Piqueteros volverán a marchar esta semana al Ministerio de Economía para reclamar por los comedores populares y rechazar el ajuste

Los movimiento sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilizarán el jueves al mediodía al ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, en contra de las modificaciones que el Poder Ejecutivo dispuso en la distribución al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que administraban los movimientos sociales a través de sus cooperativas de trabajo. El ajuste se aplicó disminuyendo el porcentaje que alimentaba ese fondo a través de la recaudación del impuesto PAIS -que se cobra en las operaciones de compra de moneda extranjera- del 9% a un porcentaje ínfimo, de apenas 0,3%.

Esos ingresos, que en el 2023 significaron unos seis mil millones de pesos, se vehiculizaron a través de organizaciones sociales como el Movimiento Evita, el MTE, la CCC o Somos/Barrios de Pie, entre otras. Eran utilizados para urbanizar los asentamientos -que en más de seis mil- están inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaTeP), y que estaba bajo la órbita de Fernanda Miño, ex secretaria de Integración Socio Urbana. Esa secretaría formaba parte del organigrama del ex ministerio de Desarrollo Social y que ahora pasó a la cartera de Economía. Miño es dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una organización social que se referencia en Juan Grabois, ex precandidato presidencial de Unión por la Patria.

La marcha del jueves estará encabezada por los responsables y trabajadores y trabajadoras de las cooperativas que desarrollan obras en los barrios populares. Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP adelantó que “le exigiremos al Gobierno la decisión de desfinanciar la política de barrios populares”.

El recorte del FISU, por parte de La Libertad Avanza, estaba en estudio desde que cayó la Ley Ómnibus en el parlamento. Sin embargo, un sector del Gobierno lo negaba.

Ayer, apenas se difundió el decreto, el equipo de sacerdotes de Villas y Barrios Populares, y Hogar de Cristo de la Argentina, se pronunció en contra de la medida.

El texto, que cuenta con la firma de más de 50 sacerdotes, se titula “No al recorte en políticas públicas en villas, asentamientos y barrios populares”. En uno de sus párrafos más destacados asegura que el recorte al FISU: “Es un golpe muy duro que beneficia a más de 5 millones de vecinos, entre los cuales la mayoría son menores. La intervención del Estado en los más de 5000 barrios populares de todo el país no puede decaer. Bajar el presupuesto del FISU sería volver para atrás. No podemos tolerar semejante retroceso que genera mayor exclusión y, por lo tanto, inseguridad y desintegración social. Prácticamente, es la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza”.

Entre otros, el comunicado está firmado por José María Di Paola, más conocido como Padre Pepe, un sacerdote allegado al Papa Francisco; Lorenzo de Vedia, Facundo Ribeiro, Gastón Colombres, Carlos Olivero y Nicolás Angellotti.

Para entender el alcance de la poda a ese fondo, hay que retrotraerse a la ley 27.541, que había destinado la transferencia del 30% de lo recaudado del tributo para financiar obras de vivienda social a través del FISU, obras de infraestructura económica y fomento al turismo.

Tal como informó este medio, el decreto 184/2020 dictado por Alberto Fernández definió prioridades y estableció girar el 30% al FISU, el 65% a obras de infraestructura económica y 5% al turismo.

Con los cambios dispuestos ayer por Javier Milei, sólo se girará un 1% al FISU y un 94% para obras de infraestructura económica. El fomento al turismo continuará con el mismo 5% del producido.

En términos matemáticos, esto significa que del 9% del total del producido por el Impuesto PAIS que percibían los movimientos sociales, ahora recibirán un porcentaje testimonial de apenas 0,3 por ciento.

El Fondo de Integración Socio Urbana fue creado por el Decreto 819/2019 al final del gobierno de Mauricio Macri. Su objetivo era financiar proyectos de integración socio urbana para los Barrios Populares que están inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y crear Lotes con servicios. No fue el único cambio que sufrió, antes había pasado del del Ministerio de Capital Humano (continuador de Desarrollo Social) al palacio de Hacienda.

