Alberto Fernández le puso un freno a la CGT: advirtió a los sindicalistas con los que almorzó en Olivos que ya había decidido quién sucederá al fallecido Eugenio Zanarini al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que administra los fondos de obras sociales, y confirmó que el elegido es Daniel Alejandro López, amigo y ex socio de Ginés González García.
En tono cordial, el Presidente dijo que tiene “muy buen concepto” de David Aucharán, el actual gerente general del organismo y candidato de la CGT a presidirlo, pero afirmó que López es una persona de su confianza, ya viene trabajando en el tema y puesto por su espacio político.
El futuro presidente de la Superintendencia de Servicios de Salud es un médico sanjuanino de 59 años que se desempeña como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.
Se recibió de médico cirujano en la Universidad de Córdoba, hizo estudios de posgrado en Cataluña, España, y de regreso al país fue coordinador quirúrgico de la obra social OSECAC. Luego ejerció como su administrador en su provincia natal. En 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, fue gerente de Prestaciones Médicas del PAMI por el entonces ministro de Salud, González García.
En 2003 trabajó como asesor de la gerencia general de OSECAC hasta que, en febrero de 2020, fue convocado por el ex ministro que renunció por el escándalo de las vacunas para el cargo que ocupa actualmente y donde se convirtió en el responsable del Programa Federal Incluir Salud, que brinda cobertura médica a titulares de pensiones asistenciales, graciables y pensiones por leyes especiales.
Hay algo que no dice el currículum de López: hasta 2008 fue uno de los seis socios de la bodega Tierra Mayor, ubicada en San Juan, propiedad del desplazado titular de la cartera de Salud. Curiosamente, otro de los miembros de esa sociedad era Zanarini.
De todas formas, la CGT se llevó un premio consuelo: el Presidente se comprometió a darles a las obras sociales unos 11.000 millones de pesos para compensar los gastos en educación y transporte del rubro discapacidad, que representa el mayor porcentaje de los gastos del sistema (casi un 37%) y en 2020 alcanzó los $28.700 millones.
Según los números cegetistas, el gasto en este sector estaba dirigido en 2017 a 54.086 personas y hoy llega a 91.906, con un gasto real que pasó de $6.900 millones en 2017 a $28.752 millones en 2020 (un crecimiento de más del 400%). El gasto promedio por beneficiario con discapacidad financiado desde el Fondo Solidario de Distribución es de 36.000 pesos (en junio 2020) y el 50% de esa cifra es para educación y transporte (unos 1.200 millones de pesos por mes).
Además, Alberto Fernández accedió a modificar el sistema de libre elección de la obra social: con el cambio pedido por la central obrera, en el futuro cada afiliado deberá permanecer un año en la obra social de su actividad antes de disponer el traspaso de los aportes a otra entidad de salud.
Son dos de las medidas que reclamaba la CGT desde hace meses y que permitirán superar en parte la crítica situación financiera de las obras sociales, con un déficit mensual de $1.500 millones.
En el almuerzo, donde se sirvió asado con ensaladas, estaba presente la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien informó cómo está evolucionando la compra y la llegada de las vacunas. Dos de los sindicalistas presentes le recordaron que varios gremios que representan a trabajadores esenciales le habían pedido que priorizara la vacunación de sus afiliados y que no tuvieron respuesta.
El Presidente, por su parte, tuvo un gesto importante cuando agradeció a los dirigentes de la CGT “el trabajo de cada sindicato para acompañar el esfuerzo del Estado en la crisis sanitaria”. Lo escucharon los miembros de la delegación sindical, integrada por los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio), Antonio Caló (metalúrgicos), Sergio Romero (docentes), Roberto Fernández (UTA) y Jorge Sola (seguros).
También participaron del encuentro, que duró tres horas, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Pamela Ares, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini.
Además de hablar sobre la Superintendencia de Servicios de Salud y de la crisis de las obras sociales, en la reunión se analizaron el aumento de los precios y la evolución de las negociaciones salariales de este año: según aseguraron fuentes sindicales, se coincidió en “un fuerte compromiso para trabajar sobre la escalada de precios, en particular en los artículos de consumo primario, para que no terminen licuando los aumentos que se logran en paritarias”.
Cada dirigente hizo una evaluación de cómo estaba su actividad, que incluyó un informe del panorama crítico del transporte automotor de pasajeros que hizo Roberto Fernández, de la UTA, y un repaso del impacto de la pandemia en la educación por parte de Sergio Romero, líder de UDA. Uno de los más optimistas fue Antonio Caló, jefe de la UOM, que brindó números sobre la recuperación del empleo que se registró en los últimos meses en el sector metalúrgico.
Cuando los sindicalistas plantearon la necesidad de restituir la ayuda económica para sectores en crisis, el Presidente aseguró que estaban analizando el impacto de esa medida, pero no descartó la posibilidad de que se reanuden programas como el IFE y el ATP que finalizaron en diciembre.
Tras el extenso encuentro, los dirigentes de la CGT se fueron de la Quinta de Olivos casi sin hablar con el periodismo, apagaron sus celulares y se limitaron a difundir un escueto comunicado de prensa. Pareció una confirmación de que el resultado del almuerzo tuvo un sabor agridulce.
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