La Justicia Federal de Bariloche se prepara para constatar los daños que la supuesta agrupación mapuche Lafken Winkul Mapu efectuó sobre el predio que pertenece a Gas del Estado, en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche.
La diligencia ordenada por la fiscal federal Silvia Little estaba prevista para el lunes 2, aunque debió reprogramarse debido a la presencia de integrantes de la agrupación mapuche dentro del lugar. No obstante, fuentes confiaron que se llevará a cabo en los próximos días y la misma podría estar a cargo de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
El predio vacacional de Gas del Estado es lindero al del obispado de San Isidro, que también es ocupado por los mismos encapuchados, sobre el cual hay una medida judicial vigente de desalojo dispuesta por el juez de garantías Martín Arroyo.
El avance de los mapuches, desde su instalación en 2017 en tierras pertenecientes a Parques Nacionales, fue sostenido y alcanzó tanto a predios privados como públicos.
Los responsables del predio de Gas del Estado denunciaron en mayo de este año a los mapuches por incendiar una cabaña y agredir a los bomberos de la Policía Federal que acudieron a extinguir las llamas.
La presencia del grupo quedó manifiesta cuando colocaron carteles, banderas y trapos de la agrupación en la tranquera del lote, aunque en los últimos días también varios de sus integrantes fueron vistos en el interior.
“Están adentro del predio, van de un lote a otro e incluso se refugian en uno de los edificios de Gas del Estado que permanece en pie. La chimenea humea todo el tiempo”, sostienen los vecinos.
Además del incendio que provocaron en una de las cabañas, los mapuches derribaron un árbol legendario que cayó sobre otra de las edificaciones que tenía el complejo vacacional.
La primera denuncia que realizó el organismo nacional fue el 22 de mayo, cuando una de las estructuras quedó reducida a cenizas producto del incendio que causaron y que se adjudicaron. Luego también se radicó otra presentación ante el Juzgado Federal por usurpación, cuando los mapuches avanzaron sobre el terreno y tomaron posesión.
A fines de agosto, la comunidad mapuche denunció que fue blanco de un ataque “a tiros” de parte de desconocidos que estaban apostados en el predio de Gas del Estado. A partir de ese ataque, que denunciaron a través de sus redes sociales, anunciaron la “necesidad y urgencia” de avanzar en la ocupación del territorio hacia otras tierras de jurisdicción nacional, haciendo referencia puntualmente al predio en cuestión.
“Mantenemos firme nuestro lineamiento en la recuperación y control territorial, en base a la autodefensa y la autonomía”, dijeron los mapuches en sus declaraciones públicas y agregaron que “contra la envestida racista, policial y para policial combatiremos hasta el final”.
Su anuncio de avanzar sobre ese lote se cristalizó poco después cuando, definitivamente, tomaron posesión del terreno público, que motivó la denuncia correspondiente en el Juzgado Federal.
Con su instalación en el último lote, ya son tres los espacios que ocuparon los encapuchados, dos de ellos con causas que tramita el juez subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, y la restante en trámite en la justicia ordinaria por tratarse de una propiedad privada. Este último es el único que tuvo avances con la orden de desalojo, que luego el Obispado de San Isidro solicitó que no se actúe hasta que no estén “las garantías” en materia de seguridad para los ocupas y los efectivos que lo lleven adelante.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro avanzan en un plan de seguridad para la zona, cuya implementación es inmediata, con la puesta en funcionamiento de las cámaras de seguridad, tanto fijas como en móviles de Parques Nacionales, y el incremento de efectivos de Gendarmería Nacional.
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