De Sousa recusó a los jueces de la Cámara Federal que limitaron el período durante el cual se analizarán las llamadas de Mauricio Macri

Fabián De Sousa recusó, en su rol de querellante, a los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, los integrantes de la Cámara Federal que el jueves firmaron una resolución en la que decidieron revocar la decisión tomada por la jueza María Servini para analizar las comunicaciones de Mauricio Macri y sus funcionarios entre 2016 y 2019.

La Cámara Federal dispuso limitar el examen de esas comunicaciones a un período de tiempo más puntual relativo a los hechos que se investigan. En el expediente, De Sousa acusó a Macri y varios de sus hombres de confianza de haber formado una asociación ilícita para desapoderarlo del Grupo Indalo. El caso es investigado por María Servini y el fiscal Guillermo Marijuan.

“Respetuosamente solicitamos a los Sres. Magistrados (Irurzun y Bruglia) que se aparten del conocimiento de las actuaciones o, en caso contrario, remitan este escrito de recusación al Tribunal competente para que resuelva la incidencia”, afirmó el escrito De Sousa, patrocinado por el abogado Carlos Beraldi. También pidieron que se abstengan de intervenir en en la causa hasta que el tema sea resuelto.

En el escrito al que accedió Infobae, De Sousa aseguró: “Los Sres. jueces Bruglia e Irurzun inclinaron la balanza en favor del ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y de las demás personas aquí sindicadas como sus cómplices, partícipes y encubridores, vedando nuestra participación en el proceso e impidiendo que se investiguen tramos ejecutivos decisivos de la organización delictiva que todos ellos conformaron desde las más altas esferas del Estado nacional”.

Ayer, a raíz de este fallo de la Cámara Federal, Cristina Kirchner había afirmado en sus redes sociales: “No hay argentino más impune que Macri”. En esos mensajes, trató a Irurzun como “el de la doctrina de las prisiones preventivas para los opositores a Macri” y a Bruglia como “el trasladado flojo de papeles”.

De acuerdo al escrito presentado por Beraldi, De Sousa habló de “prejuzgamiento”, “temor de parcialidad” e “interés en el resultado del pleito”. Puntualmente se recordó una foto en la que se veía a Irurzun y a Fabián Rodriguez Simón, uno de los asesores de Macri, y afirmó que “el contenido de la publicación en cuestión, jamás desmentido por sus protagonistas, constituye un hecho de gravedad institucional superlativa”.

“Concretamente, se describe cómo un juez y un lobbista discuten en un bar la manera en que deberían ser resueltas las causas judiciales que atañen a gente poderosa cuyo malhumor, de alguna manera, podría entorpecer los negocios ejecutados durante el anterior gobierno. En pocas palabras, se trata de un hecho tremendo. Así las cosas, resulta inadmisible que el Dr. Irurzun actúe en este expediente administrando justicia, cuando uno de los imputados es nada más ni nada menos que el nombrado Rodríguez Simón”, se aseguró.

Sobre las comunicaciones de Macri y sus funcionarios, la querella cuestionó que la Cámara revocara el análisis de esos teléfonos durante un período de tres años, a pedido de las defensas del ex presidente y Rodríguez Simón, cuando ya había ingresado un segundo incidente sobre lo mismo. De esta manera, sostuvo Beraldi, los magistrados resolvieron “el fondo de la controversia sin siquiera darle la palabra al Ministerio Público Fiscal ni a esta querella”. Añadió que tampoco se notificó a su parte sobre el fallo del jueves, algo que se enteraron por los medios de comunicación.

La presentación resaltó que “en este expediente se investiga una organización delictiva integrada, entre otras personas, por altos funcionarios del anterior gobierno nacional -entre ellos, el ex presidente Mauricio Macri-, quienes se valieron del poder estatal y de los recursos a su disposición para llevar a cabo múltiples actos delictivos en contra de las empresas del Grupo Indalo, -en particular, las sociedades que se encargan de administrar medios de comunicación- y de los beneficiarios finales de todas esas compañías, Cristóbal López y Fabián De Sousa”.

“A través de distintas maniobras de hostigamiento, extorsión y amedrentamiento, sumadas a un sinfín de actos funcionales abusivos e ilegítimos, los miembros de esta organización criminal procuraron desguazar a las compañías que integran dicho conglomerado societario, vender sus bienes a precio vil y apoderarse de todos sus activos -con particular interés, como se anticipó, en las empresas que administran medios de comunicación, que siempre mantuvieron una línea editorial independiente-, lo cual derivó en gravísimos perjuicios no solo para nuestro representado, su socio y sus empresas, sino también para el propio Estado nacional”, se añadió.