La Cámara de Diputados de Mendoza recibió un pedido de informe sobre la situación procesal de la diputada de La Unión Mendocina (LUM) Janina Ortiz, quien había sido sometida a un desafuero luego de que la Justicia solicitara el permiso al Poder Legislativo provincial para investigarla en el marco de una causa por presunto fraude a la administración pública.
El proyecto de resolución fue presentado por el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Franco Ambrosini (UCR), quien contó con las firmas de los miembros del bloque radical y parte de los integrantes del LUM. “Es necesario que el órgano jurisdiccional proporcione información actualizada sobre las causas para las cuales se concedió el desafuero”, señalaron los representantes de la Cámara de Diputados mendocina, con respecto al curso que tomaron las averiguaciones sobre los dos expedientes que se abrieron en su contra.
Por medio del escrito que presentaron en el recinto, los representantes de la Cámara Baja explicaron que la solicitud formulada a la Fiscalía de Instrucción N° 28 y a la Fiscalía N° 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos se trataba de un paso previo que debían dar por cuestiones “de economía procedimental y celeridad” antes de cumplir con el artículo tercero del proceso de desafuero que provocaría que Ortiz fuera suspendida de sus funciones legislativas.
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“Se pide un informe al Poder Judicial que tiene como fin que nos mantenga informados sobre el estado del proceso de las causas y ver si han podido avanzar en ellas desde el momento en que se pidió o que se realizó el desafuero en la Cámara de Diputados”, aclaró el diputado radical, según la información proporcionada por el medio local MDZ, tras recordar que ya habían transcurrido dos meses desde que el recinto votó de manera unánime para que perdiera los fueros judiciales con los que contaba la ex secretaria de Gobierno de Las Heras.
El pedido de desafuero en contra de Ortiz fue solicitado el 17 de noviembre de 2023 por el fiscal Flavio D’ Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 7, y la fiscal Patricia Atur, en representación de la Fiscalía de Instrucción N° 32. Después de que la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales convocara a la diputada “para que ejerciera su derecho de defensa”, la misma área aprobó el tema para que fuera tratado en el recinto.
Las causas por las que fue imputada la integrante de La Unión Mendocina, quien ejerció como secretaria de Gobierno de Las Heras hasta el 10 de diciembre, incluyen haber cometido los delitos de “fraude en perjuicio de la Administración Pública” y “coacciones”.
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Por un lado, el fiscal D’Amore encabezó la investigación por supuesta defraudación pública, en la que la diputada fue acusada de haber participado de una “cooperativa fantasma” junto a un grupo de funcionarios y allegados. Según expusieron, los implicados se habrían enriquecido al desviar fondos pertenecientes al Estado municipal mediante supuestas licitaciones y contrataciones de origen irregular.
Sobre Ortiz también recayó la acusación de presuntamente haber ordenado pagos a una cooperativa llamada “Manos a la Obra”, sin contar con la firma del intendente, y de integrar la comisión de pre-adjudicación que avaló todo lo actuado, tal como informó el portal Mendoza Post.
Por su parte, la fiscal Atur abrió la causa por coacciones vinculadas a una denuncia realizada por una empleada municipal que aseguró que la sospechosa la habría amenazado para que mantuviera relaciones sexuales con un funcionario para grabar el acto, con la intención de obtener información de parte del tercer implicado. Sin embargo, el expediente fue trasladado a la jurisdicción de la Fiscalía N° 28, quien continuaría con el resto del procedimiento judicial.
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