La Cámara Federal de Resistencia ratificó este martes la prisión preventiva de la diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala en una causa en la que está procesada por lavado de dinero.
Para el tribunal hay peligro de que en libertad Ayala se fugue. "Es dable señalar la gravedad de los ilícitos y el rol atribuido a Aída Ayala en ellos, la participación en forma organizada, el grado de probabilidad arribado en esta instancia en relación a la hipótesis delictiva, así como la trascendencia social e institucional de los hechos cometidos en el seno de esta ciudad; su complejo modus operandi, y la capacidad económica y operativa acreditada en autos, como circunstancias que denotan el riesgo cierto de elusión de la nombrada del accionar de la justicia", señaló la Cámara en un fallo de 16 páginas al que accedió Infobae.
La prisión preventiva implica que Ayala debe ser detenida, pero eso no se puede cumplir porque como diputada de la nación tiene fueros que le dan inmunidad de arresto. La Cámara de Diputados debe quitarle los fueros para que se concrete la detención. Es lo que ocurrió con el entonces diputado y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en octubre de 2017.
Ayala está procesada por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración, incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario.
Es una causa en la que se investiga un negociado que desde la intendencia de Resistencia, cuando Ayala estaba al frente en 2014, se montó para beneficiar a la empresa "PIMP SA" con la recolección de residuos en la ciudad.
También están procesadas otras 14 personas, entre ellas Daniel Fischer, quien fue jefe de campaña de Ayala y ex pareja de su hija, y Jacinto Sampayo, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.
Referente de la Unión Cívica Radical (UCR) en Chaco, Ayala fue intendenta de Resistencia durante tres períodos (de 2003 a 2015). En 2015 fue la candidata de Cambiemos para la gobernación pero perdió contra el peronista Domingo Peppo. Con Mauricio Macri como presidente pasó al gobierno nacional: fue nombrada secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, que depende de Rogelio Frigerio. Y en 2017 fue electa diputada nacional. El abogado de Ayala es Ricardo Gil Lavedra, dirigente del radicalismo.
La causa está a cargo de la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, y del fiscal Patricio Sabadini que ordenaron la detención de Ayala en mayo. Entendieron que la diputada podía entorpecer la investigación por las relaciones que dejó como intendenta. La detención no se pudo concretar por los fueros.
Diputados se ha reunido para tratar el tema pero siempre se fue postergando a instancias del trámite de la causa. Desde la oposición acusan a Cambiemos de querer proteger a Ayala y de tener una vara distinta que con De Vido.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó a fin de año el procesamiento de Ayala pero revocó la prisión preventiva de ella y de otros acusados porque entendió que la decisión no estaba fundamentada. Y ordenó que se dicte un nuevo fallo.
Eso hicieron hoy los jueces de la Cámara Federal de Resistencia Eduardo Belforte, María Denogens y Roció Alcalá. Y concluyeron que la diputada nacional debe estar en prisión.
Además de la posibilidad de eludir la Justicia por la gravedad de los delitos, los camaristas señalaron que se trata de un caso de corrupción: "Y en ese entendimiento es dable destacar que nuestro país está obligado a la lucha contra el lavado de dinero, por haber ratificado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo; como así también en el cumplimiento de los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del Terrorismo".
"Asimismo no dejamos de valorar que a Ayala se le atribuye una activa participación en delitos realizados en ejercicio de la función pública, en un marco de criminalidad organizada y con vínculos con particulares, con un alto impacto a nivel económico e institucional", destacaron sobre el paso de Ayala por la función pública.
La Cámara también ratificó la prisión preventiva de otras cinco personas, entre ellas Fischer y Sampayo. La defensa de Ayala puede apelar su detención para que sea revocada por Casación. Lo que la diputada no podrá evitar es el juicio oral, porque con la confirmación del procesamiento el expediente ya está en condiciones de pasar a esa instancia.
La clave para el futuro de Ayala pasa por Diputados. Esa Cámara debe resolver si le quita los fueros. Cambiemos esperaba a que la situación de Ayala fuera definida por una instancia superior a la jueza de primera instancia. Eso ocurrió cuando la Cámara Federal confirmó el procesamiento. Pero cuando pasó, Diputados no lo trató. Ahora la Cámara ratificó la prisión preventiva. El primer paso lo tiene que dar la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados que preside Pablo Tonelli, del PRO. Diputados está en receso legislativo.