El Gobierno aplicará una batería de medidas para reactivar la obra pública durante la cuarentena

Junto con empresarios y sindicalistas de la construcción, el ministro Katopodis hará un relevamiento de los proyectos en todo el país que puedan reanudarse y evitar así los despidos. Firmarán convenios con 30 intendentes para ejecutar obras. Analizan subsidios para pagar parte de los salarios, líneas de crédito a tasas moderadas y descuentos en las contribuciones patronales

Apuran medidas para evitar que haya despidos masivos en la construcción
Apuran medidas para evitar que haya despidos masivos en la construcción

El Gobierno aplicará desde el lunes una batería de medidas para reactivar la obra pública durante la cuarentena, en un intento por evitar que la parálisis de la construcción en la Argentina, que se agravó por la emergencia sanitaria, ocasione la pérdida del trabajo para entre 80.000 y 100.000 personas.

Por un lado, como la obra pública está considerada servicio esencial en el decreto que establece el aislamiento obligatorio, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, hará junto con empresarios y sindicalistas del sector un relevamiento de los proyectos que están en condiciones de reactivarse en todo el país y luego se coordinará con cada jurisdicción provincial o municipal la forma de instrumentar la decisión en cada uno de los sectores que intervienen en la actividad.

Por otro, los ministerios de Economía y de Trabajo comenzaron a analizar la creación de un Programa de Recuperación Productiva (REPRO) especial para la construcción que permitiría subsidiar el pago de parte de los salarios a los trabajadores que estén sin empleo por la parálisis de la obra pública y privada. Se apuntaría, en principio, a las pymes, aunque en la actividad son comunes las empresas con más de 25 empleados, por lo que se está buscando alguna herramienta válida para el sector.

Gabriel Katopodis y Alberto Fernández
Gabriel Katopodis y Alberto Fernández

A pedido de los empresarios, Katopodis también analiza con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, la propuesta de que las compañías constructoras puedan tomar algunas líneas de crédito con tasas del 25 por ciento, similares a las que se anunciaron en febrero para las pymes. Además, se evalúa la posibilidad de que puedan tener descubiertos en el banco para poder pagar los sueldos y tampoco se descarta en el Gobierno un descuento en las contribuciones patronales.

De todas formas, la prioridad de la Casa Rosada en este momento tan complejo es movilizar todos los recursos existentes para finalizar unos 70 proyectos de obra hospitalaria en distintos lugares del país, que permitirán afrontar con mejor infraestructura la emergencia que podría presentarse cuando en la Argentina se alcance el pico de contagiados por el coronavirus.

Para ello, en Obras Públicas señalaron a Infobae que están “adecuando toda la operatoria y la estructura administrativa del Ministerio, modificando una cantidad de procesos que permitan de manera rápida, abreviada y a distancia ejecutar la certificación de las obras, los pagos que se requieran y usar la firma digital para garantizar que todo pueda seguir funcionando pese a la cuarentena”.

Katopodis está en contacto permanente con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech, y el titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, que desde hace semanas reclaman medidas concretas para superar el freno del sector: la construcción ya lleva 22 meses consecutivos de caída y sólo entre noviembre y enero pasados se perdieron 47.000 empleos.

Gerardo Martínez, el titular del sindicato de la construcción
Gerardo Martínez, el titular del sindicato de la construcción

Desde mediados de marzo hay reuniones frecuentes de una mesa se seguimiento entre funcionarios de dos ministerios (Obras Públicas y Vivienda), empresarios y sindicalistas de la construcción para analizar cómo reactivar el sector, pero los contactos son casi cotidianos. Anteayer hubo una teleconferencia entre la ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa; Katopodis, Szczech y Martínez, un encuentro virtual que se repetiría hoy para avanzar con medidas concretas.

En la UOCRA alertan que la crisis del sector se agudizó con el coronavirus y le plantearon al ministro de Obras Pública su preocupación porque durante la actual cuarentena están cerrados los corralones de materiales, lo que ocasiona que las obras se paralicen por la falta de insumos. Katopodis se comprometió a analizar la posibilidad de habilitar a aquellos comercios mediante una norma adicional en caso de que se confirme la extensión del aislamiento obligatorio.

En el sindicato que encabeza Gerardo Martínez también plantearon la inquietud por las deudas que mantiene el Estado con las contratistas de obra pública, mientras que desde la cartera de Katopodis aseguraron que el 10 de diciembre se adeudaban unos 35.000 millones de pesos y que hoy el monto no es significativo, aunque prometieron que en las próximas semanas se pagaría “buena parte” de los fondos todavía impagos. “Eso significaría una inyección de recursos para la reactivación del sector una vez que la cuarentena nos dé un poco de respiro”, destacaron.

En la UOCRA afirman que se perdieron 47.000 fuentes de trabajo entre noviembre y febrero
En la UOCRA afirman que se perdieron 47.000 fuentes de trabajo entre noviembre y febrero

El ministro, de todas formas tiene previsto en estos días firmar convenios con más de 30 intendentes del área metropolitana de Buenos Aires para ejecutar proyectos de obra pública. Pese a la cuarentena, en la cartera que lidera Katopodis sostienen que están en condiciones de seguir operando a distancia, ya que la firma se hará de manera digital, lo que permitirá el desembolso de los fondos”. De esa forma, afirmaron, “en dos o tres semanas habrá pequeñas y medias obras en muchos lugares”.

En el Gobierno imaginan que si el coronavirus no tiene un impacto tan fuerte en la Argentina y se puede ir normalizando gradualmente la actividad económica podrá ponerse en marcha el plan nacional de obras públicas Argentina Hace que se había anunciado a principios de marzo, que tiene previsto un presupuesto anual de 8.500 millones de pesos y que contempla la construcción de rutas y la finalización de diversos proyectos que ya están en ejecución mediante la firma de convenios con las provincias y con los municipios para reactivar la economía local y generar trabajo.

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