El cobro de la atención a los extranjeros que acuden a los hospitales públicos de Salta derivó en una notable caída de la concurrencia por parte de las personas que no tienen residencia en esa provincia del norte argentino. Según las cifras que confirmaron fuentes del Ministerio de Salud provincial a Infobae, las consultas bajaron de un promedio diario de 30 personas en los principales nosocomios, a menos de 10.
Esa reacción se observa de manera clara en los hospitales de Tartagal y Orán, dos localidades salteñas que limitan con Bolivia. Allí, el Gerente de hospitales de Orán, Fabián Valenzuela, confirmó que sólo durante marzo la concurrencia cayó estrepitosamente. El funcionario aclaró que depende de la época, pero de un promedio de atenciones diarias de entre 20 y 30, en marzo se atendieron sólo 6.
Este fenómeno se repite en los 52 hospitales públicos, de distintos niveles, con los que cuenta la provincia, según corroboraron desde el Ministerio de Salud local. Parte de la explicación puede hallarse en los montos que se conocieron de los valores que tienen las atenciones. Desde la cartera sanitaria de la provincia confirmaron a este medio, a modo de ejemplo, el costo de algunos módulos:
- $100.000 por día de internación
- $190.000 internación en salas intermedias
- $250.000 internación en terapias intensivas
- $245.000 por parto
- $250.000 por internación terapia neonatal
La decisión de exigir el pago de las atenciones a las personas que no residen en la provincia se oficializó el último día de febrero de 2024. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, explicó que se trata de una medida que apunta a recuperar entre el 5 y el 10% del presupuesto anual que el Estado provincial destina a la salud pública. “La medida procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño”, había argumentado el mandatario provincial.
La decisión se implementó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 129/2024. Allí se distinguen cuatro categorías de pacientes para establecer el criterio: residentes permanentes, temporarios, transitorios y precarios. En estas dos últimas clasificaciones entran las personas a las que el gobierno local les exige solventar las prestaciones.
El gobierno de Salta, además, esgrimió la necesidad de “proteger la sustentabilidad y funcionamiento adecuado del sistema de salud público”, y señaló que se organizaban “tours sanitarios” desde otros países.
La gestión local, no obstante, se encargó de aclarar que las urgencias no dejaron de ser atendidas y cualquier riesgo de vida sigue siendo una prioridad sin distinción del origen de las personas. “A quienes estén en tránsito se los va a atender, se les solucionará el problema y luego se verá a quién se le factura por los honorarios y gastos que ocasione el servicio”, dijo el ministro de Salud Pública, Federico Mangione.
El funcionario había advertido que el fenómeno era significativo para el Estado salteño. “No sólo vienen a consulta, sino que también a hacerse cirugías de alta complejidad, lo que implica la utilización de insumos y prótesis que son de muy alto costo”, agregó Mangione en aquella oportunidad, al defender la decisión adoptada por la gestión de Sáenz.
Las provincias limítrofes han venido planteando en la última década un esquema de reciprocidad que le exige a los Estados en los países limítrofes -esencialmente a Bolivia- un trato recíproco. El reclamo de los gobiernos provinciales se vio acentuado a partir de los múltiples casos de argentinos que sufrieron accidentes en ese país, a los que se les ha negado atención y en más de una oportunidad terminaron muriendo sin recibir atención.
En contraste, la atención en los hospitales públicos, sobre todo en zonas fronterizas, se aplicaba, hasta febrero, sin distinción.
En ese marco, tanto Jujuy como Salta han firmado convenios de reciprocidad con Bolivia. Sin embargo, el cumplimiento ha sido dispar.
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