A primera hora de este jueves, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, inició el desalojo de la toma de Guernica. Más de 4.000 efectivos participan del operativo: fuerzas especiales, helicópteros, motos y caballos.
Se trata de un mega operativo, el mayor para intervenir en un incidente de este tipo. Alrededor de cuatro mil policías para echar del predio ubicado en Presidente Perón a aproximadamente 4.417 personas -según censó la Provincia-.
Bajo un clima de extrema tensión y ante el temor de la Gobernación de que la situación se desborde de manera violenta, intervienen 550 efectivos de la Regional Capital, 40 de la Dirección de los Grupos de Apoyo Departamentales (G.A.D.), que tienen la misma formación que el Grupo Halcón, y unos 112 efectivos a cargo del director de esa fuerza.
Allí está incluido el equipo de negociación, por si hace falta entablar algún tipo de diálogo con los cabecillas de la toma que se niegan ser desalojados. La Dirección Unidades Tácticas Operaciones Inmediatas (UTOI) también tendrá participación del impresionante despliegue de fuerza con otros 100 uniformados.
A estos se les suman 800 policías de Infantería y 50 motos “bitripuladas”, es decir, 100 efectivos más. Dadas las características del lugar, escarpado, con varias salidas, un arroyo que lo cruza y zonas pantanosas, también se dispuso de, al menos, 50 efectivos con monta que dependen de la Dirección de Caballería y otros 450 policías, un buen número de ellos provenientes de Escuadrones del Interior de la Provincia.
En total 4.095 efectivos, según el parte interno al que accedió Infobae.
Intentando generar más tiempo para que lleguen a buen puerto las negociaciones entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y los usurpadores, Berni solicitó ante el juez de Garantías número 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, postergar el desalojo para el lunes 2 de noviembre. El ministro había argumentado su solicitud amparándose en posibles tormentas que afectarían el despliegue de los efectivos de seguridad en el terreno pantanoso que fue ocupado a mediados de julio en plena cuarentena. Sin embargo, el magistrado resolvió que como máximo este viernes el predio debe estar liberado.
Ayer a última hora, el fiscal a cargo de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, les aseguró a los abogados que defienden a los imputados por la usurpación que, a no ser que lloviese, en las próximas horas irrumpiría en el predio junto al pelotón de uniformados liderados por Berni. Además prometió que, las personas que abandonen el lugar de forma pacífica no serán imputadas por el delito de usurpación y resistencia a la autoridad, a la vez que anticipó que los hospitales de la zona ya fueron puestos en alerta por si se producen incidentes.
El fiscal también les manifestó a los defensores de los usurpadores su malestar por las constantes dilaciones y la falta de voluntad de acordar que demostraron ante cada propuesta del Gobierno provincial.
En la última propuesta, realizada por el ministro Larroque y el equipo interministerial que montó un dispositivo en el ingreso al predio tomado, la provincia de Buenos Aires les ofreció a las familias que aceptaban retirarse de manera pacifica subsidios de 50.000 pesos para ampliar sus viviendas en el lugar de origen, ya que la mayoría tenía vivienda pero estaban hacinados en casas de familiares.
También ponían a disposición subsidios para alquilar que partían de los 15.000 pesos mensuales, para alojarse entre 4 y 6 meses hasta que se adquirieran los 650 lotes definitivos con servicios del luz y agua como parte del Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat en el Partido de Presidente Perón, para los grupos familiares que “evidencien problemas habitacionales estructurales”.
Esos lotes, se aclaraba en el acta que finalmente no fue homologada, ya que los delegados de los barrios no la refrendaron, “serán escriturables, con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados y serán adjudicados prioritariamente a las mujeres de los grupos familiares”.
En principio por presión de los grupos más radicalizados de la toma, pero también por la desconfianza con respecto a que el gobierno de Kicillof no cumpliese con las promesas, la mayoría de las familias y personas no aceptaron el acuerdo.
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