El Senado de la Nación se convertirá durante esta semana en el escenario central de una fuerte puja política entre oposición y oficialismo con el avance de tres proyectos clave para la Casa Rosada: la reforma judicial, la moratoria impositiva y la ampliación del Presupuesto.
Ante este panorama, la tensa relación entre los principales referentes de Juntos por el Cambio y la vicepresidenta Cristina Kirchner podría jugarle en contra a la Casa Rosada.
Durante las últimas sesiones, que se llevan adelante bajo la modalidad virtual, la presidenta de la Cámara alta protagonizó diferentes cruces con Luis Naidenoff, Martín Lousteau y Esteban Bullrich.
El enfrentamiento con el ex ministro de Educación durante la gestión de Mauricio Macri, de manera particular, ocurrió el viernes 31 de julio, cuando Cristina Kirchner pidió “cortarle el micrófono” durante un descargo frente a las críticas del jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans.
A raíz de esta cadena de episodios, Bullrich abrió la incertidumbre sobre la continuidad de las sesiones virtuales. “Así no podemos seguir”, consideró el dirigente de Juntos por el Cambio y reclamó el retorno a los debates presenciales.
Este martes, como parte del debate previo del proyecto de reforma judicial, participarán de las audiencias la ministra de Mujeres, Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, el ex titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Jorge Rizzo, la defensora General de la Nación e integrante de Justicia Legítima Stella Maris Martínez, el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, el presidente de la Asociación de Fiscales nacionales Carlos Rívolo y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Además fueron convocados a la audiencia la fiscal de los Tribunales Federales de Comodoro Py Gabriela Baigún; el presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón, y la fiscal Mónica Cuñarro.
También estaba prevista la visita del ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni -muy cercano a Cristina Kirchner y defensor de la reforma- pero fue pospuesta por segunda vez por compromisos laborales.
Será la tercera reunión remota para debatir la iniciativa que abrió la semana pasada la ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien sostuvo que el proyecto del Gobierno busca “cambiar la imagen de la Justicia” para que “los ciudadanos reciban un servicio de justicia eficiente”. En la última jornada de debate, funcionarios judiciales cuestionaron la iniciativa y consideraron que no resolverá los problemas de la administración de justicia. Además cuestionaron la creación de nuevos juzgados en detrimento de las fiscalías, ya que el nuevo Código de Procedimiento Penal busca reemplazar el sistema inquisitorio por uno acusatorio.
Desde el oficialismo prevén este martes una discusión extensa y aseguran que están dispuestos a recibir aportes de la oposición. La estrategia del peronismo es consensuar en el Senado los cambios necesarios para que la iniciativa no quede trunca en Diputados, donde no tiene mayoría automática.
Aunque aclararon que las modificaciones propuestas por la oposición no deberán altear “el espíritu de la ley”.
La oposición, por su parte, no defiende el funcionamiento actual de la Justicia pero señala que las urgencias de la sociedad pasan por la gestión de la pandemia, la economía y la inseguridad. Además, manifiesta su desconfianza ante la posibilidad de la ampliación de la Corte (a cargo de un Consejo Asesor) y por el futuro de los jueces que actúan en las causas que involucran a Cristina Kirchner.
Sin embargo, el proyecto también generó tensiones al interior de la coalición opositora. Por eso, este lunes a las 9 volverán a reunirse vía Zoom los integrantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio para alinear posturas. Mauricio Macri confirmó su participación desde la Costa Azul de Francia.
Los referentes del PRO, la Coalición Cívica y la UCR decidirán, entre otras cosas, si avalan o rechazan la continuidad de las sesiones virtuales en Diputados. La reforma judicial, argumentan, no está entre los temas que generan el consenso suficiente para habilitar un tratamiento virtual.
Otro tema de vital importancia para Alberto Fernández -que tendría el camino más despejado- es la ampliación del Presupuesto.
El incremento del gasto, que ya fue aprobado la semana pasada en Diputados, autoriza al Ejecutivo a aumentar las erogaciones públicas en $1,9 billones, de los cuales el 80% -según dicen- será destinado a la implementación de programas productivos, laborales y sociales con el objetivo de paliar las consecuencias de la pandemia.
Con el incremento del 33,6%, se proyecta un total de gastos para este año alcanzará los $7,3 billones. La iniciativa es clave para dar inicio al programa de reactivación económica tras la salida de la cuarentena.
La oposición decidió acompañar el proyecto en general pero rechazar algunos artículos en particular. Para lograr su apoyo el Gobierno fue cediendo en distintos puntos: por ejemplo, creó un fondo de compensación para el transporte de pasajeros por $10.500 millones y, además, eliminó el artículo que modificaba el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la leche.
Finalmente, el Senado buscará convertir en ley el proyecto de ampliación de la moratoria impositiva que le permite a las pymes y grandes firmas incluir deudas hasta el 31 de julio.
Se trata de una de las medidas que el Gobierno impulsó como parte del paquete post cuarentena y que busca aliviar la carga financiera de las empresas, asfixiadas por los efectos del aislamiento preventivo del Covid-19.
El proyecto de ley establece que se podrá acceder a planes entre 48 y 120 cuotas para regularizar las deudas acumuladas hasta el 31 de julio. Además, los contribuyentes podrán adherirse hasta el 31 de octubre a la moratoria y deberán pagar la primera cuota del 16 de noviembre.
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