Capital Humano cerró 59 centros que dependían de Desarrollo Social y despedirá a 600 empleados públicos

El gobierno de Javier Milei, a través del el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, cerrará 59 Centros de Referencia (CDR) que, según se difundió a través de un comunicado, “funcionan como cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado”. “De esta manera, se ahorrará 5.000 millones de pesos anuales”, explicaron.

Los Centros de Referencia eran “espacios locales de gestión ubicados en diferentes puntos de nuestro país para acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales”, tal se describe en la página web de la ex cartera de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo de la Torre. La misma página describe que los CDR están “integrados por equipos profesionales que trabajan articuladamente con gobiernos provinciales, municipales, organizaciones y movimientos sociales con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas coordinan diversas líneas de acción, planes y programas del Ministerio”.

A partir de su cierre, la administración de La Libertad Avanza aseguró: “Se despedirá a más de 600 empleados públicos que cobraban un total de 4.000 millones de pesos por año. El cierre de los 59 locales también implica un ahorro en el gasto de 88 millones de pesos anuales en alquiler. Se darán de baja 50 autos eliminando así un gasto de más de 20 millones de pesos por año. También se darán de baja 42 celulares”.

“Los Centros reciben muy pocas consultas por día, en la mayoría de los casos no resuelven el trámite y sólo derivan a la gente a otro organismo. Son la imagen más clara de la burocracia del Estado”, afirmaron en el Gobierno y marcan que este hecho forma parte de los lineamientos que Milei expuso el 1° de Mayo en el Congreso de la Nación. “Es parte de la batalla contra la casta”, recalcaron.

De ahora en más, los trámites que se realizaban en los 59 CDR “serán digitales para ahorrar gasto público, modernizar y ser más eficientes”. “También habrá una línea (0800-222-3294) donde quienes lo necesiten puedan comunicarse y realizar sus trámites en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia”, explicaron.

Infobae pudo saber que personal que depende del Ministerio de Capital Humano visitó recientemente un centro de más de 50 empleados registrados. “En plena jornada laboral, sólo estaban cubiertos menos de 20 puestos de trabajo”, describieron.

El Gobierno también eliminará en los próximos días unas 300 Unidades de Gestión que estaban a cargo de los movimientos sociales. A través de ellas, muchas cooperativas y los beneficiarios del Potenciar Trabajo desarrollaban sus labores de 20 horas semanales. Ese programa dependía de la Secretaría de Economía Social que conducía Emilio Pérsico, líder del Evita. A través de él, según explicaron a este medio, la administración de Alberto Fernández “tercerizaba” los planes.

A dirigentes de estas organizaciones el Presidente llamó “gerentes e intermediarios de la pobreza”. Las Unidades de Gestión eran las encargadas de controlar a que los beneficiarios del Potenciar Trabajo cumplan con la prestación. Lo hacían a través de planillas que se elevaban a la ex cartera de Desarrollo Social y, según las actuales autoridades “eran utilizadas para extorsionar a las personas para que asistan a manifestaciones y piquetes”. Si no lo hacían “forzaban su baja del programa.

El Gobierno decidió sustituir el Potenciar Trabajo con dos nuevos programas:

• “Volver al Trabajo”: se enfocará en el desarrollo de las competencias “sociolaborales de los beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral”.
• “Acompañamiento Social”: promoverá la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares, “apuntando a fortalecer su núcleo familiar y la comunidad en donde viven”.

Las dos decisiones conocidas en el día de hoy marca la iniciativa del Gobierno de atacar lo que cree que son cotos de punteros políticos, piqueteros y dirigentes sociales, a través de los cuales se desviaba parte de la ayuda social que debía llegar a los sectores más vulnerables. Por esa razón también le quitó la intermediación en la entrega de alimentos para sus comedores comunitarias y anunció licitaciones “transparentes” a través de la firma de convenios con Naciones Unidas.