Javier Milei se enfrenta al sistema universitario: cómo funciona actualmente y cuáles son los pocos países en los que las carreras son gratuitas

Actualmente, según datos oficiales, en la Argentina existen un total de 62 universidades y cinco institutos universitarios públicos que son autárquicos y prestan servicios en diferentes regiones del país a través de distintas carreras a las cuales se puede acceder de manera gratuita.

De acuerdo con la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, el Estado nacional, provincial o de la ciudad de Buenos Aires, según corresponda, son los responsables “de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades” que funcionan bajo sus órbitas, como así también tienen la obligación de controlar a los establecimientos de gestión privada.

Incluso, el artículo 2 bis de esa normativa estableció que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.

En el marco de la política de ajuste del gobierno de Javier Milei, en el último tiempo desde el oficialismo se puso el foco en la calidad del sistema y en los recursos que se destinan a mantener estos centros de formación, que se encargan de sus propias auditorías.

Desde el 28 de noviembre de 2022, a partir de un Dictamen de la Procuración del Tesoro, encabezada en ese momento por Carlos Zannini y basado en el expediente IF-2022-128362119-APN-PTN, se determinó que los controles de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) “no resultan aplicables a las universidades nacionales”.

De esta manera, se remarcó que la función de auditoría interna es exclusiva de cada institución que, en algunos casos, rinden cuentas a la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo autónomo que asiste al Congreso para la revisión de las acciones del Gobierno y que suele estar en manos de la oposición.

En este contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le reclamó al Ministerio de Capital Humano, que lidera Sandra Pettovello, una actualización de los fondos que reciben las casas de altos estudios para hacer frente a sus gastos.

Puntualmente, los directivos de las universidades públicas del país aseguran que, como el Gobierno entregó los mismos montos del presupuesto que en el 2023, el financiamiento se había reducido en términos reales, por efecto de la inflación

Luego de varias medidas de protestas por parte de docentes y centros de estudiantes, que incluyeron clases en la vía pública, como forma de exponer una supuesta falta de recursos, el sector convocó por redes sociales a una manifestación para el próximo martes.

Según anticiparon a Infobae fuentes cercanas a Milei, al Gobierno “no le preocupan” las posibles repercusiones de esa movilización y, además, se advirtió que se va a aplicar un protocolo de seguridad especial para garantizar la libre circulación del tránsito durante el día.

Tal como publicó este medio, la semana pasada el asesor presidencial Santiago Caputo se comunicó con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, a quien conoce desde hace varios años, para tratar de llegar a un acuerdo y desactivar la marcha, pero las negociaciones no dieron sus frutos.

La cartera que conduce Pettovello comunicó que las asignaciones que envía el tesoro se incrementaron un 70% en el mes de marzo y habrá un aumento igual en el mes de mayo, lo que totaliza una recomposición del 140%, de acuerdo a los datos oficiales.

Por su parte, durante una entrevista televisiva, Yacobitti sostuvo que la propuesta de las autoridades nacionales “no resuelve nada” y señaló que, por ejemplo, el número de “los docentes y de los residentes, se redujo casi el 36%”.

El propio Milei se hizo eco del conflicto y, además de cuestionar la falta de control de los gastos de estos establecimientos, denunció un presunto “adoctrinamiento” sobre los alumnos: “La disonancia cognitiva que generó el lavado de cerebro en la educación pública es tremendo”, escribió en su cuenta de X.

Asimismo, el Presidente compartió en esta misma red social algunos videos grabados por estudiantes de distintos niveles, en los que se muestra a profesores y directivos haciendo campaña contra La Libertad Avanza durante el periodo de elecciones y debatiendo de política en las aulas.

De acuerdo con el Centro de Documentación Europea de Almería (CDE), en el Viejo Continente solamente 15 países ofrecen educación superior gratuita (Escocia, Finlandia, Austria, Alemania, Chipre, Malta, Grecia, Dinamarca, Islandia, Noruega, Polonia, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia y República Checa), aunque en algunos casos el alumno debe cumplir con ciertos requisitos.

“Hay quienes están a favor de la gratuidad, fundamentados en argumentos de índole política (la educación es un bien público, no excluyente y favorece la igualdad de oportunidades); y en contra, porque genera ineficiencias y favorece a los estratos sociales más aventajados, restando recursos que irían a parar a cubrir otras necesidades los estratos menos favorecidos”, explicó Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), al participar en el Foro “A setenta años de la gratuidad de la educación superior universitaria. Homenaje y enseñanzas”, convocado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) argentino.

El experto detalló en esa oportunidad que “son pocos los países de Europa donde los estudiantes no pagan nada en aranceles” e “incluso en las instituciones públicas, existe una tasa de matriculación o arancel que cubre, en la mayoría de casos, entre un 10 y un 80% del coste de una plaza”.

De hecho, según un estudio del IESALC, la abolición de la gratuidad ha sido más frecuente en los últimos años que su promulgación, aunque en algunos lugares, como Canadá y Chile, se avanzó con un sistema mixto, en el que solo se financia el 100% de la matrícula de determinados alumnos.