Un fiscal a favor y otro en contra de concederle la prisión domiciliaria a Lázaro Báez por el coronavirus

Guillermo Marijuán argumentó su decisión ante la situación extraordinaria que atraviesa la Argentina y el mundo por el avance de la pandemia. Abél Córdoba dijo que para el empresario el riesgo es abstracto. Ahora definen los jueces.

Lázaro Báez
Lázaro Báez
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Un fiscal federal dictaminó a favor y otro lo hizo en contra ante los pedidos del empresario Lázaro Báez para recibir la prisión domiciliaria ante el riesgo de contraer coronavirus en prisión ya que integra los grupos de riesgo por su edad y salud ante un contagio.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fiscal federal Guillermo Marijuán señaló que se está ante una situación extraordinaria por la pandemia declarada y que correspondía el arresto domiciliaria de Báez mientras dure la emergencia sanitaria. Por su parte, el fiscal Abel Córdoba dictaminó en contra del pedido porque los riesgos que planteó Báez con abstractos y hasta el momento no hubo casos de coronavirus en las cárceles.

Ahora deben resolver los jueces Sebastián Casanello y el Tribunal Oral Federal 4, quiénes tienen las dos causas por lavada de dinero en las que Báez está en prisión preventiva. Para que el empresario vaya a prisión domiciliaria tiene que haber unanimidad de los dos tribunales. Con que uno se oponga, seguirá en prisión.

La defensa de Báez, detenido en la cárcel de Ezeiza desde abril de 2016, solicitó ayer su excarcelación o su prisión domiciliaria en una vivienda de la localidad bonaerense de Del Viso por la pandemía del coronavirus por su edad -63 años- y por su estado de salud -tiene enfermedades de base como diabetes, presión alta y arritmia-. Explicó que ante un posible contagio su cuadro se podría agravar y que por esas características está dentro del grupo de riesgo ante la pandemia del virus.

El empresario tiene hoy prisión preventiva en dos causas. Una por el presunto lavado de dinero en la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay y la segunda por la consultora "M&P”, a través de la cuál Austral Construcciones, la empresa insignia de Báez, emitió facturas por supuesto servicios que no se realizaron. Está excarcelado en la causa por la llamada “ruta del dinero K”, que fue la que lo llevó a prisión y que actualmente está en juicio oral.

Guillermo Marijuán (Adrián Escandar)
Guillermo Marijuán (Adrián Escandar)

Ante los pedidos de la defensa primero dictaminaron los fiscales. Tanto Marijuán como Córdoba coincidieron en rechazar los pedidos de libertad. Señalaron que existen riesgos para la causa si Báez queda libre. Principalmente porque cuenta con medios económicos para fugarse o entorpecer la causa y porque se investiga un entramado de empresas offshore. Ambos fiscales mantuvieron sus posturas anteriores en las que rechazaron excarcelar al empresario.

Pero tuvieron posturas distintas ante la prisión domiciliaria. Marijuán explicó que el Servicio Penitenciario Federal informó que Báez está bajo tratamiento y dentro del protocolo de emergencia pero entendió que por “la coyuntura extraordinaria mundial” y por la salud de Báez es “una de las personas que resultan incluidas en la población de riesgo a preservar especialmente frente al contagio del virus”.

Abel Córdoba
Abel Córdoba

El fiscal dictaminó a favor de la prisión domiciliaria con condiciones: que use una tobillera electrónica que controle sus movimientos, que tenga custodia policial, que esté aislado sin recibir visitas por la situación de emergencia y su cuadro de salud, entre otras.

Por su parte, el fiscal Córdoba entendió que “el único nuevo elemento de valoración es la identificación del detenido como integrante de un grupo poblacional en riesgo” y que “esa consideración en abstracto no es razón suficiente para conceder la libertad solicitada, más aún si se tiene en cuenta que -al menos hasta el momento- no se cuenta con información sobre casos sospechosos o confirmados en el ámbito carcelario”.

El fiscal pidió que el SPF informe todas las medidas sanitarias que dispuso sobre Báez y le pidió al Tribunal Oral que una vez que reciba esa documentación “ordene enfáticamente y supervise el aseguramiento de las condiciones básicas e indispensables que aseguren la vigencia de derechos fundamentales y a su vez no pongan en riesgo la integridad de las personas detenidas”.

Ahora deben resolver los magistrados. La contraversia está planteada en el Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado, porque hay posturas encontradas entre lo que pidió la defensa de Báez y lo que opinó el fiscal.

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