Los tiempos -y en rigor, el manejo de los tiempos- dicen mucho en política. El Gobierno decidió impulsar un plan de triple emergencia (económica, social, sanitaria) y se fijó como objetivo convertirlo en ley entre Navidad y Año Nuevo. Hay muchos trascendidos sobre los contenidos, pero habrá que esperar que el texto o conjunto de textos aterrice en el Congreso para iniciar a la carrera el tratamiento la semana que viene. En cambio, la reforma de la justicia federal debería esperar, tal vez hasta el fin del verano. No es un dato menor: el mero anuncio fue un potente proyectil del discurso inaugural de Alberto Fernández y la onda expansiva estaría sacudiendo ya algunas causas por corrupción.
Los llamados proyectos económicos, aunque las emergencias serían más amplias, ofrecen un dato importante en medio de trascendidos que no alterarían ese punto central: le transferiría al Poder Ejecutivo, es decir al Presidente, poderes extraordinarios para manejarse en el arranque de su gestión. Por supuesto, serán de impacto las precisiones sobre aumentos de jubilaciones mínimas, salarios básicos e impuestos, entre otros.
Está claro que el camino para la emergencia parece allanado. El oficialismo sumaría aliados y los cuestionamientos a la delegación de facultades legislativas no alcanzarían para modificar el curso. De eso vienen hablando Sergio Massa y Máximo Kirchner, que estuvieron también en Gobierno para ajustar el trámite de sesiones extraordinarias: dato sensible, su accionar en dupla en Diputados indica el juego de poder interno. En la otra cámara, el armado de Cristina Fernández de Kirchner garantiza número de sobra.
La idea es que todo quede liquidado sin demora. En Diputados la semana que viene; en el Senado, el último jueves del año. Este paquete legal va acompañado de hecho con otra decisión del Gobierno: no habrá nuevo Presupuesto al menos hasta bien entrado el año que viene. Tal vez, cuando esté encaminada la renegociación de la deuda. Difícil precisar ese horizonte. Más claro es que el recurso de trabajar técnicamente con la prórroga del actual –licuado como referencia- le dará al Presidente mayor “flexibilidad” o juego para definir partidas presupuestarias.
En otras palabras, las emergencias y la decisión de no presentar Presupuesto para el año que viene son instrumentos que facilitarán el terreno para que Alberto Fernández comience a desplegar su estrategia de gobierno. También, expondrá en blanco sobre negro las medidas prácticas en materia económica y social. Gestión concreta, luego de estos primeros días de aterrizaje en cada área marcados por anticipos y títulos.
La expectativa general, claro, es la suma de expectativas sectoriales o de franjas sociales. Lo dicho: las primeras respuestas en los temas referidos irán apareciendo la semana que viene.
Otra realidad asoma en el mundo de la Justicia. Las definiciones de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa constituyeron, sin dudas, el segundo tramo destacado de su discurso, medido por el énfasis en su tono y por los evidentes alcances políticos. Pero los tiempos de resolución en el Congreso serán más largos, según se dejó trascender.
El Presidente fue especialmente duro y, se ha dicho, superó por mucho el tema de las prisiones preventivas, cuyo uso –no sólo en el fuero federal- es motivo de fundadas críticas. No es lo único ni se trata de analizar el tema con ingenuidad: en casos resonantes de corrupción, el cuestionamiento asoma como escudo con pretensiones exculpatorias.
Alberto Fernández ha planteado este tema desde hace años. Y abundó además sobre los alcances de la delegación de funciones en la gestión de gobierno. Más acá en el tiempo, avanzó sobre otros terrenos políticos y consideró, como lo hizo ante los legisladores, que directamente hubo “persecuciones” político-judiciales con motor o respaldo mediático. Eso trasciende la cuestión de las prisiones preventivas y plantea la cuestión en términos de supuesto armado de causas.
Desde que el proceso electoral fue perfilando el triunfo del Frente de Todos, hubo planteos más crudos para desacreditar no una prisión en particular sino todas las investigaciones sobre hechos de corrupción en la anterior gestión kirchnerista. Y no se habló únicamente de lawfare. La ex Presidente y ahora vice dijo en la misma noche del martes en Plaza de Mayo que prácticamente buscaron “desparecerlos”.
En este contexto, cada movimiento en la justicia federal es leído en clave de acomodamiento o reacción ante el nuevo ciclo político. Por ejemplo, la excarcelación de Julio De Vido. O los pasos que intenta dar con diversa suerte Lázaro Báez. O el avance de alguna causa contra ex funcionarios macristas. También, en sentido refractario, la ratificación de Martín Irurzun como presidente de la Cámara Federal porteña.
Son algunos de los hechos que se suceden. Descargados de sustancia política, algunos pretenden remitir parte de lo que ocurre a las precisiones sobre la aplicación de la prisión preventiva que fueron impuestas por la Comisión Bicameral encargada de monitorear la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Del mismo modo, la decisión de una Cámara Federal convalidando sus autoridades podría ser vista como un paso administrativo ya previsto. Son explicaciones que suenan pobres y hasta huecas en bocas políticas de los círculos del poder.
Con este cortinado de fondo, otros gestos se potencian solos. Uno: la designación de Juan Martín Mena, muy allegado a CFK y ex hombre de peso en inteligencia, como segundo de Marcela Losardo en el Ministerio de Justicia. Otro: la invocación al lawfare que hizo Axel Kicillof para designar a dos ministros provinciales con problemas judiciales.
Los trascendidos indican que el paquete de esta “integral reforma del sistema federal de Justicia” podría ir acompañado por alguna modificación de la llamada ley del arrepentido, entre otros temas. No hay precisiones sobre las iniciativas. Y en cuanto a los tiempos, los más optimistas dicen que podrían entrar al Congreso hacia el final de extraordinarias, en algún momento de enero, y otros apuntan a marzo. Se verá, pero la dureza del discurso –o lo que sugiere- y el manejo de los tiempos operan ya sobre la Justicia, cruzada por tensiones y no precisamente por la saludable intención de mejorar el sistema, recurrente tema en el discurso político.
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