El secretario privado de Mauricio Macri, Dario Nieto, se presentó ante la justicia federal para rechazar la posibilidad de vincular la causa de Espionaje -adonde está imputado- con la información oficial entregada a una ONG sobre las visitas de magistrados y fiscales realizadas a la Quinta de Olivos durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos.
Cristina Fernández de Kirchner, a través de su letrado patrocinante Carlos Beraldi, solicitó a Comodoro Py que se investigue si Nieto omitió entregar información sobre ingresos de miembros del Poder Judicial a Olivos. “Se trata de “una verdadera cacería punitiva”, aseguró la defensa de Nieto para rechazar el planteo procesal de la Vicepresidente. Y remató: “¿Qué relación tiene las visitas recibidas en la residencia presidencial de Olivos, Provincia de Buenos Aires, con la organización delictiva aquí pesquisada?”, en relación a la causa de Espionaje que involucra a Nieto y aún se ventila en Lomas de Zamora.
La ONG Poder Ciudadano accedió una lista con las visitas a la quinta presidencial, adonde aparecen los jueces a Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que han investigado a CFK en sus distintas causas vinculadas a presuntos casos de corrupción.
En su presentación judicial, la defensa de Nieto se preguntó “qué legítimo interés” tiene, entre otros, “la Señora Cristina Fernández de Kirchner que vuelve a mostrarse interesada a través de su apoderado legal, en hurgar datos del teléfono celular de mi cliente que en modo alguno la afectan personalmente en el rol de víctima de los supuestos hechos que no define ni precisa en su líbelo y que solo elucubra”.
Tal como publicó el domingo este medio, las revelaciones sobre las visitas de Hornos y Borinsky a Macri se conocieron al compás de la definición que debía dar Casación sobre si la causa del espionaje podía seguir tramitándose en Lomas de Zamora o si debía pasar a Comodoro Py. El 30 de marzo pasado, los jueces Borinsky y Javier Carbajo, con la disidencia de la jueza Angela Ledesma, entendieron que el expediente debía radicarse en Comodoro Py y rechazaron el recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner, aunque dejaron plasmado que ese pase recién se concretará cuando la Corte Suprema se pronuncie al respecto. El viernes, además, los mismos jueces rechazaron un planteo para apartar a Borinsky de esa causa por las visitas a Macri en Olivos, donde muchos de los ingresos eran para jugar al tenis.
Pero mientras desde Casación salieron esas respuestas, la querella de CFK, con la representación de Carlos Beraldi, pidió a la fiscal Cecilia Incardona que confirme si Nieto, en su carácter de subsecretario de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, evacuó el 24 de enero de 2019 una solicitud de información efectuada por Poder Ciudadano. La ONG recibió un listado con nombres y apellidos de ingresos, en donde no se detallaban razones de visitas ni fechas u horarios.
Allí, dijo Beraldi, Nieto “no daba cuenta del ingreso de varios magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal a la Quinta de Olivos, destacándose, entre tales omisiones, las reiteradas visitas del juez Mariano Borinsky (quince oportunidades)”. Y destacó la intervención de Borinsky, como integrante de Casación, en el trámite de la causa.
Ante esa presentación, la defensa de Nieto –a cargo del abogado Gervasio Caviglione Fraga- solicitó que no se haga lugar al pedido de Beraldi. “El Sr. Nieto no tuvo en sus manos jamás un informe de inteligencia legal o ilegal ni conoció o trató de manera alguna en su vida a un agente orgánico o inorgánico de ninguna agencia de inteligencia estatal y no hay en la causa ninguna prueba que diga lo contrario”, sostuvo su abogado.
La defensa agregó que “no hay en estos querellantes sentimientos idealistas en búsqueda de verdad y justicia para lo que dicen haber sido víctimas sino, antes bien, promover una verdadera cacería punitiva en contra del Sr. Darío Hugo Nieto por el rol funcional y personal que tuvo y tiene con el ex presidente de la Nación Mauricio Macri, con objetivos neta y meramente políticos”.
Nieto afirmó que, de las constancias de la causa, no surge la existencia de presuntos mensajes o anotaciones en su celular relacionados a las visitas de Borinsky. “Las anotaciones a que alude no están en la causa”, resaltó. “El estilo de sembrar dudas incompletas e inconsistentes con las evidencias que existen en la causa y con el objeto de la investigación de acuerdo a la imputación formulada a mi cliente, tiene por objeto invertir la carga de la prueba, para que sea el imputado (quien no tiene ninguna obligación de hacerlo) quien acredite en forma negativa los hechos supuestamente oscuros que la acusación privada no acredita y, simplemente, lucubra aunque de manera poco convincente y clara”, afirmó.
Y añadió sobre el pedido de Cristina Kirchner: “Como la acusadora particular percibe con claridad que no presenta ni acredita hechos ilícitos verosímiles respecto de mi cliente sugiere ampliar la pesquisa a su respecto para que investigue otros supuestos hechos ajenos a la imputación de origen que no guardan relación alguna con el objeto procesal de la causa y a los que llega no por la lectura del expediente sino como consecuencia de filtraciones ilegales”. Según sus dichos, “se trata de una nueva y sencilla ‘excursión de pesca’, ilegítima y característica del inquisidor que nada delictuoso conoce, pero trata de inmiscuirse a todo trance en cualquier ‘dato’ que encuentre para descubrir hechos o circunstancias útiles a su quimera”.
En su escrito, la defensa también advirtió que tanto el juez Juan Pablo Augé como la fiscal Incardona carecen “de competencia territorial” y “jurisdicción” para actuar en el expediente.
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