A pocos días para la asunción de Javier Milei y, en consecuencia, la de los nuevos funcionarios de cada ministerio, se conocieron nuevos nombramientos en el Estado nacional, entre renovaciones de contratos y pases a planta permanente.
En la administración nacional, buena parte de los empleados se encuentran enmarcados en distintas resoluciones que tienen que ver con contratos temporales, muchos de los cuales suelen ser por el lapso de un año y se renuevan casi automáticamente.
Claro que, ante un cambio de Gobierno, ese tipo de situaciones siempre genera polémica, mucho más cuando la futura gestión que encabezará Javier Milei llega al poder con la premisa de recortar el gasto público.
De lo que se conoció en los últimos días, la decisión más polémica es la que tomó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien renovó contratos que vencían a fin de año, por el lapso de 12 meses.
La polémica está dada porque la resolución 3966/2023, que lleva la firma de Vizzotti y dispuso la renovación de contratos “con el objeto de desarrollar diferentes actividades en el ámbito de las distintas Secretarías y Subsecretarías”, no fue publicada en el Boletín Oficial. Con fecha del 28 de noviembre, tampoco fue subida a la web.
Según la norma, informada por el gremio ATE Salud en su página de Facebook, la decisión de Vizzotti se basa en la necesidad de “adoptar las medidas que posibiliten la continuidad y desarrollo de diversas acciones y proyectos en ejecución en el ámbito del Ministerio de Salud”.
En su página de Facebook, el gremio ATE celebró la medida de Vizzotti. “Tal como lo venimos exigiendo desde ATE SALUD, en el día de hoy la Ministra Carla Vizzoti firmó la renovación de los contratos que se encuentran en el marco del dec 214/06 y 1109. Creemos que la renovación para el ejercicio 2024 es un paso necesario para enfrentar la etapa que se viene”, escribió el gremio.
“Hoy más que nunca es imprescindible fortalecer la organización de les trabajadores y construir la unidad de la clase trabajadora para defender nuestros puestos de trabajo, el Estado como garante de derechos y la políticas públicas. Defender el estado para liberar la nación”, cierra.
Pase a planta permanente
En tanto, Agustín Rossi, jefe de Gabinete saliente y excandidato a vicepresidente por Unión por la Patria, firmó una resolución que establece el pase a planta permanente de 96 empleados que ganaron sus cargos a través de un concurso público.
La resolución 1077/2023, con fecha del 6 de diciembre, establece la designación “en planta permanente de 96 empleados quienes participaron de un concurso abierto el 1 de noviembre del año pasado, cuando la Jefatura de Gabinete era conducida por Juan Manzur. En ese momento, se establecieron 205 vacantes.
Lo particular del concurso es que el proceso se inició el 23 de junio de este año, justo un día antes del cierre de listas para las elecciones y a poco más de un mes para las PASO. Un mes después se avanzó con la publicación de las bases para cubrir parte de los cargos.
Otro de los ministerios en los que hubo pase a planta permanente fue el de Economía, conducido por Sergio Massa, un proceso que comenzó meses atrás.
Sobre el tema, en las últimas horas, el presidente electo, Javier Milei, le dio un “me gusta” a un posteo en la red social X (antes Twitter) de un exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri.
“Estabilidad del Empleado Público. Vale aclarar que solo gozan de “estabilidad” (constitucional) los cargos ganados por concurso; y NO los pases a “planta””, fue el mensaje que escribió Carlos Regazzoni, titular del PAMI entre 2016 y 2017, que fue apoyado por Milei en las últimas horas.
Una polémica común ante cada cambio de Gobierno
Los nombramientos, renovaciones de contratos o pase a planta permanente vienen generando polémica en Argentina ante cada cambio de Gobierno, cuando la administración que llega pertenece a otro signo político de la que se va.
Por caso, en 2015, poco antes del final de la presidencia de Cristina Kirchner y cuando ya Mauricio Macri había ganado el balotaje, la polémica se había desatado por el pase a planta permanente de más de 200 empleados del Ministerio de Economía, que entonces conducía el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Algo similar había ocurrido ese año en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo titular era Julio Alak, que había abierto un concurso para cubrir casi 500 puestos a menos de dos meses del final del mandato.
En 2019, en tanto, a menos de dos semanas de las elecciones generales, y cuando casi se daba por descartado el triunfo de Alberto Fernández sobre Macri, el entonces Gobierno nacional abrió convocatorias para cubrir 313 cargos en los ministerios del Interior y Justicia, la Dirección Nacional de Migraciones, y las secretarías de Modernización y de Legal y Técnica, entre otras áreas. Ese movimiento había sido cuestionado duramente por el kirchnerismo.
Además, otra decisión polémica de aquel cambio de gobierno fue el decreto que Macri firmó el 27 de noviembre de 2019 que estableció un régimen que garantiza la estabilidad de cargos directivos nombrados en el Estado por un plazo de cinco años. La decisión se tomó a dos semanas de finalizar el mandato en acuerdo con gremio estatal Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Ese decreto, finalmente, fue revisado por la gestión de Fernández una vez que asumió.