En el último plenario, donde la atención estaba concentrada en la situación del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el Consejo de la Magistratura rechazó una denuncia contra tres jueces de la Cámara Civil que habían avalado que el Instituto Patria no revele la identidad de sus socios. La denuncia la había presentado el ex titular de la Inspección General de Justicia, Sergio Brodsky, y es parte de una batalla judicial que todavía espera una definición de la Corte Suprema.
La pelea judicial de fondo es por la identidad de los socios. El Instituto Patria viene diciendo hace más de dos años que no puede revelar los nombres porque expondría su ideología política. Con ese argumento, oculta sus formas de financiamiento.
Todo comenzó en 2017 con una sanción aplicada por el entonces titular de la IGJ, que exigió durante meses una copia del Libro de Asociados del Instituto Patria, un documento que deben entregar todas las asociaciones civiles para funcionar, porque respalda las donaciones de los socios.
Las autoridades del Instituto Patria judicializaron la cuestión y consiguieron el aval de la Cámara Civil.
En 2018, la Sala L de la Cámara Civil sostuvo que los socios estaban alcanzados por la Ley de Protección de Datos Personales y le dio la razón a la entidad que todavía preside el senador Oscar Parrilli. “No existen dudas de que la nómina de datos completos de los asociados del Instituto Patria (…) encuentra su límite en la Ley 25.326 dado que se trata de datos sensibles de los integrantes de aquel colectivo, al revelar la afiliación a la entidad actora la opinión política de aquellos”, sostuvieron los jueces Víctor Liberman, Gabriela Iturbide y Marcela Pérez Pardo.
En esa misma resolución, los camaristas opinaron que “la Asociación Civil Instituto Patria tiene una clara identificación política”.
Brodsky apeló ante la Corte Suprema, donde todavía no hubo respuesta. “La IGJ solicitó datos de carácter meramente nominativos a los fines de poder fiscalizar fehacientemente los aportes recibidos de parte de sus socios”, señaló en ese escrito, y alegó que de este modo “no se podrá verificar la licitud o ilicitud del origen de los fondos” de la fundación.
Al mismo tiempo, Brodsky presentó un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Esa denuncia, luego del recambio del Consejo, quedó bajo la instrucción de la diputada Graciela Camaño.
El viernes pasado, en medio de la pandemia, el Consejo terminó rechazando la denuncia con los votos del kirchnerismo, aunque se abstuvieron Pablo Tonelli, Marina Sanchez Herrero, Silvia Giacoppo y Juan Pablo Más Vélez.
La financiación del Instituto Patria siempre fue un misterio ante la falta de transparencia. La asociación civil aseguró en un documento interno que se financiaba con la venta de dos libros y con la “colaboración” de gremios. El primero de esos libros era Tenemos Patria, Tenemos Proyecto, Somos Futuro, que fue escrito por Carlos López en 2015 y luego se reeditó con un prólogo de la presidente honoraria del Instituto, Cristina Kirchner. El segundo libro, de la editorial Colihue, recopila los discursos de Cristina y se publicó junto con Sinceramente para aprovechar el boom de ventas.
Además de Parrilli, en la comisión directiva del Instituto Patria están el ex intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, la actriz Rita Cortese, Tristán Bauer, y el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, entre otros.
En respuesta a los intentos de Brodsky de regular el funcionamiento del Instituto Patria, Parrilli presentó una denuncia penal contra el titular de la IGJ. Pero esa presentación fue desestimada por la jueza federal María Servini.