Elisa Carrió, junto a la Mesa Ejecutiva de la Coalición Cívica (CC) y el bloque de diputados nacionales del partido, presentarán ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre los reiterados quiebres del estado de derecho y los embates contra las instituciones cometidos en la Argentina por Cristina Kirchner y el gobierno de Alberto Fernández.
“Tenemos que dejar claro en la ONU la voluntad del kirchnerismo de apropiarse de la Justicia y quebrar el estado de derecho”, manifestaron en ese documento, que también hace referencia a hechos ocurridos durante la presidencia de CFK.
En su respuesta a la presentación realizada ayer por el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, la ONU le reclamó al Gobierno argentino que “asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales y que garantice la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales”.
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Debido a este planteo, Carrió y la CC tomaron la decisión de darle a conocer al Consejo de DD.HH. sus reiteradas denuncias y señalamientos acerca del “golpe institucional y las violaciones de los derechos humanos en la Argentina”.
“Enceguecido en la búsqueda de impunidad de la Vicepresidenta, el gobierno argentino atropella al Parlamento e intenta apropiarse del Poder Judicial”, sostienen Carrió y la CC.
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Y agregaron: “El papelón que hizo ayer Pietragalla ante el Consejo de DD.HH. de la ONU es una expresión de un gobierno extraviado ante el reclamo de la Justicia”.
Para este sector de la oposición, “el Gobierno se jacta de su amistad con dictadores como (Nicolás) Maduro y (Daniel) Ortega y se presenta ante la ONU con un texto de ficción que el mismo organismo desmintió en su respuesta”.
Estos hechos que Carrió y la CC enumeran ante la ONU ya fueron enviados en distintas oportunidades a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar las violaciones del kirchnerismo contra las instituciones.
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La exposición de Pietragalla tuvo lugar en Ginebra, en el marco de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos en la que Argentina presentó su Examen Periódico Universal (EPU), que justamente releva la situación de los derechos humanos en el país. Este relevamiento consta de un informe de 30 fojas, que difundió Infobae días atrás.
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Titulado “Cuestiones emergentes: principales desafíos”, en las fojas 18 y 19 del informe oficial, Pietragalla presentó una descripción de la democracia con un sesgo netamente kirchnerista. Habla de “discursos del odio” que ocurren en Argentina y que “culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”.
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“Estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales. Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional”, describió el funcionario.
Además, Pietragalla incluyó el concepto al que tanto hace referencia CFK, Lawfare, para apuntar contra el Poder Judicial, el sistema de partidos y las empresas.
“Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare – impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático – constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, afirmó el funcionario en el informe.
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Siguiendo el relato de la Vicepresidenta, Pietragalla incluyó el planteo de proscripción política sobre el cual el kirchnerismo busca hacer pie en este año electoral.
“Lamentablemente, aunque el Gobierno Nacional cambió en diciembre de 2019, y terminó así la práctica de avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo, otrora oposición al gobierno de la anterior gestión”, relató.
Y amplió: “Las estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político, son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al ex presidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas, lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”.
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Para completar, Pietragalla detalló que “la situación carcelera es de enorme preocupación para el Gobierno” y criticó “el uso abuso de la prisión preventiva”.
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