RIGI nacional. La oposición bonaerense aceptaría esa instancia, pero hará hincapié en todo lo que se tardó para llegar a ese entendimiento.
Solo en la Cámara de Diputados se presentaron tres proyectos para que Buenos Aires adhiera al RIGI nacional. Uno de Agustín Forchieri del PRO, otro de Agustín Romo de La Libertad Avanza y un proyecto del diputado Guillermo Castello, del bloque Libre. En la última sesión, quisieron poner alguna de las iniciativas a consideración sin mayores éxitos.
También hay un proyecto presentado a la par del anuncio de Kicillof en el Senado bonaerense para implementar un RIGI bonaerense. Es una iniciativa en conjunto entre los legisladores Marcelo Daletto (UCR-Cambio Federal) y Carlos Kikuchi (La Libertad Avanza). Este proyecto propone que sea “aplicación a todas las actividades que se desarrollen en el territorio provincial que impliquen un valor agregado en la actividad económica”, para proyectos de inversión superior a USD 10 millones y que involucre “la creación sostenida de empleo directo asociado a la inversión en los primeros diez (10) años de desarrollo siendo el mínimo requerido el de cien (100) puestos de trabajo”.
Además, como todo régimen de inversión, también otorga eximición impositiva al 100% en impuesto inmobiliario rural y urbano durante los primeros 15 años y un 50% desde los 16 a los 30 años. Misma ecuación corre para el impuesto automotor y para el impuesto al sello.
Pese a la concesión impositiva, el texto que enviará Kicillof a la Legislatura también plantea “contraprestaciones” que implica que cada inversión -lo que en el RIGI se plantea como Vehículo de Proyecto Único (VPU)- garanticen la generación de puestos de trabajo, el uso de mano de obra local, valor agregado y la vinculación con empresas locales de donde se vaya a instalar la inversión. Bajo ese paraguas, el gobierno provincial plantea que de esa forma se resguarda a la industria local por sobre las grandes empresas que se acoplen en esa iniciativa.