El juez Claudio Bonadio pasará a investigar la causa originada por el dinero que movió Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, para comprar y vender propiedades en Estados Unidos por más de 70 millones de dólares.
Su colega Daniel Rafecas, que había sido sorteado el miércoles para hacerse cargo de la causa tras el apartamiento del juez Luis Rodriguez, decidió enviarle el expediente para que se unifique el tema en la causa por los cuadernos de la corrupción, indicaron ayer fuentes judiciales. "Se impone que sea un único magistrado quien lleve adelante la investigación de los hechos aquí ventilados, por lo que corresponde remitir las presentes actuaciones al Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal n° 11, ello en aras de una mejor administración de justicia y celeridad procesal", escribió Rafecas en un fallo al que accedió Infobae.
De esta manera, Carolina Pochetti, viuda de Muñoz y presa; la arrepentida Elizabath Ortiz Municoy y el aspirante a serlo, su ex marido Sergio Todisco, junto al detenido Carlos Cortez y los prófugos Carlos Gellert y Perla Puente Rosende -radicados en Estados Unidos- seguirán siendo investigados como miembros de la asociación ilícita que habrían encabezado la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro Julio De Vido para hacer dinero con los negocios del Ministerio de Planificación. Lo que está bajo análisis es si Pochetti y el resto armaron, junto al fallecido Muñoz, una estructura jurídica y societaria para lavar dinero.
La decisión de Rafecas viene a poner fin al capítulo que había abierto en Comodoro Py 2002 sobre quién investigaba los al menos 70 millones de dólares que Muñoz sacó del país a través de una estructura jurídica y societaria para comprar unas 17 propiedades en Nueva York y Miami, y luego venderlas en los últimos años para blanquear dinero.
La investigación nació en el juzgado de Luis Rodríguez, con información clave desde Estados Unidos que brindó la UIF y que acreditó esos movimientos de dinero.
Pero cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió las detenciones, indagatorias y congelamiento de cuentas en Estados Unidos, Rodríguez rechazó el pedido.
En paralelo, las pruebas recolectadas en la causa cuadernos determinaron, a través de los dichos de los arrepentidos y de las anotaciones de Oscar Centeno, que Muñoz era uno de los encargados de recibir el dinero que era entregado al matrimonio Kirchner. Y también que habría confeccionado valijas más pequeñas para guardar menos dinero del que Néstor esperaba y así quedarse con la diferencia.
El juez Bonadio, entonces, abrió una causa conexa al expediente principal de cuadernos y ordenó los arrestos de Pochetti y el resto, cuando Rodríguez no los quería detener y les concedió las eximiciones de prisión.
Por impulso del fiscal Stornelli –que interviene en los dos expedientes-, el caso de lavado de dinero sobre los bienes de Daniel Muñoz llegó a la Cámara Federal. Y en apenas diez días, la Sala II cuestionó las decisiones de Rodríguez y ayer decidió apartarlo de la investigación.
No le dio la investigación a Bonadio –como él mismo había pedido-, sino que resolvió que el caso se sorteara y la suerte recayó en el juzgado de Rafecas.
Ahora, Rafecas –quien busca convertirse en breve en integrante de la Cámara de Casación ordinaria- revisó el expediente que Rodríguez no había querido cederle a Bonadio e interpretó que lo mejor era optar por anexar todo en la causa cuadernos. "Entiendo que de la simple lectura de los argumentos vertidos por el Dr. Bonadio, tanto en el escrito de solicitud de inhibitoria así como en la certificación que enviara a pedido del Dr. Rodríguez, y el Dr. Stornelli, (este último resulta ser el representante de la acción pública en la causa del Juzgado Federal n° 11 y en esta causa, y por lo tanto posee un conocimiento más acabado de los hechos e imputados de ambas causas), se advierte la existencia de una identidad en las personas, en el objeto y, aún más, en el período de tiempo en que los sucesos denunciados habrían tenido lugar" escribió.
Se basó en los pronunciamientos del presidente de la propia Cámara Federal, Martín Irurzun, y añadió que "para una mejor administración de justicia, por razones de economía procesal y a fin de evitarse pronunciamientos contradictorios, o que una investigación pueda llegar a entorpecer la otra, debe ser el mismo investigador quien se aboque al conocimiento y tramitación de ambas causas". Eligió así que fuera Bonadio.