
Tal como estaba previsto, el Gobierno confirmó a Daniel Alejandro López al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que administra los fondos de obras sociales y que la Confederación General del Trabajo (CGT) buscaba controlar a través de un candidato propio. La designación fue anunciada en Decreto 307/2021, publicado este sábado en el Boletín Oficial.
El funcionario que reemplazará al fallecido Eugenio Zanarini es un médico sanjuanino de 59 años que hasta el momento se desempeñaba como director de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.
Se recibió de cirujano en la Universidad de Córdoba, hizo estudios de posgrado en Cataluña, España, y de regreso al país fue coordinador quirúrgico de la obra social OSECAC. Luego ejerció como su administrador en su provincia natal. En 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, fue gerente de Prestaciones Médicas del PAMI mientras el ministro de Salud era González García, de quien se convirtió en amigo y socio.
En 2003 trabajó como asesor de la gerencia general de OSECAC hasta que, en febrero de 2020, fue convocado por el ex ministro que renunció por el escándalo de las vacunas para el cargo que ocupa actualmente y donde se convirtió en el responsable del Programa Federal Incluir Salud, que brinda cobertura médica a titulares de pensiones asistenciales, graciables y pensiones por leyes especiales.
En lo que respecta a su actividad como empresario, hasta 2008 fue uno de los seis socios de la bodega Tierra Mayor, ubicada en San Juan, propiedad del desplazado titular de la cartera de Salud. Curiosamente, otro de los miembros de esa sociedad era Zanarini.

La vacante para presidir la Superintendencia era pretendida por la CGT, que había propuesto para ese puesto a David Aucharán, el actual gerente general del organismo, pero su postulación fue desestimada por Alberto Fernández, quien dijo tener “muy buen concepto” de él pero remarcó su preferencia por López.
Así se lo transmitió, en tono cordial, el Presidente a la cúpula de la central obrera durante un almuerzo en la Quinta de Olivos, en el que los dirigentes gremiales le volvieron a pedir al mandatario un auxilio financiero para las obras sociales.
Si bien les puso un freno con la candidatura de Aucharán, el jefe de Estado se comprometió a darles a las obras sociales unos 11.000 millones de pesos para compensar los gastos en educación y transporte del rubro discapacidad, que representa el mayor porcentaje de los desembolsos del sistema (casi un 37%) y en 2020 alcanzó los $28.700 millones.
Según los números cegetistas, el gasto en este sector estaba dirigido en 2017 a 54.086 personas y hoy llega a 91.906, con un costo real que pasó de $6.900 millones en 2017 a $28.752 millones en 2020 (un crecimiento de más del 400 por ciento). El gasto promedio por beneficiario con discapacidad financiado desde el Fondo Solidario de Distribución es de 36.000 pesos (en junio 2020) y el 50% de esa cifra es para educación y transporte (unos 1.200 millones de pesos por mes).
Además, Alberto Fernández accedió a modificar el sistema de libre elección de la obra social: con el cambio pedido por la CGT, en el futuro cada afiliado deberá permanecer un año en la obra social de su actividad antes de disponer el traspaso de los aportes a otra entidad de salud.

Son dos de las medidas que reclamaba la CGT desde hace meses y que permitirán superar en parte la crítica situación financiera de las obras sociales, con un déficit mensual de $1.500 millones.
En el almuerzo estaba presente la actual ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien informó cómo está evolucionando la compra y la llegada de las vacunas. Dos de los sindicalistas presentes le recordaron que varios gremios que representan a trabajadores esenciales le habían pedido que priorizara la vacunación de sus afiliados y que no tuvieron respuesta. El Presidente, por su parte, tuvo un gesto importante cuando agradeció a los dirigentes de la CGT “el trabajo de cada sindicato para acompañar el esfuerzo del Estado en la crisis sanitaria”.
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