Las empresas prepagas quedaron habilitadas a disponer un aumento en las cuotas luego de que la Justicia suspendió las resoluciones del Gobierno que anulaban tres incrementos que alcanzaban el 32%. Sin embargo, los empresarios de la actividad buscarán aprovechar la sentencia judicial para plantearle a los funcionarios nacionales una profundización de las negociaciones para encontrar alternativas que permitan superar la grave situación financiera del sector y, en principio, para contar con los fondos necesarios para afrontar el aumento salarial de este año que se está discutiendo con el Sindicato de Sanidad.
En el sistema de salud privado, que atiende a un 70% de los pacientes de la Argentina (cerca de 32 millones de personas), hay una sensación de alivio por el fallo del juez federal Pablo Cayssials porque siente que es “una reivindicación” de su posición y deja a las empresas en una “mejor posición” para justificar la suba en las cuotas. “El año pasado, con una inflación del 35%, el Gobierno autorizó sólo un 10% de aumento en diciembre, que, anualizado, representa un 8%, en medio de la pandemia y de los constantes incrementos de los insumos médicos y de los medicamentos”, dijo a Infobae un vocero del sector.
A mediados de junio, las empresas de medicina privada anunciaron que iban presentar una medida cautelar en la Justicia ante la negativa del Gobierno de autorizar un aumento de sus cuotas, pese a la alta demanda de los servicios sanitarios y al incremento de sus insumos. Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), que agrupa a las prepagas, dijo que en el Gobierno se acredita un atraso tarifario “gigante” del sector, aunque, según denunció, las autoridades “no cumplen con la ley de medicina privada que obliga a otorgar las actualizaciones necesarias”.
En la presentación judicial, firmada por 15 empresas, se solicita que se dicte “una medida cautelar autónoma” para que se autorice un aumento del 9,77% sobre el valor actual de las cuotas” de las prepagas y para justificar el pedido plantea “la aplicación de los expuestos en el informe técnico elaborado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en octubre de 2020 y en el que el organismo oficial que regula la actividad afirmó que “es necesario tomar una medida en forma inmediata y sin dilación alguna para dotar de recursos genuinos al sistema, a los fines de permitir obtener los mejores resultados como consecuencia de la negociación paritaria y teniendo especial consideración de la situación sanitaria y epidemiológica actual”.
Para las empresas del sector, la clave para habilitar los aumentos está contemplada en la Ley 26.682, que fija el marco regulatorio de la medicina prepaga y que establece que “la autoridad de aplicación (la Superintendencia de Servicios de Salud) autorizará el aumento de las cuotas cuando esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos”, que es precisamente lo que surge del informe técnico de la SSS.
El texto destaca las resoluciones del Ministerio de Salud que “autorizan aumentos insuficientes” y que “después se los deja sin efecto” y repasa las diferentes presentaciones efectuadas esa cartera por las empresas ante “la gravísima situación económica y financiera por la que atraviesan”.
“La paritaria salarial acentúa el atraso de las cuotas y agrava la situación financiera de las empresas. Estamos ante un nuevo costo que debe ser afrontado con cuotas que ni siquiera resultaban suficientes para cubrir los costos anteriores, en una situación de desfinanciamiento, en medio de una segunda ola de una pandemia sin precedentes”, sostuvieron las empresas en su presentación judicial.
Firmaron el escrito Swiss Medical, Omint, OSDE, Galeno, Apres, Medicina Esencial, Met Córdoba, Medicus, Medife, Círculo Médico Lomas de Zamora, Hospital Italiano, Instituto Médico Asistencial (IMA) Cooperativa de Provisión de Servicios para Profesionales del Arte de Curar, CEMIC, ACA Salud y Mutual Federada 25 de Junio.
En el fallo del juez Cayssials, se anularon las resoluciones del Gobierno que habían frenado el aumento en las cuotas, aunque se desestimó el pedido de aumentarlas un 9,77%. En este último punto, el magistrado le dio la razón al Ministerio de Salud, que no había autorizado el incremento, “toda vez que, de accederse a lo pretendido por las actoras (las empresas de salud privada), se estarían interfiriendo facultades propias y privativas de otro poder del Estado”. No avanza, sin embargo, sobre el monto que debería tener el aumento: “No corresponde a la judicatura establecer el valor de las cuotas”.
La cautelar cuestionó las resoluciones oficiales que frenaron los aumentos porque “adolecen de serios vicios que impiden considerarlas como actos administrativos válidos pues carecen de causa, en tanto lo que finalmente deciden no se condice con los antecedentes de hecho y derecho que justificaron su dictado”. Por eso, el juez avaló el pedido de las empresas porque “se vislumbra lo que la doctrina ha denominado como la verosimilitud de la irregularidad”.
Por eso para las empresas prepagas el fallo reconoce el reclamo del sector, aunque dan por descontado que el Gobierno lo apelará y el conflicto seguirá en un laberinto judicial. Esta situación incierta desde el punto de vista jurídico se dará en forma simultánea con la fuerte presión sindical para obtener un aumento en las paritarias: empresarios y dirigentes gremiales siguen negociando dentro del período de conciliación obligatoria dispuesto por el Ministerio de Trabajo, pero esa instancia vence el 22 de este mes y las posiciones están muy distantes de un acuerdo, por lo que se vislumbra un nuevo plan de lucha.
La Federación de Trabajadores de Sanidad (FATSA), liderada por Carlos West Ocampo y Héctor Daer, cotitular de la CGT, reclama un aumento salarial para 2021 de entre el 43% y el 45%, mientras que la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) insiste en que si desde el Gobierno no se soluciona “la dramática falta de financiamiento del sistema” no tendrá manera de aumentar los sueldos debido al alza de los insumos y de los medicamentos.
Tras la cautelar, la próxima jugada le corresponde a la Casa Rosada. Mientras, como se quejan los empresarios, “el sistema de salud está en llamas y requiere de soluciones inmediatas”, justo en medio de una pandemia que está lejos de terminarse y que ya se llevó la vida de 100.000 argentinos.
El fallo judicial que habilitó el aumento en las cuotas
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