El IOMA entró en conflicto con otra clínica privada, que denunció persecución política

La obra social oficial de la provincia de Buenos Aires, IOMA, está envuelta en un nuevo conflicto con el sector privado, luego de que decidiera quitarle la prestación a la única clínica médica que no es estatal de la ciudad de Pehuajó tras encontrar diferentes irregularidades en el establecimiento.

Las autoridades del sanatorio sostienen que una medida de esas características los obligaría a cerrar sus puertas, ya que se quedarían sin pacientes para atender, y denuncian una presunta percusión política en la que estaría involucrado incluso el propio intendente local, Pablo Zurro.

La situación escaló tanto que un grupo de vecinos del lugar se organizó para encabezar este jueves una manifestación que se realizará frente a la Municipalidad, en la que reclamarán por la continuidad de ese centro de salud, en el que trabajan unas 50 personas.

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Esta pelea se suma a la que tiene con los mandatarios de diferentes partidos bonaerenses, que en el último tiempo decidieron finalizar el acuerdo preestablecido con esta obra social estatal y avanzar con contratos con otras privadas que se hagan cargo de la cobertura de sus empleados públicos.

El conflicto, en este caso, comenzó el 10 de mayo pasado, cuando dos profesionales del IOMA, Jerónimo Chaparro y Domingo Carmosino, llegaron hasta la Clínica del Oeste, única institución médica privada de la ciudad, para realizar una autoría.

En el acta correspondiente a aquella visita constan ciertas irregularidades, como la presencia de algunos medicamentos que habían vencido en julio y en octubre del 2022, o de bebidas alcohólicas y alimentos en la heladera en la que se guardan determinados remedios que requieren frío.

Ante este panorama, la obra social de la provincia de Buenos Aires decidió retirar a este establecimiento como prestador, sin brindarles a sus directivos la posibilidad de realizar un descargo ni corregir las fallas detectadas.

“El informe labrado por supuestos médicos de IOMA dice que hay unas irregularidades leves, que de ninguna manera pueden ser suficientes para quitarle la prestación a un centro médico, más aún considerando que el 70% de los ingresos de la Clínica provienen de IOMA. Esto significa que, si nos quitan la prestación, la institución va a dejar de funcionar”, señaló Fausto Cumba, integrante del equipo médico a cargo de la institución.

Al respecto, el doctor sostuvo que entre las fallas señaladas por la obra social, “hay cuestiones mínimas, como que la zona de maternidad no tiene oxígeno”, cuando existe “oxígeno central en todo el edificio”, o que “el consultorio de urología no tiene baño”, pero los mismos “están en las salas de espera, los pasillos y otros lugares”.

“Dijeron que hay medicación cardiológica vencida: eso sucedió simplemente porque había un medicamento que venció hace unos meses y no se había retirado. Otra de las cosas que destacaron es que había una bebida alcohólica en una heladera… era una botella de sidra que quedó del 31 de diciembre, que las enfermeras ni siquiera la abrieron”, explicó Cumba.

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Por su parte, los trabajadores de la clínica y vecinos de Pehuajó convocaron a una manifestación para este jueves frente a la Municipalidad, al considerar que hay una cuestión política detrás de la decisión, y están juntando adhesiones a un petitorio para evitar que la clínica deje de ser prestadora de IOMA.

“Esto viene de larga data. El intendente siempre ha estado en contra de la clínica por cuestiones políticas, ya que muchos opositores suyos han trabajado en el establecimiento. Ahora, el obstetra Juan Garaventa, que se presenta en las próximas elecciones como precandidato a intendente, también trabaja acá”, explicó Cumba.

En diálogo con una radio local, el propio Pablo Zurro negó cualquier relación con este conflicto: “Es una locura que me echen la culpa de los supuestos incumplimientos de la clínica. La salud privada durante 30 años se quedó con el dinero de los pehuajenses, no reinvirtieron y es obvio que se deterioraron los establecimientos”, manifestó.

“Privilegio la salud pública, pero ojalá que le vaya bien al privado, aunque no me ocupo de eso yo. El que molesta en el hospital se tiene que ir. Si no invertís y no estás a la altura de las circunstancias, obvio que la gente va a ir más al hospital que a la clínica”, agregó.

En tanto, el director regional del IOMA, Germán Salazar, también se refirió a la cuestión y sostuvo que “las auditorías no son algo nuevo, es algo habitual que se hace” para “saber si el servicio que se le da al paciente es el adecuado”.

“Yo no voy a nombrar todas las irregularidades que se encontraron, pero sí voy a nombrar las más importantes y que fueron las que llevaron a tomar la decisión de prescindir de sus servicios: la guardia no es shockroom, sino una sala común que no tiene desfibrilador, el cual está en el tercer piso; hay medicación vencida para pacientes con infartos; los respiradores usan tubuladuras descartables y había unas para su reutilización, y el oxígeno, si bien es real que la clínica tiene generación propia, debe haber un reaseguro con tubos conectados a la red por si hay falla, pero estaban sin manómetros y tapados con cintas”, detalló durante una reciente conferencia de prensa.

Respecto de la negativa a darles un plazo a las autoridades del sanatorio para solucionar la situación, Salazar aseguró que “una vez que a un prestador se le da de baja por irregularidades, lo que tiene que hacer es corregir estas cosas que estaban mal y presentar nuevamente toda la documentación para volver a sumarse, pero no necesita un tiempo determinado para eso”.

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