La Argentina no votó una resolución de la OEA que exige al régimen de Nicaragua un proceso electoral sin fraude

La dictadura liderada por Daniel Ortega se resiste a establecer reglas de juego transparentes para los comicios de presidenciales de 2021, adonde buscará una nueva reelección con la oposición política prohibida y censurada

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Esteban Biba/Archivo
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Esteban Biba/Archivo

La Argentina se abstuvo de votar una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que exige una reforma electoral inmediata en Nicaragua para garantizar la transparencia de los comicios presidenciales convocados para fines de 2021. Daniel Ortega, dictador nicaraguense, resiste la posición de la OEA para evitar una posible derrota en las urnas.

El vicecanciller argentino Pablo Tettamanti destacó al sustentar el voto de absetnción de la Argentina que el gobierno de Alberto Fernández “sigue con preocupación la situación de Nicaragua que debe ser abordada y definida por los nicaraguenses”.

No obstante, el gobierno argentino planteó en la OEA que la resolución que se aprobó contempla resoluciones de reformas legislativas que corresponden a la misma Nicaragua llevar adelante. Por esto, Tettamanti dijo: “la OEA no puede pretender imponer desde afuera sostener los estándares internacionales que no encuentran antecedentes en la legislación interna ni en la mayoría de nuestros países”.

De esta manera, la Argentina remarcó que las reformas constitucionales y electorales “deben darse en la plena libertad de cada uno de los países” y el vicecanciller Tettamanti alegó también que los países que elaboraron el proyecto de declaración no incluyeron a la Argentina en las consultas para la elaboración del mismo.

En la mención al caso de Nicaragua el vicecanciller no hizo mención alguna a las violaciones a los derechos humanos y falta de libertades que impone el régimen de Daniel Ortega como lo dejaron expuesto otros países.

El proyecto aprobado por la Asamblea General de la OEA se avaló con 20 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. La Argentina votó junto con México en esta posición de abstención que resulta ser una suerte de aval al régimen de Daniel Ortega.

El texto pide una reestructuración del Consejo Supremo Electoral -controlado por el oficialismo- para garantizar que funcione de forma independiente, transparente y responsable.

La resolución de Nicaragua fue impulsada por seis países: Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, EEUU y Venezuela, que en la OEA está representada por un enviado del presidente interino Juan Guaidó, ya que el régimen de Nicolás Maduro abandonó el organismo por iniciativa propia en abril de 2019. Nicaragua, junto a San Vicente y las Granadinas, votó en contra y 12 países se abstuvieron, incluyendo Argentina, México y Honduras.

Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones en noviembre de 2021, unos comicios en los que probablemente Daniel Ortega, en el gobierno desde 2007, busque un nuevo mandato. Estos serán los primeros comicios desde la ola de protestas que sacudió el país en 2018, un movimiento que comenzó con manifestaciones en contra de una reforma del seguro social y que derivó en una movilización más amplia de rechazo al gobierno y cuya represión dejó al menos 328 muertos.

La iniciativa de la OEA insta a “que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE), antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021”.

La resolución también pide al régimen nicaragüense que acepte el despliegue “amplio y efectivo” de misiones de observación electoral integradas por observadores internacionales independientes. Asimismo, consideró “esencial” que el proceso electoral “conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos”.

También pide a Ortega que permita la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votantes, así como la distribución de tarjetas de identificación. Y se pide un recuento de los resultados que sea transparente y cuyos resultados sean retransmitidos en tiempo real.

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