La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, informó que el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional llegaron a un acuerdo con respecto al aumento de las tarifas de luz y gas. El entendimiento prevé una segmentación, con aumentos diferenciados de acuerdo a tres categorías de usuarios durante los años 2022 y 2023:
a) Usuarios de más poder adquisitivo: dejarán de recibir subsidios al consumo energético en función de su plena capacidad de pago (abarcaría al 10% de los usuarios).
b) Beneficiarios de la tarifa social: el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior.
c) El resto de los usuarios: el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.
“Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c), si el Gobierno realiza una implementación exitosa del esquema de segmentación propuesto. Para el año 2022, se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario”, señaló la portavoz oficial.
Si se toma como referencia, la suba del CVS durante 2021 fue de 56,4%. Con ese porcentaje, los usuarios con tarifa social tendrán aumentos del orden del 22,58% como máximo. El otro segmento, tendría aumentos de 45 por ciento.
Como a partir de marzo ya se comenzaron a aplicar aumentos promedio del 20% en gas a nivel nacional y de 22% en electricidad para el AMBA, estas subas estarán ya contempladas dentro de los aumentos autorizados, según explicaron fuentes oficiales.
Con el aumento del 20% —autorizado luego de las audiencias públicas— para el año resta aproximadamente un 20% más de subas, que completaría el tope del 80% de la evolución de los salarios durante el año pasado. Para el sector más vulnerable, en tanto, ya no habría nuevo aumento (el tope del 40% del CVS ronda el 20% que corresponde al aumento ya otorgado).
Los tres niveles de segmentación serán definidos según los parámetros que determine el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de su competencia, según el servicio público de que se trate, indicó Cerruti.
En tanto para los usuarios no residenciales, que incluye comercios e industrias, se dispuso el pago de la tarifa plena para los usuarios industriales, denominados GUDI (Grandes Usuarios del Distribuidor), que son aquellos que demandan mayor potencia, y para el resto (pymes y comercios) se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.
En su discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, Alberto Fernández anticipó que se apuntaba a que el 10% de los usuarios de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios para los servicios públicos de gas y electricidad.
A finales del año pasado, el secretario de Energía Darío Martínez había anticipado que durante 2022 las tarifas de gas y electricidad subirían entre 17% y 20%. Los nuevos anuncios pusieron un nuevo tope: la evolución de los salarios. El Gobierno se inspiró en la Ley 27.443, que fue aprobada por el Congreso en 2018, durante la gestión anterior, pero que finalmente fue vetada por Mauricio Macri. Esa ley limitaba los aumentos de las tarifas de los servicios de energía eléctrica, gas natural y agua a la variación de los salarios, de acuerdo al coeficiente de variación salarial (CVS).
Cerruti, que esta vez dio la conferencia de prensa en forma virtual porque se encuentra aislada en su casa con COVID-19, aseguró que aún continúan abiertas las negociaciones con el FMI sobre otras cuestiones. “Esperamos cerrar el entendimiento técnico en las próximas horas, se está discutiendo palabra por palabra y esto es literal”, contó.
“Es una negociación que nos impone impacientes. Hay que tener templanza. Estamos discutiendo con los poderes mas grandes de esta tierra. Esto no se resuelve en cinco minutos. No hay que aflojar para defender punto por punto”, agregó.
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