La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados comenzó este jueves a debatir un proyecto para transparentar Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Según explicaron desde el oficialismo, esta iniciativa apunta, en sintonía con las recientes reformas de la ley de lavado de activos y de la Justicia Federal Penal de Santa Fe, a atacar la problemática del narcotráfico y sus fuentes de financiamiento.
El funcionamiento de las SAS quedó bajo la lupa luego de que una investigación judicial revelara que la banda Los Monos había constituido más de 40 de este tipo de empresas para lavar el dinero que obtenía de la venta de droga.
Entre los expositores de la jornada se destacó el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, quien advirtió que “las SAS no son un problema en sí mismo, sino una herramienta muy apta para el desarrollo del capital emprendedor”.
No obstante, explicó que la falta de controles permite situaciones altamente irregulares como que “Los Monos tengan 40 SAS en CABA cuando los domicilios de todas las personas era de Rosario” o que haya “estudios de abogados cuyo domicilio corresponde con más de 100 SAS”.
“El problema más grande es que no tenemos controles en muchos rubros. Las SAS hay que preservarlas pero tienen que estar sometidas a la fiscalización”, concluyó el juez.
La iniciativa, elaborada por el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, y la secretaria del bloque del Frente de Todos, Paula Penacca, busca transparentar este tipo societario creado en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri.
En ese sentido, el proyecto señala que “la regulación laxa e imprecisa que rige para las SAS se ha convertido en el rostro jurídico de sociedades que tienen como fin el lavado de activos, entre otros, provenientes del narcotráfico”.
Por su parte, desde la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) manifestaron su preocupación ante el proyecto oficialista.
A través de un comunicado, ASEA planteó: “Bajo la supuesta bandera de combatir el lavado de activos, el Gobierno busca quedarse con el poder absoluto y discrecional de decidir quién puede emprender en Argentina. De esta forma, crea un ‘registro de emprendedores’ a cargo del Ministerio de Economía, mediante el cual se le da la potestad de aceptar o rechazar a quien se considera emprendedor, y por lo tanto quien puede ser socio de una sociedad”.
“También obliga a las PyMEs a que vuelvan a registrar su domicilio, obligándolos a contratar un escribano para demostrar su veracidad (a un costo de $40.000 por sociedad), y obliga que todas las SRL y las SAS del país presenten sus balances ante la IGJ, obligándolas a gastar importantes sumas de dinero en la presentación de este trámite retroactivo”, denunciaron.
Manuel Tanoira, director de ASEA, también expuso ante la Comisión y señaló que “Los Monos han usado todos los tipos societarios para lavar dinero, incluso sindicatos”. Por eso, propuso digitalizar los libros contables de todos los tipos de empresas para evitar que sean adulterados.
“Tenemos una deformación en Argentina de querer prevenir el delito encorsetando el ecosistema de negocios. Por ahí alguno de los malos no emprenda, pero la mayoría de los buenos tampoco”, resumió.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, compartió los planteos del sector emprendedor y dijo: “No vamos a permitir que solo las SAS sean objeto del debate parlamentario”.
La comisión volverá a reunirse en las próximas semanas para seguir escuchando el testimonio de especialistas en la materia antes de avanzar con la firma de un dictamen.
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