La Cámara Federal de Casación Penal rechazó liberar al empresario Lázaro Báez y al contador Daniel Pérez Gadín y los dos seguirán bajo prisión domiciliaria en una causa en la que se los investiga por presunto lavado de dinero en la compra de propiedades, varias de ellas en Uruguay. Para el tribunal existe riesgos procesales para la causa si están en libertad.
Báez y Pérez Gadín fueron detenidos en abril de 2016 y desde entonces están detenidos. Fueron apresados en la llamada causa de “la ruta del dinero K” en la que en febrero del año pasado fueron condenados por el lavado de 32.800.000 de dólares. Báez recibió una condena de 12 años de prisión y Pérez Gadín de ocho años.
En ese expediente ambos recibieron la libertad, pero siguen detenidos en otra causa de lavado de dinero. Es por la compra de un departamento en la ciudad de Buenos Aires, dos inmuebles en Uruguay, el campo “El Entrevero” en Mendoza y un terreno en el barrio “El Faro de José Ignacio”, también en Uruguay. El Tribunal Oral Federal 4 les revocó la prisión preventiva y les dio la detención domiciliaria.
Pero la defensa de Báez, a cargo del abogado Juan Villanueva, objetó que está detenido sin condena hace seis años cuando el plazo máximo que establece la ley es de tres. Además, que la decisión del Tribunal Oral fue contradictoria porque revocó la prisión preventiva pero lo deja preso en domiciliaria, lo que es una prisión preventiva. También destacó que el fiscal del Tribunal Oral, Abel Córdoba, y el de Casación Javier De Luca dictaminaron por la libertad de Báez.
Los jueces de Casación Gustavo Hornos y Javier Carbajo rechazaron el pedido. Los camaristas compartieron el criterio del Tribunal Oral, que consideró la existencia de riesgos procesales que ameritaba mantener las prisiones domiciliarias. Tuvo en cuenta la gravedad, que Báez y Pérez Gadín cuentan con condenas y que se presume que tienen los recursos económicos para abandonar el país o permanecer ocultos. También destacaron que hay peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad porque está la sospecha acerca de que se desconocería el destino de parte de los fondos que habrían sido lavados.
En su voto, el juez Hornos destacó que “no puede ignorarse el tremendo impacto que el crimen organizado y el ingreso y movimiento de fondos y activos provenientes del delito tienen a nivel nacional e internacional; la afectación del orden económico financiero, el orden público interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de un Estado”.
Los magistrados también le pidieron a Tribunal Oral que con urgencia fijen la fecha de juicio oral contra Báez y Pérez Gadín.
Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó por anular el fallo del Tribunal Oral. Remarcó que los fiscales habían dictaminado por el cese de las prisiones porque se habían superado los límites máximos previstos. Y destacó que los fiscales consideraron suficiente para garantizar la sujeción de Báez y Pérez Gadín a la causa la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico de GPS con un radio de cien kilómetros a la redonda de su lugar de residencia, la prohibición de salida del país, la retención de sus pasaportes y la obligación de presentarse quincenalmente en los tribunales.
La Cámara de Casación comenzó a analizar las condenas de Báez, de Pérez Gadín y del resto de los acusados en la causa de lavado de dinero. Y el empresario está siendo juzgado junto con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en la causa de la obra pública.
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