La Oficina Anticorrupción (OA) le pidió al juez federal Claudio Bonadio ser querellante en la causa de los cuadernos de la corrupción. Para la OA, en la cúspide de esta estructura delictiva se encuentra la ex presidente Cristina Kirchner.
El organismo que encabeza Laura Alonso hizo hincapié en que ya interviene como parte querellante en otras causas que salpican al gobierno anterior ("Ruta del dinero", "Vialidad/Obra pública", "Los Sauces", y "Yacimientos Carboníferos de Río Turbio") y reseñó que también denunció recientemente al ex ministro de Planificación Julio De Vido por obras de gasoductos en el Sur.
Resaltó también su rol como querellante en las tres causas relacionadas al caso Odebrecht, que tramitan en distintos juzgados, en las que se encuentran vinculadas empresas como IECSA, Albanesi y Esuco, entre otras firmas.
En la presentación, la OA relató que desde mayo de 2003 hasta diciembre de 2015 "habría existido un acuerdo de voluntades direccionado a crear y mantener una organización liderada por quienes estaban investidos como los máximos responsables de la administración del país, para que mediante un mecanismo ordenado, sistemático, sustentado en el tiempo, y compuesto por varias personas con distintos roles, fluyeran pagos de dinero, que se sabían corruptos, de parte de personas que generalmente estaban vinculadas a distintas empresas beneficiarias de contratos públicos".
Para la OA, en la cúspide de esta estructura delictiva se encuentra la ex presidente Cristina Kirchner y "durante su presidencia se registra la mayor actividad de la organización". Y dijo que el eslabón esencial de toda la estructura corrupta fue el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo de De Vido, quien junto con Roberto Baratta habría establecido el sistema de recaudación. "Ambos idearon cómo serían las distintas modalidades delictivas que le permitieron operar, con casi absoluta impunidad, a toda esta red corrupta desde el Estado nacional, reclutando a otros sujetos, funcionarios y no funcionarios, que participarían activamente en las actividades ilícitas", señaló la OA.
En el esquema investigado, los empresarios beneficiarios de contratos con el Estado acordaban la entrega de dinero con los organizadores. Los encargados de retirar el dinero usaban como chofer a Oscar Centeno.
El organismo agregó que "existen elementos que acreditarían que parte del dinero que se pagó provenía de contratos con presupuestos sobredimensionados y que al inicio de la obra o contrato se hacían adelantos financieros. Parte de estos sobrecostos era en realidad una porción del dinero que se había acordado devolver o retornar".
El escrito señala que quienes pagaban "participaban de una maniobra en la que colaboraban para que los ex funcionarios públicos pudieran saquear las arcas del Estado nacional camuflándola en pagos a contratistas".
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