Este jueves, la Legislatura de Chubut aprobó la primera ley de “Ficha Limpia” en el país, que prohíbe presentarse a cargos partidarios a personas con condenas en la Justicia. Se trata de una norma que impulsa a nivel nacional Juntos por el Cambio, pero que por ahora naufraga ante la oposición del Frente de Todos en el Congreso de la Nación.
En una sesión virtual a raíz de la pandemia, la Legislatura chubutense avanzó en la ley tras un largo debate, que incluyó el cambio de posición de los legisladores del bloque justicialista, que buscó inicialmente que el tema volviera a comisión para modificar algunos aspectos.
Puntualmente, la norma que ahora deberá ser reglamentada por el gobierno de Mariano Arcioni, incorpora un artículo a la ley de Partidos Políticos (el 66 bis) que define que de ahora en más quedarán inhabilitadas las personas para presentarse a precandidaturas, así como para ejercer cargos partidarios, en los casos en los que tengan condenas en segunda instancia por fraude, malversación de fondos, lavado de activos y otros delitos dolosos contra la administración pública.
La iniciativa fue presentada por el diputado radical Manuel Pagliaroni, en línea con el proyecto similar presentado en el congreso de la Nación por el diputado Gustavo Menna y que actualmente es eje de disputa entre los bloques del kirchnerismo y el Juntos por el Cambio y consiguió la adhesión de más de 340 mil firmas. Si bien tuvo estado legislativo, su tratamiento se venció y actualmente la oposición intenta reflotarlo como “una deuda con la democracia”.
La ley aprobada en Chubut contó finalmente con consenso que terminó en unanimidad y se descuenta que no tardará en ser promulgada por el gobernador y aplicada para los próximos comicios. Iniciativas similares en la provincia se presentaron semanas atrás en algunas de las principales ciudades locales, como Trelew y Comodoro Rivadavia.
Durante la sesión, según reflejó el sitio ADNSUR, la diputada Andrea Aguilera (Juntos por el Cambio) resaltó que “en la provincia de Chubut se está haciendo historia”.
“La profunda significancia que tiene en el Chubut y en el país la aprobación de un proyecto de esta naturaleza con la incorporación del artículo 66 bis a la Ley de Partidos Políticos consiste en que las personas condenadas por corrupción no puedan ser candidatas a cargos políticos. La idoneidad que se exige para los cargos electivos tiene que estar acompañada de ética y de probidad”, dijo. Y detalló: “Es una inhabilitación temporal que dura el tiempo que dura la condena, no es para siempre. Acá se está hablando de condena, no de procesamiento. No se está violando la garantía de ‘presunción de inocencia’”.
“Esto no es la modificación de la Ley sino que es la lucha, el esfuerzo y el pedido de miles de argentinos que firmaron para que ‘Ficha Limpia’ sea una realidad en la República. Es un movimiento ciudadano en el marco de la ‘lucha contra la corrupción’ para que si una persona aspira a un cargo no tenga condenas por fraude, malversación de fondos, lavado de activos ni delitos contra la administración pública. ‘Ficha Limpia’ habla de la calidad institucional del país y de Chubut”, resaltó Aguilera.
Por su parte, el diputado Juan Pais -del Bloque oficialista ‘Chubut al Frente’- aclaró que pese a no pertenecer al partido de quienes presentaron la iniciativa, “esto no impide evaluar bondades del proyecto”.
“El principio de ‘presunción de inocencia’ no se ve violentado bajo ningún punto de vista. Hay que distinguir la cuestión penal de la cuestión electoral partidaria para representar a la ciudadanía. Por ejemplo en nuestra provincia, un ‘alimentante moroso’ no puede ser habilitado como candidato por ningún Tribunal Electoral”, remarcó.
Ante esto, planteó el “contrasentido” que se venía produciendo en que “un condenado por delitos contra la administración con penas de inhabilitación sí podría ser candidato”.
“La ciudadanía debe exigir una condición superior a la media para los funcionarios públicos. Es la forma en que las instituciones van a progresar”, destacó.
Por su parte, la diputada Mónica Saso (PJ Frente de Todos) señaló que desde su Bloque solicitaron el pase a Comisión del proyecto de Ley para que “sea debatido con seriedad y responsabilidad en la Comisión pertinente”.
Con argumentos similares a los del kirchnerismo a nivel nacional, dijo que “aplicar restricciones a derechos electorales violentando garantías constitucionales, atenta directamente contra el Estado de Derecho y los principios básicos de nuestra Constitución Nacional”.
“No estamos en contra de la filosofía y el espíritu del proyecto, sino contra la inconstitucionalidad de algunos de los artículos. Por eso, solicitamos que vuelva a Comisión para su tratamiento adecuado”, había pedido.
A través de la página Change.Org se elevó además una petición para la medida sea aprobada a nivel nacional. La solicitud ya logró juntar casi 370 mil firmas. “Esta petición tiene por objeto solicitar a los legisladores, nacionales y provinciales, la aprobación de una ley que impida que cualquier persona que tenga condena o condena confirmada por otro tribunal superior pueda ser candidata a cargos de elección popular”, señala la petición.
“Así, por ejemplo esta ley imposibilitaría que alguien que ha sido condenado y/o condenado en segunda instancia por actos de corrupción (*) sea candidato a Presidente de la Nación Argentina a menos que se hubiera revocado posteriormente la condena o bien hubiesen transcurrido ocho años desde la conclusión de la sentencia condenatoria”, agregó.
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