El pasado viernes 16, día en el que comenzaron a regir las nuevas medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria por el rebrote de COVID-19, el presidente Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa durante la cual, entre otras cosas, respondió a los sectores que anticiparon que no iban a acatar la ley.
“Es bueno que reflexionemos. Se lo transmití a Horacio Rodríguez Larreta. A mí no me molesta que la gente se manifieste, pero toda manifestación debe encauzarse en términos de respeto hacia el otro. Yo quiero contarles a los argentinos que las leyes se hacen para ser cumplidas. Yo puedo entender que todos estos sectores puedan verse de algún modo afectados, pero quiero recordarles que todos esos bares y todos esos restaurantes que hoy siguen vivos, el año pasado recibieron la asistencia del Estado a través del ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción) y que este año siguen recibiendo la asistencia del Estado a través de los REPRO”, dijo el Presidente en rueda de prensa en Olivos.
Segundos después, y en tono de reprimenda, advirtió: “A mí, la rebelión no. En el Estado de derecho las leyes se cumplen. ¿De acuerdo? El que está en desacuerdo con la ley que vaya a la Justicia y que consiga que un juez diga que lo que yo hice está mal. Pero así no. La prepotencia no tiene que ver con un Estado de derecho. ¿De acuerdo? No tiene que ver con eso. Así que a los que no les gusta que recurran a la Justicia, que hagan solicitadas, pero yo estoy para ayudarlos en la emergencia que estamos viviendo. No estoy para tolerarles que hagan lo que quieran, no estoy para tolerar la indisciplina de muchos restaurantes colmados de gente”, enfatizó Fernández, después de reunirse con Horacio Rodríguez Larreta.
Luego se supo que, diez minutos antes de entrar a Olivos, el jefe de Gobierno porteño había presentado una demanda ante la Corte para garantizar las clases presenciales en la Ciudad. Sumado a eso, la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas también interpusieron dos recursos amparos para pedir la nulidad de los alcances del DNU de Fernández.
Finalmente, a última hora de este domingo, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, ordenó habilitar mañana las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publicó el gobierno nacional el viernes 16 de abril. La votación del tribunal fue unánime.
Minutos después de conocerse la decisión de la justicia porteña, ATE Capital y UTE-CTERA convocaron a un paro docente. “El poder judicial porteño sigue incumpliendo con la Constitución de la Ciudad y Nacional. La salud y la vida son prioridad”, indicaron desde las agrupaciones sindicales.
La prohibición del dictado de clases presenciales alcanzaba a 2.359 unidades educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos. El último sábado Rodríguez Larreta visitó a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y le pidió en privado lo que ya le había adelantando públicamente: mantener la presencialidad de las clases. El Presidente le manifestó que el problema no son las aulas, sino la circulación que se genera en la ciudad para que las clases se lleven adelante.
Para algunos, el tono de Alberto Fernández desafiando a la Ciudad a conseguir un juez que lo desautorizara, fue como un déjà vu: un desafío similar había lanzado la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando, en 2011, apuntó contra las corporaciones que buscaban tener injerencia dentro del ámbito político y dijo: “Si quieren tomar decisiones de gobierno, formen un partido y ganen las elecciones”.
Cuatro años después, la premisa de la ex mandataria se cumplió -como ahora la de Alberto Fernández-. El PRO de Mauricio Macri se transformó en Cambiemos y, aunque en aquel entonces la frase no apuntaba en contra de él, su fórmula política puso fin a años de kirchnerismo.
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