A pocas horas del inicio de la marcha piquetera, el vocero presidencial, Manuel Adorni, apuntó contra el Polo Obrero, una de las organizaciones convocantes, y denunció que maneja una caja de $5.461 millones en la intermediación de los planes sociales. “Se va a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para pulverizar este tipo de acciones”, aseguró el funcionario en el marco de su habitual conferencia de prensa.
Según Adorni, todas las organizaciones que participarán de la movilización “son las que actúan de intermediarias entre el plan y el beneficiario”. “Entendemos que detrás de eso hay un gran negocio, y el Polo Obrero, una de ellas, maneja una caja de 5.461 millones de pesos, siempre extorsionando y maltratando a la gente que necesita estos planes y que realmente tiene necesidades”, sostuvo.
En esta línea, informó que la línea 134 para recibir denuncias anónimas de presiones o amenazas hacia los titulares de planes para que participen de la marcha, ya tuvo 8.900 llamados. “Aportaron nombres de punteros y organizaciones, datos que sirven para asignar responsabilidades en términos penales, algo de lo que tendrán novedades en los días sucesivos”, destacó.
Por otro lado, confirmó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar un paquete de leyes, aunque no especificó fechas, y ratificó que el presidente Javier Milei explicará en cadena nacional, a las 21 de hoy, el extenso DNU que desregula la economía y que será publicado a la medianoche.
Si bien no hay precisiones sobre el contenido del decreto, este medio pudo confirmar que tendría cerca de 600 artículos, entre los cuales estarían incluidos los cambios en el sistema laboral y la simplificación de algunos trámites burocráticos, además de la derogación de la ley de alquileres.
Fuerte operativo policial
Durante la mañana de este miércoles, Gendarmería Nacional detuvo a un micro escolar que transitaba por la Panamericana a la altura de Pilar. Trasladaba a 30 pasajeros, que no pudieron explicar su destino, por lo que los identificaron como “posibles manifestantes”. El micro pudo continuar con su recorrido, pero las personas fueron obligadas a descender y continuar por otros medios.
Más allá de este hecho puntual, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó cómo se aplicará el protocolo antipiquetes. “La decisión del Gobierno es que se termine el corte de calle. Que se manifiesten las veces que quieran, vayan a las plazas, a los cordones de las calles. Pero las calles no se cortan. Hoy comienza. No hay que esperar hoy el 100% de éxito, hay que saber que hoy comienza un camino que es sin vuelta atrás”, planteó en diálogo con TN.
La funcionaria dio detalles de cómo harán para identificar a aquellos manifestantes que corten calles, lo que implicará que dejen de cobrar planes sociales. “Va a haber cámaras en toda la ciudad de Buenos Aires, en los ferrocarriles, en distintos lugares donde se pueden llegar a hacer un piquete. Va a haber fuerzas policiales con cámaras filmando, para luego generar un sistema de identificación. La Policía Federal tiene un sistema de identificación. El Renaper (Registro Nacional de las personas) está trabajando con nosotros. Aquellos que quieran cortar la calle sepan que tenemos la forma de identificarlos y van a perder el beneficio que tienen”, subrayó.
Bullrich también confió en que la Justicia acompañe la decisión del Gobierno de evitar los cortes de calles porque, dijo, los “los jueces tienen que cumplir la ley, el juez es el garante de la ley”.
Por último, la Casa Rosada reforzó su seguridad con la instalación de una fila de vallas. “Se colocan como método preventivo. Si alguien enojado o descontrolado se quiere acercar a las rejas, sirve como un método de disuasión”, explicó uno de los policías apostados en una de las puertas de la sede gubernamental. Es el procedimiento habitual que se adopta ante una manifestación, pero en este caso existen mayores temores, ya que el Ejecutivo no quiere desbordes ni cortes de calles.