La Cámara Federal rechazó hoy las excarcelaciones de dos ex funcionarios que están presos por la causa de los cuadernos de la corrupción. Se trata de Rafael Llorens, el responsable jurídico del ex Ministerio de Planificación; y de Hernán Gómez, quien fuera asesor de esa cartera.
Las defensas habían pedido el miércoles sus excarcelaciones: decían que no hay riesgos procesales para tenerlos detenidos y que además Bonadio ya dictó el procesamiento sobre ellos y por lo tanto ya no había riesgos para la investigación.
Pero los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I de la Cámara Federal, decidieron que sigan presos.
"Dada la magnitud y complejidad de las actuaciones, caracterizada principalmente por la dimensión de los hechos objeto de pesquisa y un sinnúmero de datos e información de posible relevancia, no puede descartarse que, una vez analizado el auto de procesamiento impugnado, se pueda desprender la imperiosa necesidad de adoptar medidas de pruebas urgentes tendientes a abarcar circunstancias aún no concluidas por la investigación, resultando prudente mantener hasta ese entonces la medida cautelar apelada", dijeron en la resolución al a que accedió Infobae.
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Pero además la Cámara advirtió que la libertad no corresponde porque "aún permanece pendiente de conocer el destino de las sumas comprometidas en las maniobras involucradas en el objeto procesal de estas actuaciones".
A Llorens se lo procesó como miembro de una asociación ilícita y dádivas, con prisión preventiva. "Su detención no se justifica. Es una represalia por no acogerse a la ley del arrepentido", insistió su abogado Mariano Silvestroni en la audiencia ante la Cámara Federal. "Hasta el Ejecutivo se dio cuenta y el ministro (Germán) Garavano habló de un exceso –dijo–. No hay ninguna razón para que mi cliente permanezca detenido".
A Gómez, por su parte, se le imputó ser miembro de la asociación ilícita, haber aceptado dádivas en dos ocasiones y coimas en una, en calidad de partícipe necesario. Su defensa también advirtió que no correspondía que estuviera preso y hasta el propio Gómez les pidió en la audiencia la libertad.
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Según la Cámara, si bien los procesamientos no están firmes, "la amenaza de pena de los delitos allí reprochados impide concederle el beneficio peticionado".
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