Un día después de la que la Cámara de La Plata ordenó el desalojo de la toma de tierras en Guernica, tanto el Gobierno nacional como la administración bonaerense de Axel Kicillof se encuentran abocados a garantizar que el desalojo se realice en forma pacífica y buscan alternativas para reubicar a las familias en terrenos fiscales.
Por el momento, la situación de crisis que se vive en la policía bonaerense impide que se avance con la decisión judicial de desalojar las 100 hectáreas ocupadas en Guernica por unas 2.000 familias en el municipio de Presidente Perón.
La intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, expresó hoy a Infobae que la toma de tierras en Guernica está impulsada por “movimientos sociales o partidos políticos de izquierda” y rechazó la idea de buscar terrenos fiscales de su comuna para trasladar a las familias que están asentadas allí y que deben ser desalojadas por la orden judicial.
“Los vecinos de aquí no están en esa toma de tierras. Se trata de gente de otros municipios como La Matanza, Quilmes o Almirante Brown por lo que deben volver a sus lugares de origen”, dijo Cantero.
En este sentido, desde la intendencia de Presidente Perón no se está pensando en un plan alternativo de relocalización de los ocupantes de tierras en Guernica por otra simple explicación: la intendenta asegura que no hay tierras fiscales disponibles en el municipio y que todos los terrenos ocupados son privados.
En medio de este conflicto, la justicia aún no emitió la orden para desalojar a las personas que están asentadas en Guernica desde hace más de un mes aunque la Cámara de La Plata instruyó que “el desalojo colectivo deberá ejecutarse en fecha a determinar y deberá ser en horario diurno y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”.
El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, se manifestó hoy sorprendido por la decisión judicial ya que, dijo, se estaba buscando una solución pacífica en una mesa de diálogo con los actores involucrados.
No obstante, tanto Larroque como Kicillof coinciden en exigir a la justicia que fije un protocolo de desalojo para evitar una situación violenta. Es que en el fallo de la Cámara se sostiene que solo se debe acudir al uso de la fuerza “en lo que resulte indispensable y en la menor medida posible” y destacan que “deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran”.
Desde el Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic dijeron que las fuerzas federales no se involucrarán en el tema porque el conflicto responde a un caso de jurisdicción provincial. Pero en coincidencia con el gobernador Kicillof se mostraron proclives a que el desalojo se realice de manera pacífica y cumpliendo un protocolo ordenado.
Como un segundo paso tanto la administración de Kicillof como desde el Ministerio de Territorio y Habitat que en el gobierno nacional conduce María Eugenia Bielsa se están analizando alternativas a una “salida integral” del conflicto.
El Ministerio que conduce Bielsa ya tiene elaborado un plan nacional de “Suelo urbano” para la conformación de bancos de tierra provinciales y municipales para el desarrollo de lotes con servicios.
En este sentido, el programa busca dar solución a la problemática del hábitat o hacinamiento que existe en gran parte del conurbano. Hasta ahora los únicos municipios que suscribieron al programa de “Suelo urbano" son los de Salto, Luján, Mercedes y 25 de Mayo. Pero hay pendientes otras comunas que se sumarían en los próximos días para atender la situación de vivienda en sus distritos.
Antes de tomar una determinación sobre la relocalización de familias que hoy ocupan tierras en Guernica se evaluará cada caso en particular teniendo en cuenta que se trata de más de 2.000 familias y no todos los casos son iguales. Desde la gobernación bonaerense dijeron que se analizará cada grupo familiar para dar una “solución integral”.
La gente que se encuentra en el lugar y ahora por orden judicial deberán abandonar el predio de Guernica comenzó a instalarse allí a partir del 20 de julio y poco a poco la zona se pobló con estructuras muy precarias.
La intendenta Cantero dijo que se trata de un grupo que tiene un apoyo político de sectores de izquierda y que están ocupando terrenos que son privados. En rigor, las personas que usurparon los terrenos son asesoradas y representadas por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, un colectivo que interviene con frecuencia en causas populares.
La provincia de Buenos Aires, y sobre todo en el área del Conurbano, ya fueron tomadas unas 4.300 hectáreas de tierras fiscales y privadas. Se usurparon predios donde se iban a construir barrios cerrados –como en Guernica– y hasta complejos de viviendas sociales que estaban por ser entregadas o con un freno en la construcción, como el denominado barrio ACUMAR, en González Catán.
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