A más de cuatro meses de la escandalosa compra de 5 millones de barbijos por parte del Gobierno porteño, la investigación judicial todavía no tiene funcionarios indagados y solo se concentró en intentar recuperar el dinero. De los $162 millones que había desembolsado la Ciudad, hasta ahora se lograron congelar unos $80 millones en diferentes cuentas bancarias, pudo saber Infobae con fuentes de la causa. El Gobierno recuperó $60 millones que estaban en poder del único detenido, el empresario Damián Nevi. Los otros $20 millones estaban repartidos entre diferentes empresas. Algunas ya se presentaron ante la Justicia para pedir que se levanten los embargos.
El escándalo, revelado por este medio, arrancó el 30 de marzo, con la adjudicación directa a la firma E-ZAY por un total de $340 millones. La resolución estaba firmada por el entonces subsecretario de Administración del Ministerio de Salud, Nicolás Montovio, el mismo que le adjudicó los barbijos N95 a la empresa Green Salud, del abogado Ignacio Sáenz Valiente. Montovio fue el primero en dar un paso al costado aunque en la Ciudad nadie cree que haya sido el verdadero responsable.
Tres días después de la adjudicación, la Ciudad transfirió $162.350.000 (170 millones menos los impuestos) a la cuenta bancaria de E-ZAY, una empresa dedicada al rubro informático que recién había empezado a vender insumos sanitarios con la pandemia del Covid-19. Ese mismo día, el 2 de abril, la firma le transfirió $60.500.000 a su proveedor, el empresario Damián Nevi.
Cuando estalló el escándalo, la jueza Paula González ordenó la detención de Nevi y congeló su cuenta en el banco Credicoop. Todavía estaban los $60.500.000. En paralelo, el fiscal Maximiliano Vence, que investiga el mismo hecho a raíz de una denuncia del Gobierno porteño, pidió inmovilizar la cuenta de E-ZAY. De los $162 millones depositados por la Ciudad, el 30 de abril en esa cuenta solo quedaban $1.195.280.
Fuentes judiciales confirmaron que el dinero ingresado a la cuenta de E-ZAY fue distribuido en 42 cuentas. En su descargo ante la Justicia, la empresa asegura que invirtió más de $90 millones para comprar barbijos y hasta dice haber cumplido con el contrato con la entrega de 1.610.300 barbijos. Pero hay varias transferencias sospechosas a empresas de otros rubros, incluso agropecuarias. En el listado aparecen Kimbrly Clark Argentina, Auto Leasing Sa, Fundadores Sa, Guidolin Franco Ariel, Procter & Gamble Argentina SRL, Scapuccio Good Group SRL, Suavalle SRL, Agropecuaria Celta SA, Agro Bertero SA.
Para explicar esos movimientos, E-ZAY aseguró que fue un “intercambio” con esas empresas a cambio de efectivo, indispensable para comprar barbijos en las primeras semanas de la pandemia. A cambio, las firmas mencionadas habrían logrado fondear sus cuentas.
Algunas de esas empresas ya pidieron que se levante la medida cautelar. Otros, en cambio, prefirieron esquivar a la Justicia y dieron por perdido el dinero.
Además de los $60.500.000 inmovilizados a Nevi, la Justicia porteña congeló otros $20 millones. “El monto restante se está persiguiendo con la ruta del dinero, muchas de las cuentas que recibieron los fondos fueron vaciadas o pertenecían a terceros de buena fe”, dijo una fuente con acceso al expediente.
La investigación de la justicia porteña todavía no avanzó sobre la responsabilidad de los funcionarios que habrían sido cómplices o que, al menos, no revisaron los antecedentes de la empresa involucrada. Todavía no se pudo determinar quién o quiénes le sirvieron el negocio a la empresa E-ZAY. Ni siquiera hubo un llamado a indagatorias. “Estamos recolectando pruebas y siguiendo la ruta del dinero”, justificó una fuente de la investigación.
El único nombre que apareció en estos meses lo aportó el dueño de esa firma. En su descargo, Leandro Morbelli dijo que el intermediario con el Ministerio de Salud fue el médico Eduardo Kaplan, quien en un comienzo habría ofrecido test de PCR a la Ciudad. “Pocos días después el Ministerio de Salud GCBA le indicó a Kaplan que requería la provisión urgente de 5 millones de barbijos tricapa de un solo uso”, dice esa presentación judicial a la que tuvo acceso este medio.
“Todos recibíamos decenas de propuestas en las primeras semanas”, se justifican todos los funcionarios consultados por este medio a la hora de explicar el escándalo de los barbijos. Además de Nicolás Montovio, también tuvo que dejar su cargo Santiago Costabel, que cumplía funciones como Director General de la Dirección General Abastecimiento de Salud.
El escándalo, sin embargo, dejó heridas abiertas dentro del Gobierno porteño y desnudó las internas en el gabinete.
Del sumario interno que se había prometido al comienzo, casi no hay noticias. Tampoco hubo avances en la comisión investigadora que creó la Legislatura porteña. “La plata que no le dieron a los enfermeros se la gastaron en barbijos”, ironizó el legislador del Frente de Todos Leandro Santoro.
Hasta ahora, el único responsable por el escándalo de los barbijos es el empresario Damián Nevi, quien también logró estafar al gobierno de la provincia de Buenos Aires con la venta de 200 respiradores. En apenas 24 horas, ese empresario cobró $60.500.000 por los barbijos y otros $68.952.000 como adelanto por los respiradores.
Ese dinero nunca apareció. Tampoco llegaron los respiradores prometidos. En realidad, el comerciante intentó entregar 90 equipos de otra marca que no cumplían la misma función. Esos aparatos todavía están guardados en un galpón de Ezeiza mientras la Justicia define su destino. Y Nevi pasa sus días en prisión.
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