Un nota enviada por la Secretaría General de Interpol podría complicar la inminente declaración que debía prestar el próximo 5 de octubre próximo el ex director del organismo Ronald Noble en la causa por Memorándum con Irán, la denuncia que motorizó el fiscal Alberto Nisman antes de morir y por la que está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner. Es que las autoridades de Interpol advirtieron que su ex director Ronald Noble y su ex encargado de asuntos jurídicos Joel Sollier “no pueden ser citados como testigos” en la causa sin que la organización lo haya autorizado, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
Este escenario complica la jugada de la defensa de CFK y el resto de los acusados. Es que Noble es presentado como un ex funcionario de altísimo nivel que iba a contradecir la principal acusación de Nisman: esto es que el Memorándum se firmó en beneficio de Irán para suspender las alertas rojas de detención contra los miembros del régimen fundamentalista que supuestamente participaron del ataque a la AMIA y que continúan prófugos para justicia federal de la Argentina.
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Puntualmente, Interpol le pidió a la justicia argentina saber de qué se trata la citación porque, en su rol de funcionarios de Interpol, gozan de inmunidad diplomática. Y solo podrán declarar si Interpol autoriza esa declaración. Lo que está claro es que la nota de Interpol obligará a demorar la audiencia prevista para el próximo 5 de octubre, en donde se iba a escuchar, por videoconferencia, a Noble, precisaron las fuentes judiciales a este medio. La testimonial de Solliler está prevista para 19 de octubre. Pero ahora todo quedó en manos de Interpol.
El dato no es menor sobre todo por la expectativa de las defensas sobre la declaración de Noble. Es que Noble cruzó a Nisman apenas el entonces titular de la UFI AMIA hizo la denuncia por el pacto con Irán contra la ex presidenta. También se había pedido la declaración de Joel Sollier, consejero jurídico en 2013 que, en línea con Noble, manifestó cuando se firmó el Memorándum que el acuerdo no implicaba “ningún tipo de cambio en el estatus de las certificaciones rojas aplicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA”.
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Todo ocurre en el marco de la causa que se abrió a raíz de la denuncia de Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA que apareció muerto el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento, con un tiro en la cabeza. La justicia investiga su crimen como un asesinato en el marco de la función que ocupaba.
Cuatro días antes de su muerte, Nisman había radicado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios. Aseguró que el Memorándum firmado en 2013 con Irán era en realidad un plan de impunidad para que los iraníes acusados de ser los ideólogos del atentado contra la mutual judía -que mató 85 personas- quedaran impunes. En ese momento, el entonces canciller Héctor Timerman, también denunciado desmintió esa acusación y aseguró, citando comunicaciones con Ronald Noble, que las alertas rojas nunca estuvieron en peligro.
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La denuncia de Nisman fue primero desestimada, pero más tarde fue reabierta por Casación y el fallecido juez Claudio Bonadio avanzó con la investigación hasta que el 7 de diciembre de 2017 procesó y mandó detener a varios de los acusados. Los acusados fueron Cristina Kirchner -por entonces senadora y con fueros-, el ex canciller Héctor Timerman -que tuvo arresto domiciliario por razones de salud-, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini -hoy Procurador del Tesoro-,el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el lobbista iraní Jorge Khalil.
Sin prisión preventiva, fueron procesados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, hoy senador; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, que hoy es viceministro de esa área; el diputado nacional Andrés Larroque, ahora a cargo de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires; el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el agente de inteligencia Alan Bogado.
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Tras la confirmación de los procesamientos en la Cámara Federal a fin de 2017, esa parte de la causa pasó a juicio oral, mientras que el juez Bonadio se quedaba con una parte aún en investigación y en donde se abría la puerta a investigar a Noble como imputado. El TOF 8 liberó a todos los detenidos a la espera del juico oral, salvo a Esteche que tenía otros procesos y siguió preso hasta agosto de 2019.

