Luis Betnaza, director corporativo de Teaching, al ir a declarar a Tribunales (Maximiliano Luna)
Luis Betnaza, director corporativo de Teaching, al ir a declarar a Tribunales (Maximiliano Luna)

"Sentimientos encontrados". Esa es la reacción de Luis Betnaza sobre el reciente fallo de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento de la Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita en la causa de los cuadernos de las coimas. La resolución de la Sala I alivió la situación del director corporativo del grupo Techint, al dictarle la falta de mérito como miembro de esta organización ilegal – el delito más grave-, aunque confirmó su procesamiento como autor de "cohecho activo", por el pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas. Este delito tiene una pena de uno a seis años de prisión.

"Estoy mejor que ayer, pero no salió como yo hubiera querido", reconoce ante la consulta de Infobae. Se refiere a la mejora de la calificación legal que resolvieron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi de la Sala I, que lo sacaron en principio como miembro de la asociación ilícita, y revocaron su prisión preventiva (estaba en libertad porque tenía exención de prisión). Sin embargo, la falta de mérito que le dictaron respecto de integrar una organización ilegal, implica que no hay elementos suficientes -por el momento- para sobreseerlo o para procesarlo por esa figura legal. También le redujeron el embargo que le había dictado el juez Claudio Bonadio de 4.000 millones de pesos  a una suma sustancialmente menor:  80 millones.

"Tenía la esperanza que la Cámara también me dictara la falta de mérito respecto del delito de cohecho, que requiere un acuerdo de partes para concretar un negocio. Y no fue el caso", sostiene.

Diferenciación

"Este procesamiento nos equipara (por Techint) a otros empresarios pese a que nosotros no tenemos una situación equivalente, porque no tuvimos casi obra pública, ni recibimos subsidios. Solo aceptamos haber hechos pagos para resolver un hecho concreto: la situación humanitaria en Venezuela", afirma. Se refiere a la "gestión" solicitada al gobierno argentino, en 2008, para agilizar el retiro del unos 200 directivos y empleados de la planta SIDOR en Venezuela, después que el entonces presidente Hugo Chávez resolviera su nacionalización, según declaró primero en testimonial y, luego, en indagatoria ante Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

En su procesamiento, Bonadio estableció que directivos de Techint tuvieron reuniones con Claudio Uberti (ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales), el ex ministro Julio De Vido, su secretario y mano derecha José María Olazagasti y el segundo de De Vido, Roberto Baratta, con el fin de que "intercedieran para lograr el cobro de la empresa, pues valía mucho".  En ese contexto, "los funcionarios argentinos, entre los cuales tuvo una participación preponderante De Vido, comenzaron a pedirle a los directivos de la empresa dinero para poder gestionar con el Gobierno de Venezuela, siendo Héctor Zabaleta (ex ejecutivo de Techint) el encargado de acordar con Roberto Baratta el modo de realizar los pagos y la cantidad de los mismos". Pero Betnaza niega que los pagos realizados tuvieran como objetivo el cobro de la plata por la expropiación de la empresa del Grupo Techint en Venezuela. El precio finalmente acordado con el gobierno venezolano fue de 1.950 millones de dólares, y se pagó en cuotas entre 2009 y 2012.

En su descargo, Betnaza recuerda el acto en un pozo petrolero en la zona del Orinoco en Venezuela en el que Uberti le había transmitido el enojo de Kirchner, "alegando que la empresa no contribuía económicamente con el gobierno", a  lo que el directivo  le contestó que "Techint no hacía negocios con la política". La respuesta provocó -según interpretó- que Kirchner se fuera del lugar en helicóptero sin pasar a saludar por la planta de SIDOR a los empleados, lo que fue leído por Chávez "como una falta de apoyo por parte del gobierno argentino a la empresa".

En base a los cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Baratta, y las declaraciones y pruebas relevadas, Bonadio dio por probados ocho entregas de dinero por parte de Zabaleta entre abril y diciembre de 2008, equivalente al cambio de hoy, a  entre 800.000 y un millón de dólares.

También señaló en el procesamiento a Betnaza que "Uberti  fue el encargado de solicitarle dinero para prorrogarle la firma la concesión de Caminos del Oeste". Según el ex titular del OCCOVI – hoy procesado y detenido- ese dinero era entregado luego a De Vido, Kirchner y Cristina.  Betnaza  niega haberle hecho algún pago a Uberti por la prórroga de esa concesión. "Nunca la prorrogamos. Se la devolvimos en 2003", afirma enfático.

Asimismo, desmiente haberle dado 100.000 dólares en 2006 a Uberti, destinados a  Néstor Kirchner para que "ayudara" en las gestiones por Venezuela ante Chávez. "No existió esa reunión con Uberti en las oficina de la calle Della Paolera porque en 2006 no tenía mis oficinas en ese edificio. Por otro lado, nunca coincidieron Kirchner, Rocca y Chávez en una reunión ese año en Venezuela" asegura.

