La oposición exigió que Fernando Espinoza dé un paso al costado por la denuncia de abuso sexual pero el peronismo lo defendió

La grave denuncia y posterior procesamiento por abuso sexual contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, empezó a tener impacto y consecuencias políticas. La acusación que hizo quien fue su secretaria privada generó una reacción inmediata por parte del gobernador Axel Kicillof, que se mostró en un acto oficial al día siguiente, un pedido de la oposición en el Concejo Deliberante para que dé un paso al costado, y una defensa cerrada del peronismo, por acción y también por omisión.

Se trata de un escándalo político que sacude al municipio más populoso de toda la provincia -con más de 1,8 millones de habitantes- y uno de los más desiguales, donde conviven vastos territorios donde falta todo y otras zonas de clase media y media alta. Es una intendencia donde gobierna el peronismo desde 1983 y es considerada por muchos en el PJ como su kilómetro cero.

Al acto que compartió el día después del procesamiento por abuso sexual contra su secretaria privada le siguió esta mañana una cerrada defensa de parte de Andrés “Cuervo” Larroque, uno de los ministros más cercanos a Kicillof. “Eso se inscribe en una operación política, sin duda. En el caso de Matanza tendrá que actuar la Justicia, pero se sabe que hay irregularidades. Entiendo que no hay elementos nuevos que ameriten el pedido que hizo la funcionaria judicial”, aseguró el dirigente, que bastonea las batallas políticas que enfrenta Kicillof hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro del kirchnerismo.

Para Larroque se tratan -tanto La Matanza como San Martín- de “distritos que se ven en el universo cercano al gobernador y cuando no pueden entrar por un lado, lo intentan por otro”.

Esa defensa política del peronismo y los cuestionamientos a la denuncia generaron una fuerte reacción social y también la presentación de un proyecto en el Concejo Deliberante de Juntos por el Cambio para que dé un paso al costado, con suspensión de las funciones hasta que haya una definición. El dirigente y ex candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Lalo Creus, que impulsó esta ofensiva, afirmó: “Nuestros concejales ponen en letra lo que muchísimos matanceros esperan. Exigimos que Espinoza deje su cargo y que la Justicia vaya a fondo”, manifestó.

El proyecto fue firmado por los concejales Cecilia Zacarías, Mirta Ferreira y Javier Ferreyra, de JxC, que tiene seis representantes en total. En el órgano deliberativo comunal, el peronismo es mayoría, porque tiene 13 bancas sobre 24. Las otras once, además del principal bloque opositor, figuran tres representantes de La Libertad Avanza y dos del Frente de Izquierda.

La clave, de todos modos, está en el bloque del peronismo, ya que Espinoza convive con una interna al rojo vivo. Tan densa que en las últimas elecciones hubo interna con Patricia Cubría, esposa de Emilio Pérsico, piquetero y socio político del ex presidente Alberto Fernández. Además, tiene representantes del ámbito sindical y de La Cámpora, con quienes mantiene una relación política a veces oscilante.

De los trece concejales, Micaela Durigan, Ana Bordón, Melany Kergarabat y Gabriel Aranda responden a otras terminales. Por este equilibrio de poder, si la oposición cierra filas y el peronismo tiene alguna “fuga”, el proyecto podría tener alguna chance de prosperar. “No va a pasar. Ni La Cámpora ni los gremios ni el Movimiento Evita lo van a entregar a Espinoza”, confió uno de los dirigentes que trabaja políticamente en La Matanza y tiene diálogo con oficialistas y opositores.

Lo cierto es que no sólo en el Concejo Deliberante hubo una reacción política. La causa que investiga a Espinoza, por presunto abuso sexual se metió este martes en la sesión de la Cámara de Diputados cuando dirigentes del PRO pidieron que se vote un repudio por el caso, luego de que se conociera el procesamiento. Desde el bloque de Unión por la Patria advirtieron que no existía un expediente para someter el tema a votación y denunciaron que el pedido es “una paparruchada”.

El pedido de repudio lo hizo la diputada del PRO Silvia Lospennato, quien expresó una extrema “preocupación” y consideró “intolerable el silencio de los que defienden las políticas de género. No hay que hacer silencio”. “Pedimos que se investigue con celeridad y también nos gustaría que la Legislatura bonaerense tuviera una decisión ejemplar pidiendo - como mínimo- la licencia del intendente procesado”, agregó una de las referentes políticas de más alto perfil del movimiento que se identificaba con los pañuelos verdes.

En cambio, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Legislatura bonaerense el tema brilló por su ausencia. Ninguno de los bloques con representación parlamentario presentó proyecto alguno sobre la escandalosa acusación contra el intendente. Se trata del jefe comunal de más poder y que tiene una relación personal y política con Verónica Magario, ex intendenta de ese municipio, actual vicegobernadora y, por lo tanto, titular del Senado local. Por ahora lo que domina es el silencio.

La causa

Una jueza procesó por abuso sexual y desobediencia al intendente Espinoza, a raíz de una denuncia que había radicado en su contra una joven, novia de un empresario amigo, que trabajaba bajo sus órdenes como secretaria privada en el municipio. La magistrada no ordenó la detención del jefe comunal pero mantuvo la prohibición de contacto con la víctima y dispuso un embargo de $1.500.000, según se desprende del fallo al que accedió Infobae.

La denuncia, que se radicó hace tres años, estuvo a punto de cerrarse por pedido de la fiscalía porque la víctima se había ido del país y no había impulsado la acción. Pero tras idas y vueltas la jueza María Fabiana Galletti ordenó el procesamiento del jefe comunal del peronismo por “abuso sexual simple” y “desobediencia”, por haber intentando acercarse a la joven después de que radicara la denuncia y pesara una orden de restricción.