El desarrollo del juicio oral por “la ruta del dinero K” todavía es una incógnita. El Tribunal Oral Federal 4 está esperando una respuesta del Consejo de la Magistratura para definir los pasos a seguir. Mientras tanto, las defensas de los acusados también hacen llegar sus opiniones. Hasta hora la mayoría de los abogados se mostraron a favor del juicio a distancia. Sin embargo, el dueño de Austral Construcciones acaba de oponerse. Su flamante abogado, Juan Martín Villanueva, sostuvo que el sistema remoto dificulta la defensa de los imputados. Y hasta mencionó el caso de Irlanda.
En un escrito de once carillas que le envió al TOF 4, el abogado de Báez destacó la experiencia del Departamento de Justicia de Irlanda, donde funciona un "Comité sobre Videoconferencias”, que analiza las ventajas y desventajas del proceso a distancia.
Según esa presentación, el Comité irlandés desaconseja la utilización de los juicios virtuales y hasta analiza los “efectos psicológicos” y las dificultades de los abogados cuando están lejos de sus clientes.
“Entiende este defensor que de ninguna forma resultaría posible reanudar el presente debate oral en tales condiciones, sin afectar de modo palmario el derecho de defensa en juicio, el acceso eficaz e inmediato a la acusación, los principios de oralidad e inmediación que resultan rectores y fundantes de la presente etapa”, sostuvo Villanueva.
Entre otros argumentos, el abogado de Báez también mencionó la respuesta del Consejo de la Magistratura en el caso de la obra pública, donde están siendo juzgados la vicepresidenta Cristina Kirchner y el propio dueño de Austral, entre otras personas.
"Por el momento nos encontramos en etapa de elaboración de nuevas soluciones que cuando los superiores así lo indiquen se encontrarán en condiciones de satisfacer lo requerido. La disponibilidad de recursos habilitados asciende a 122 puertos para todo el país, y requiere la instalación de un cliente y una vpn por cada participante. Se trata de un sistema dimensionado para tiempos normales con mayoría de participantes internos y mayormente puntos fijos externos (consulados, salas de audiencias, etc). Razón por la cual, la dirección con buen criterio ha estado trabajando en modalidades que permitan esta nueva operatoria flexible. Hasta recibir nuevas indicaciones de los superiores no cuento con fechas ni detalles que pueda comunicar”, informó Ricardo Noziglia Wilde, integrante de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, en una nota dirigida al Tribunal Oral Federal 2.
En el caso de “la ruta del dinero K”, el Consejo todavía no se expidió. Sin ese informe, no se tomará una decisión. Hasta ahora, el TOF 4 cuenta solo con las opiniones de los abogados de las partes.
Según pudo saber Infobae en fuentes judiciales, la mayoría de las defensas se expresaron a favor de retomar el juicio a la distancia.
En cambio, el abogado de Báez se opuso rotundamente. No obstante, reclamó que en el caso que se retome el juicio de manera remota se cumplan una serie de requisitos técnicos como la posibilidad de compartir la pantalla de la computadora de cada uno de los abogados y que se acredite mediante la firma digital o el sistema del Registro Nacional de la Personas (RENAPER) la identidad de las partes.
El juicio contra Báez y sus hijos es uno de los más complejos porque tiene 24 imputados, tres querellas, la Fiscalía y los integrantes del tribunal. No se descarta un sistema mixto como está implementando la Cámara de Diputados, con algunas pocas presencias en la sala de audiencias y la enorme mayoría a distancia.
Otra mala noticia para Báez
La Cámara de Casación rechazó un planteo de Báez para recurrir a la Corte Suprema en su intento por beneficiarse con la prisión domiciliaria por la pandemia de coronavirus. El Tribunal rechazó por “inadmisible” un recurso extraordinario.
"Ha sido garantizado el derecho cuya supuesta violación plantea la defensa como una cuestión federal que pretende llevar a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvieron los camaristas Gustavo Hornos y Javier Carbajo.
Y agregaron que la defensa de Báez no demostró "en el caso la alegada vulneración al debido proceso o al derecho de defensa en juicio a los efectos de ser considerados una cuestión federal suficiente, debidamente fundada, que permita habilitar la competencia extraordinaria del máximo Tribunal”.