Qué nuevos cambios en la reforma laboral trata el Senado: sanciones contra los bloqueos y protección de la caja sindical

El nuevo borrador de la Ley Bases que se discute en las comisiones del Senado, consensuado entre el Gobierno y parte de la oposición, incluye la penalización de los bloqueos sindicales al considerarlos justa causa para los despidos y sigue protegiendo la caja sindical ya que no incorpora ningún artículo para eliminar las cuotas solidarias, como proponía el bloque de senadores nacionales de la UCR.

Otro de los cambios que impulsan los radicales, aceptados por el Gobierno, es la modificación del artículo 93, que crea la figura de “trabajador independiente” que puede tener a su cargo hasta otros 5 “trabajadores independientes” para llevar adelante un emprendimiento productivo: el oficialismo accedió a bajar de 5 a 3 los “trabajadores independientes” con tal de que avance la ley.

Hasta ahora, los senadores radicales querían incluir en el proyecto que aprobó Diputados la eliminación de las cuotas solidarias, el recurso para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo, algo que ni siquiera el Gobierno quería: originalmente sólo buscaba limitar las cuotas solidarias al exigir que podían cobrarse si existía un consentimiento explícito del trabajador y luego aceptó eliminarlo del proyecto a pedido de la CGT. Ahora, la bancada de la UCR desistió de su propuesta de prohibir las cuotas solidarias para favorecer la sanción de la Ley Bases, tal como pidió el Gobierno.

Esas son las novedades que existen hasta el momento en el dictamen que se está discutiendo en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales del Senado, como fruto de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición oficialista.

De todas formas, no puede considerarse el borrador definitivo, ya que los referentes de La Libertad Avanza aún no pueden garantizar las firmas necesarias para que sea aprobado, pese a que el designado jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo este lunes que ya había consenso para los dictámenes de la Ley Bases y del paquete fiscal. Lo aseguró tras haber participado de una reunión con la presidenta del Senado, Victoria Villarruel; funcionarios nacionales y senadores de la oposición.

Si se confirman esos cambios en la modernización laboral de la Ley Bases, la incógnita es si serán aprobados por la Cámara de Diputados cuando deban discutir la versión votada por el Senado.

En busca de consenso político para sancionar las leyes que quiere Javier Milei, el Gobierno finalmente aceptó la propuesta de Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, de reducir de 58 a 16 los artículos de la modernización laboral, sin los puntos bjetados por el sindicalismo. “Nada que afecte a la CGT”, fue la consigna de Pichetto y otros opositores dialoguistas.

Por eso el proyecto de Ley Bases sancionado el 30 de abril por la Cámara de Diputados fue celebrado en forma reservada por Hugo Moyano y todos los jefes sindicales: quedó a salvo la “caja sindical” porque se quitó del texto la limitación a las cuotas solidarias y se blindaron las protestas extorsivas ya que desaparecieron las sanciones contra los bloqueos a empresas.

Son algunos de los cambios que exigía la CGT y que el Gobierno aceptó, justificado en su necesidad de aprobar una ley que considera clave. La semana anterior al debate en Diputados, luego de que el último borrador incluía un capítulo laboral casi idéntico al DNU 70, frenado por la Justicia, los sindicalistas redoblaron sus contactos con el influyente asesor presidencial Santiago Caputo y con Pichetto, tras lo cual se concretó la marcha atrás del oficialismo en materia laboral.

Otros artículos retirados por el Gobierno de la Ley Bases por un pedido expreso de la CGT fueron la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales como la educación, cambios en el régimen del teletrabajo y la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas.

También sacaron de la propuesta del Poder Ejecutivo un artículo que amenazaba dos puntos clave de la Ley de Contrato de Trabajo: el principio de que en caso de duda se debe aplicar la norma más favorable al trabajador y la irrenunciabilidad, es decir, la habilitación a que los empleados renuncien de manera voluntaria a derechos adquiridos que surgen de leyes o convenios colectivos.

Los libertarios admiten que la última versión de la modernización laboral, aprobada por Diputados, “no es una reforma sino un paso mínimo que marca una tendencia”. Pero confían que, pese a la poda de su contenido, los artículos que sobrevivieron ayudarán a generar empleo. Lo mismo creen expertos en el mercado de trabajo: “Si aprueban la derogación de las multas por la falta de registro de los trabajadores, se resolvería el 80% de los problemas laborales del país”, señalan.