El directivo de Techint sí se hace cargo de haberle dado instrucciones a Zabaleta "para solucionar la situación en Venezuela".  Según reconoce, "ni el propio Zabaleta, cuando tuvo que declarar, sabía con precisión para qué eran esos pagos que él le había ordenado. Creía que eran para que no le corten el gas o la luz a las plantas de Sideral y Siderca".  Según asegura, "Zabaleta sacó la plata para hacer los pagos de los dividendo de los accionistas del grupo".

Betnaza sostiene que el juez "no merituó acabadamente" la prueba que ofreció vinculada a las "gestiones humanitarias" por SIDOR en Venezuela. "Es en lo único que estamos involucrados. No tuvimos que ver con coimas para conseguir obra pública ni subsidios", asevera.  Y en este sentido, el directivo de Techint destaca que la Cámara le ordenó al magistrado avanzar en la consideración de esas pruebas.

En efecto, los camaristas sostuvieron en su resolución de hoy que "las razones de emergencia por ellos detalladas (las defensas de Betnaza y Zabaleta)  –esbozada esta circunstancia también por Uberti-, deberán ser profundizadas y analizadas por el juez instructor y eventualmente, ser el mismo magistrado o el ministerio público fiscal al momento de requerir la elevación a juicio, quien/es podrán, en definitiva, controvertir las pruebas tenidas en consideración en este legajo y –en su caso- modificar el encuadre legal, tras cumplir con la evacuación de las citas".

Betnaza recuerda que, primero, se presentó espontáneamente a declarar en  el Juzgado de Bonadio, al enterarse de la detención de Zabaleta, y que ambos "declararon en simultáneo" al día siguiente, y sus versiones "fueron coincidentes". Betnaza lo hizo el primer día como testigo y luego fue convocado por imputado, instancia en la cual se negó a acogerse a la figura del arrepentido.

Zabaleta también procesado

La situación de Zabaleta se agravó a partir del fallo de la Cámara. Bruglia y Bertuzzi revocaron  la falta de mérito que había dispuesto Bonadio y lo procesaron también como "partícipe necesario" de cohecho, sin prisión preventiva, al igual que a los directivos de otras firmas responsables de efectivizar los pagos ilegales. Le ordenaron al magistrado fijar el monto del embargo.

Los camorristas de la Sala I consideraron que  estos ejecutivos "no eran simples empleados sin poder de decisión, que se limitaban ciegamente a cumplir órdenes de un superior. Ellos conformaban el núcleo directivo de cada empresa, representándolas en el mundo de los negocios, tanto en su faz lícita como en los pactos venales que salieron a la luz con la presente investigación. Por lo demás, no es casual que hayan sido ellos el "contacto" o la "persona de confianza", que en cada caso tuvo a su cargo efectuar la entrega prometida. Es por ello que el rol desempeñado los coloca en cómplices primarios de cada uno de los actos cometidos, por los cuales deberán responder".

La situación de Rocca

La situación del dueño del Grupo Techint, Paolo Rocca, no fue analizada en esta resolución de la Cámara ya que su procesamiento fue posterior. Rocca también fue considerado por Bonadio como "miembro de una asociación ilícita" y autor de "cohecho activo". El CEO del principal grupo económico del país también tiene dictado un embargo de $4.000 millones y prohibición de salida del país.

Paolo Rocca en Comodoro Py al presentarse en indagatoria ente el juez Claudio Bonario.
Paolo Rocca en Comodoro Py al presentarse en indagatoria ente el juez Claudio Bonario.

Betnaza ratifica ante Infobae lo dicho por el dueño de la principal empresa argentina. "Rocca no supo de los pagos en su momento", aunque tal como admitió públicamente luego, avaló ese accionar ya que el objetivo era "resolver la situación del personal" de la empresa en Venezuela. "Como hombre de extrema confianza del accionista, hay momento en que tenés que tomar decisiones, y tenés que blindar esas decisiones", admite Betnaza  ante la consulta de cómo era posible que  Rocca no hubiera sabido de los pagos ilegales que iba a hacerle a los entonces funcionarios kirchneristas.

El director corporativo de Techint hoy tiene embargados todos sus bienes y debe solicitar autorización, en forma personal, en el Juzgado para salir del país. Cada vez que va a Ezeiza, a su vez, hace sellar esa autorización previamente en  Migraciones, para evitar inconvenientes posteriores ante la demora en la notificación del Juzgado. La carátula que figura en la prohibición de salir del país al hacer este trámite es "Cristina Elisabet Fernández y otros sobre asociación ilícita".

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