En la última semana el FISU estuvo bajo la mira del Gobierno producto de una auditoría donde se investigó si había irregularidades en el manejo del dinero. Sin embargo, el propio Poder Ejecutivo aclaró que hasta ahora la auditoría “no encontró hechos de corrupción” al menos evidentes.

El vicario general de la archidiócesis de Buenos Aires, y obispo villero Monseñor Oscar Gustavo Carrara, también se mostró en contra de la decisión del Gobierno al advertir que “puede generar una catástrofe”.

“Yo creo que es una equivocación del Gobierno. Las equivocaciones uno puede corregirlas. Mi deseo es que se corrija, estamos a tiempo porque sino puede generar una catástrofe. ¿A qué me refiero? Si no hay una intervención directa en las villas o barrios populares de la Argentina, donde viven más de cinco millones de personas -más de la mitad son niños, niñas y adolescentes-, donde la pobreza es multidireccional, no hay agua potable, electricidad segura (…) una equivocación se trasforma en el mediano plazo en una catástrofe”, opinó el obispo en el programa radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Ernesto Tenembaum.

Según pudo saber infobae de fuentes oficiales, desde la creación del FISU se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares, alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda en los que se realizaron 6.517 intervenciones por un monto de casi 500 mil millones de pesos, exactamente $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Fueron distribuidos en casi el 70% a “organizaciones de la sociedad civil”.

La auditoría en curso puso la lupa en que un gran porcentaje de las obras fueron veredas y cordones, que los contratos -como en las licitaciones de alimentos y medicamentos oncológicos- fueron dirigidos, en este caso, cooperativas vinculadas a los movimientos sociales de la UTEP.

A partir de estas investigaciones, el Gobierno decidió que se constituya el Comité Ejecutivo del FISU, que estará precedido por Sebastián Pareja, un hombre de estrecha confianza del Presidente, ya que era su armador político en la provincia de Buenos Aires.

Finalizada la auditoría que supervisa el destino de los miles de millones de pesos destinados a esas obras y en las que intervienen empresas y cooperativas piqueteras, la intención de Pareja -que ocupa el mismo cargo que Miño- es pagar -si todo está en orden- la totalidad de los certificados pendientes del año 2023, cuya documentación implica unos $20.000 millones.

El mismo Pareja le dijo a este medio que, por el momento “no se encontraron grandes discrecionalidades” ni irregularidades en los fondos que administraba Miño.

Desde la UTEP, organización que agrupa a la mayoría de organizaciones sociales alineadas en el ex oficialismo advirtieron que el desfinanciamiento del FISU desactivará programas como “mi pieza”, que servía para asistir a familias vulnerables y que vivían hacinadas.

“Lamentablemente el gobierno ha tomado la decisión de desfinanciar una política para desarrollar obras en los barrios populares, con esta decisión van a dejar obras a mitad de camino e impidiendo profundizar esta política que tuvo un impacto directo en la vida de los más humildes”, le dijo Gramajo, titular de la UTEO y dirigente del Evita a este medio. Y destacó que gracias al FISU, entre otros beneficios: “Más de 250 mil mujeres que accedieron al programa Mi Pieza y 187 mil puestos de trabajo directos, entre otros aspectos que mejoran la calidad de vida de la sociedad. El gobierno ha dejado en claro que solo vino a gobernar para una minoría a costa del pueblo y con un gran desprecio sobre los sectores más humildes, los laburantes, los jubilados”.

Gramajo recordó que: “Por esa razón, el próximo jueves vamos a una jornada de protesta frente el Ministerio de Economía con los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas de la economía popular que venían desarrollando las obras para exigir al gobierno que no desfinancie a los barrios populares y deje de empujar a la sociedad al abismo provocando un genocidio social”.