El 57% de pobreza que difundió la UCA el fin de semana fue apenas un aviso, una alerta de lo que viene. Javier Milei es el primero que es consciente del impacto de las medidas que tomó apenas llegó al gobierno para estabilizar una economía que se encaminaba al colapso. Lo estudió en libros y los vivió en carne propia en Argentina. Sabía el costo social del salto devaluatorio, la liberación de precios y tarifas reprimidas y el sinceramiento de variables que durante más de 15 años estuvieron artificialmente contenidas. Por eso, el presidente sabe que dependerá del tiempo en que lleguen las buenas noticias. Habló de que marzo y abril serán los meses más difíciles y que en mayo se podría ver la luz al final del túnel.
Ese abordaje que aplica en la gestión de las urgencias económicas contrasta con lo que pasa en la política. El viernes pasado, en la reunión que tuvieron por videoconferencia -que anticipó Infobae- los gobernadores de la UCR y el PRO hicieron catarsis de broncas acumuladas con el presidente, acordaron mantener la unidad y no tomar ninguna decisión más hasta ser convocado por Milei. Estuvieron 9 de los 10 -sólo faltó el correntino Gustavo Valdés- y en todos, con mayor o menor vehemencia, había una sensación de desencanto, frustración e impotencia.
Se trata de un bloque de 10 gobernadores que fueron los primeros comprometidos en apoyar el plan de gobierno y, sobre todo, en bloquear los arrebatos obstruccionistas que manifiesta el peronismo cuando deja de ser oficialismo y se convierte en oposición. Son los responsables de haber impedido que en el Senado el bloque de Unión por la Patria anulara el DNU que desreguló la economía, porque los K tenían 33 bancas sobre los 37 que se necesitan para la mayoría. Y de haber aportado los diputados para aprobar en comisión, primero, y en general en el recinto el voluminoso proyecto de “Ley Ómnibus”.
“No sólo no nos agradecieron. Nos vienen tratando igual que al kirchnerismo, porque pisaron las transferencias a todas las provincias. Milei nos insultó porque no se aprobaron los primeros 6 artículos de la Ley Ómnibus como él quería y encima sacó los subsidios al transporte y a los docentes. Con tanto castigo, nos quedamos sin motivos para hacer oficialismo, ni aliados ni dialoguistas. Hasta que el Presidente no nos llame, acordamos que no vamos a hacer más nada por ellos”, contó uno de los nueve gobernadores que se conectaron al Zoom del viernes.
Más allá de que algunos tradujeron esa decisión como un “ultimátum”, entre gobernadores con fuerte predicamento en ese bloque que supo llamarse Juntos por el Cambio y que ahora está en plena metamorfosis -por la confluencia de Milei con el PRO de Mauricio Macri- la mirada fue otra. “No queremos que se piense que hay ninguna imposición. Esperamos que nos reciba, pero no le vamos a pedir ninguna reunión. Y la verdad que tampoco creo que nos convoque”, respondió otro mandatario provincial.
Esos 10 gobernadores no son los únicos. También hay fastidio en el peronista cordobés Martín Llaryora, en los provinciales como en Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Hasta Osvaldo Jaldo (Tucumán) está masticando bronca, porque rompió el bloque de Unión por la Patria para blindar el sector del azúcar y los limones de “Ley Ómnibus”, que no pasó siquiera el filtro de Diputados. Sobre este grupo cayó otra retaliación: el despido del cordobés Osvaldo Giordano, de la Anses; y de la salteña Flavia Royón, de la Secretaría de Minería. De todos modos, tienen previsto reunirse mañana en un acto que organizó Sáenz en su provincia con el ministro Francos.
El repliegue de los gobernadores aliados coincide con el giro del radicalismo a una posición más crítica con el rumbo del Ejecutivo. El presidente de la UCR, el senador Martín Lousteau, ya dice abiertamente que el DNU de Milei que desregula la economía es “inconstitucional” y que algunas ideas principales del credo libertario son impracticables o, simplemente, malas.
“Estoy en contra del DNU y me parece inconstitucional”, afirmó en declaraciones públicas y luego exigió al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado libertario Martín Menem, que “conforme la Bicameral, lo más grave es que no pueda tener un tratamiento como corresponde. No puede haber una dilación para constituirla”. ¿Cuánta vida le quedaría al decreto si los radicales votan junto al kirchnerismo? Algunos tienen la respuesta.
Más allá de que Macri y Milei tienen previsto hablar para establecer una nueva alianza entre La Libertad Avanza, el PRO y una fracción del sector que preside Miguel Pichetto, la confluencia de ambos bloques no augura, en principio, una bancada superior a los 80 diputados. Para tener quórum y, por ende, aprobar las leyes, se requieren de 129. En el Senado el panorama es más desolador, porque el PRO tiene 8 y los libertarios 7: apenas 15 sobre 72.
En el PRO y en LLA la mirada es otra. Confían en que Macri podría ser un actor clave para alinear a los gobernadores del PRO y convocar a un sector del radicalismo si se quiere más antiperonista/antikirchnerista, que tiene en el mendocino Luis Petri, el ministro de Defensa, una referencia. El antecedente que se menciona es el de la Ley Ómnibus, ya que el ex presidente que intervino para que el bloque se mantuviera unido y vote de manera unánime a favor del proyecto.
Ese contexto de debilidad política, más allá de que en las encuestas los números de apoyo popular a Milei le dan bien, el peronismo está en tiempos de realineamientos, bajo una lógica de mayor confrontación, de los tres sectores que en términos institucionales y en la calle mayor peso tienen: la CGT, los movimientos sociales y el kirchnerismo. La carta de Cristina Kirchner de la semana pasada le puso el tono, la música de fondo. Sobre todo porque entre muchos números y más palabras agitó el fantasma de los gobiernos inconclusos.
“El espacio político que había concitado las esperanzas mayoritarias de la sociedad argentina luego de la dictadura cívico-militar y había obtenido el 52% de los votos, terminó entregando el poder por adelantado”, dijo Cristina sobre Alfonsín. Y le sumó, para que no quedaran dudas, la experiencia delarruista: “El presidente que había ganado en primera vuelta con más del 48% de los votos, terminó presentando su renuncia después de declarar el Estado de Sitio que provocó represión y 38 muertos en la Plaza de Mayo y en distintos lugares del país”.
Mientras tanto la CGT redobló la presión contra el gobierno de Milei y anticipó una “guerra de guerrillas”, con paros por sectores, protestas y movilizaciones. Es una secuencia que podría culminar o no en una convocatoria a un paro general. Tienen motivos además del retraso de los salarios: el presidente dio la orden de ir por las obras sociales, un verdadero casus belli para los caciques del sindicalismo argentino.