Una propiedad valuada en 30 millones de dólares que fue adquirida por Daniel Muñoz, receptor primario de los bolsos con dinero para las coimas que se pagaron por la obra pública durante el kirchnerismo, puede ser decomisada por las autoridades argentinas si actúan con celeridad. Si no lo hacen, el dinero jamás volverá al país.
Los únicos ingresos legales que tuvo Muñoz fueron los que percibió como secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner. Así consiguió amasar una fortuna cercana a los 70 millones de dólares en propiedades que fueron detectadas por la justicia como consecuencia de la investigación iniciada en 2018 y conocida como “Los cuadernos de las coimas”.
El ex chofer de Roberto Baratta, segundo de Julio De Vido en el ministerio de Planificación, confesó ante la justicia que conducía al ex funcionario a recolectar bolsos con dinero correspondiente a coimas. Esos bolsos luego se llevaban a distintos lugares: Centeno aseguró que llevaron dinero al departamento de los Kirchner en Recoleta. Y también a la Quinta de Olivos. Había anotado todos sus viajes en cuadernos que fueron aportados a la justicia por un periodista del diario La Nación.
Los empresarios de obra pública que confesaron como arrepentidos -como Centeno-admitieron haber pagado coimas ara conseguir negocios. Las recibía el financista Ernesto Clarens en pesos quien las pasaba a dólares y se las daba a Muñoz. Clarens, otro arrepentido, aseguró que Muñoz era el receptor primario de los bolsos. La investigación judicial probó que Muñoz se quedaba con parte pero otra parte era entregada a sus jefes.
La investigación sobre los bienes de Muñoz detectó el recorrido del dinero. Compró departamentos en Estados Unidos y cuando los Panamá Papers fueron revelados, Muñoz deshizo las inversiones allí y comenzó a mover su dinero a las islas de Turks and Caicos como informó Infobae en febrero de 2019. Murió en marzo de 2016 cuando había comenzado el desguace de las propiedades en Estados Unidos. El tramo final de la inversión fue conducido por Carolina Pochetti
Las confesiones de Pochetti, viuda de Muñoz, y del primo de ella, Carlos Gellert, llevaron al juez Claudio Bonadio -fallecido en febrero pasado- a pedir el congelamiento con vistas al decomiso de los terrenos situados en Providenciales, una de las islas al noroeste del archipiélago, en los que el ex secretario de los Kirchner había pensado en invertir en un complejo turístico.
La historia sobre la millonaria inversión en Turks and Caicos fue ratificada por Alejandro Manzanares, ex contador de la familia Kirchner que se transformó en socio de Muñoz para blanquear el dinero obtenido a partir de los bolsos de las coimas. Los terrenos en los que se iba a construir el complejo turístico están situados en un parque nacional y se encuentran en cercanías del hotel Amanyara, un lujoso complejo donde Pochetti se alojó cuando fueron a decidir si hacer la inversión allí. Intervinieron en la maniobra un testaferro mexicano, un abogado y un desarrollador inmobiliario estadounidenses. Sobre todos ellos hay pendientes pedidos de captura dictados por la justicia argentina.
Desde la Argentina se identificaron las sociedades construidas para hacer la inversión mediante la participación de un estudio de abogados de Turks and Caicos. Peter Karam el dueño del estudio Karam & Missick que armó el esquema de negocios está con prisión domiciliaria con un pedido de extradición solicitado por Argentina. En la misma condición está el otro abogado que participó del armado de la inversión: Anthony D´Aniello. Fueron ambos letrados los que en 2016 viajaron a Buenos Aires para armar el esquema del negocio.
De aquellas maniobras participó también un penalista conocido en Comodoro Py: Miguel Angel Plo quien fuera defensor de Pochetti y terminó procesado por Bonadio por haber participado en las maniobras. La Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri aportó datos de inteligencia fiscal para hallar las propiedades y para intentar el decomiso de los bienes. Para eso hubo negociaciones con sus pares británicos ya que Turks and Caicos es un territorio de ultramar dependiente de Gran Bretaña.
Bonadio envió a juicio a todos los involucrados en el caso. La viuda de Muñoz, su círculo familiar y de negocios, Manzanares, Plo entre otros. Fueron procesados también los cueveros que participaron de las maniobras para sacar del país el dinero ilegal obtenido a partir de los bolsos con las coimas.
En abril de 2019 Infobae reveló que las autoridades judiciales de Turks and Caicos habían detectado y embargado uno de los cuatros terrenos que compró la banda de Muñoz con el fin de decomisarlo y de esa manera Argentina debería encaminarse al recupero de los activos producto de la corrupción.
El último movimiento judicial en la causa fue un exhorto firmado por en octubre pasado Bonadio para que las autoridades de Turks and Caicos informaran por la situación de los otros terrenos. Antes había ordenado el decomiso de los terrenos y de otros bienes adquiridos por la banda de Muñoz. Aquel pedido judicial se tramitó mediante la Cancillería y no ha llegado aún la respuesta. En diciembre, antes de terminar su mandato en la UIF Mariano Federici pidió que se enviara un nuevo exhorto a Turks and Caicos con más detalles sobre el origen ilícito de los fondos que utilizó Muñoz para comprar los terrenos frente al mar.
Con la muerte de Bonadio el juzgado quedó a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. El fiscal del caso Carlos Stornelli, según publicó Clarín, presentará un escrito en el expediente solicitando acelerar el proceso de decomiso porque de otra manera los bienes no podrán ser recuperados por la Argentina.
Son 30 millones de dólares “enterrados” en un paraíso frente al mar que pueden ser recuperados para la Argentina. Depende de la voluntad política y de las negociaciones que hagan la Cancillería y la Unidad de Información Financiera, que, como es sabido, desde diciembre pasado tienen nuevas autoridades.
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