El 9 de diciembre de 2019 Zannini le pidió al tribunal oral que tiene en sus manos la causa del Memorándum con Irán– que se le tome declaración ya mismo, antes del debate, a dos funcionarios claves de Interpol, en busca de poner en jaque la hipótesis de la acusación. En agosto pasado, el fiscal Marcelo Colombo que aseguró que debe avanzarse rápidamente al juicio oral y escuchar la declaración de Noble. Según reveló entonces Infobae, el fiscal aseguró que “no existe imputación formal” contra Ronald Noble, más allá de que la querella de los familiares presentados en el expediente han solicitado su acusación en la parte del expediente que aún continúa en instrucción. El 21 de agosto, el TOF decidió citar a Noble y Sollier como testigos y avanzar hacia el debate oral, con una investigación suplementaria. Fijó audiencia para el 14 de diciembre y aceptó a más de 300 testigos para el juicio.
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Pero ahora llegó la nota de Interpol, a la que accedió este medio: “La Secretaría General observa que está tratando de tomar testimonio al Sr. Noble y al Sr. Sollier en el marco de este procedimiento. Basándose en la premisa de que el testimonio solicitado guarda relación con las funciones o deberes del Sr. Noble y del Sr. Sollier mientras actuaban como Secretario General y Consejero General de INTERPOL, respectivamente, la Secretaría General sostiene lo siguiente: INTERPOL, así como su Secretario General y su personal, gozan de prerrogativas e inmunidades, incluyendo la inmunidad de jurisdicción en relación con todas sus funciones oficiales. Esas prerrogativas e inmunidades, necesarias para el funcionamiento eficaz e independiente de la Organización, están en línea con la Constitución, los reglamentos y las normas de INTERPOL, las resoluciones y los acuerdos bilaterales concertados entre la Organización y sus Estados Miembros”, se sostuvo.
Según señala el documento, “la inmunidad de jurisdicción se extiende a todas las etapas del derecho civil y penal, incluyendo las citaciones para comparecer como testigo en cualquier procedimiento de esa índole, y además continúan incluso después de la cesación de sus servicios, como ocurre con el ex Secretario General y el ex Consejero General. La Secretaría General desea recordar que estas prerrogativas e inmunidades sólo pueden ser retiradas por la Organización”.
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“En consecuencia, a la luz de lo que antecede, y sobre la base de la información proporcionada hasta la fecha, la Secretaría General de la INTERPOL considera que el Sr. Noble y el Sr. Sollier no pueden ser citados como testigos en este asunto sin que los órganos competentes de la Organización hayan determinado previamente que tal acción es conforme con la Constitución, los reglamentos y las normas de INTERPOL -se sostuvo-. La Secretaría General confía en que las autoridades argentinas adoptarán las medidas apropiadas para cumplir con las normas internacionales relativas a los privilegios e inmunidades, incluyendo las establecidas en el Acuerdo relativo a la Sede de la Oficina Subregional para América del Sur, así como para garantizar el máximo respeto al principio de neutralidad consagrado en la Constitución y las resoluciones de INTERPOL”.

La nota de Interpol, ahora, podría suspender la citación de Noble del 5 de octubre. Según pudo saber Infobae, el TOF 8, integrado por la jueza María Gabriela López Iñiguez, José Michillini y Daniel Obligado, pusieron en conocimiento a las partes del proceso para que opinen qué se debe hacer. Las defensas reclamarán que el TOF explique a Interpol por qué la necesidad de convocarlos como testigos.
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“Esto nos da la razón de por qué esta declaración había que oírla durante la instrucción -algo que no se hizo- y antes del juicio oral. Esto no se puede hacer en medio del debate. Veremos qué pasa ahora, pero esperamos que los acusadores, si es real que quieren conocer la verdad, nos acompañen en el pedido”, afirmó en diálogo con Infobae el abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor de Zannini.
La querella de Luis Czyzewski y Mario Averbuc -los dos familiares de las victimas de AMIA presentados en la causa- también estudiaba qué hacer. “Consideramos que Noble sabía que no podía declarar cuando se ofreció como testigo en la Cámara Federal cuando se apelaron los procesamientos. Esto refuerza la idea de que Noble no puede declarar en la causa. Nosotros consideramos que fue imputado por la Cámara Federal y un imputado no puede declarar como testigo”, dijo el abogado Tomás Farinni Duggan ante la consulta de este medio.
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Si eventualmente Interpol no concediese la autorización para declarar, las defensas entenderían que se está violando su derecho de defensa. Pero también parece dejar claro que si Noble no pueden ser oídos como testigo, mucho menos como imputado si es que Interpol no lo autoriza. Final abierto.
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