"Perpetuar la explotación es perpetuar la violencia y la desigualdad. La trata instituye un sistema de compra venta de seres humanos en el que son tan responsables los que venden a las mujeres, hombres, niños y niñas, como quienes los compran, esos que todavía mal llamamos 'clientes'". El texto pertenece a la "Declaración final del encuentro de juezas y procuradoras sobre el tráfico humano y el crimen organizado", convocado por el Vaticano y organizado por el papa Francisco, y que reunió a 115 juezas y procuradoras de los cinco continentes.
La delegación argentina fue una de las más importantes. Estuvo compuesta por 20 funcionarias del Poder Judicial, entre las que se destacaban la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó (quien renunció a su cargo a partir del 31 de diciembre) y la única magistrada mujer del fuero federal porteño, María Romilda Servini.
En una de sus principales propuestas -y que en nuestro país impulsa la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Helena Highton de Nolasco- el documento apoya y promueve "sin fisuras el modelo nórdico que por la primera vez en la historia penaliza la compra de cualquier acto sexual, descriminaliza a las víctimas y sitúa a los estados como principales garantes de la paz y la cohesión social".
La "declaración final", firmada por casi todas las concurrentes -no lo hicieron, por ejemplo, las representantes de los Estados Unidos- comienza con una fuerte recomendación que se debería debatir en cada uno de los países: "La trata de personas es un crimen aberrante que suele contar con la negligencia del Estado, lo que lo convierte en una grave violación a los derechos humanos y debe ser considerado de Lesa Humanidad e imprescriptible, condenado por la ONU".
Fiscales y juezas coincidieron en que "cualquier complicidad del Estado, del Sistema Judicial y de las fuerzas de seguridad en la trata de personas, denunciada por muchos en diversas partes del mundo, significa la corrupción absoluta de los Poderes estatales" y continúa: "Se ha comprobado también complicidad de los poderes fácticos y de otros estamentos de los poderes públicos por el predominio del creciente tráfico internacional de personas con fines de explotación sexual o laboral llevado adelante por el narcotráfico".
El tráfico de narcóticos estuvo presente en todas las deliberaciones de la cumbre ya que esa mafia no distingue regiones y deja tras de sí un reguero de sangre y muerte en países como Nigeria, Brasil, Argentina o México y Colombia.
Sin leyes claras, se afirma en el informe que ya llegó a manos de Bergoglio y al que accedió Infobae: "Es difícil actuar globalmente ante el nuevo desafío de la esclavitud que crece gracias a estructuras criminales nacionales e internacionales, bien orquestadas, amenazando más y más a la dignidad humana y la paz".
La mayoría de las juezas y jefas de los fiscales del mundo, que disertaron en la Pontificia Academia de Ciencias, también se pusieron de acuerdo en un punto que, en verdad, no suelen cumplirse en la mayoría de las naciones: "Las diferentes formas de trata y explotación, la prostitución, el usufructo de mujeres con fines reproductivos, el trabajo forzoso, el tráfico de órganos no son una cuestión de consentimiento, son una cuestión de justicia social", algo que no sobra en el planeta y mucho menos en los países en desarrollo, como la Argentina.
El documento propone impulsar 27 puntos para combatir la trata de personas, entre ellos concluyeron que "la aplicación efectiva del derecho penal es una condición necesaria para acabar con la intolerable vulneración de los derechos humanos. La justicia penal esta intrínsecamente ligada a la justicia social".
Las juezas y fiscales reunidas en la Santa Sede concluyeron que "la justicia, los jueces, los fiscales y sus colaboradores deben velar por reestablecer la dignidad humana y la libertad de las víctimas de trata, sea de trabajo forzado, sea de la prostitución, sea del tráfico de órganos, o la explotación de mujeres con fines reproductivos".
Además de las lógicas recomendaciones sobre los cuidados que el Estado y la justicia debe otorgarle a las víctimas de estos delitos, las mujeres que disertaron en la Santa Sede afirmaron que "Las víctimas tienen que ser el centro motor de todas nuestra actuaciones y esfuerzos" y que "su rehabilitación, su resarcimiento e integración tienen por objeto liberar a las víctimas de la esclavitud moderna y de la trata de personas, así como de restaurar su dignidad y su capacidad de ser social y económicamente independiente".
Durante su alocución, Servini aseguró que "las víctimas de trata, por lo general jóvenes, engañadas por los modales y el dinero van cayendo en redes difíciles de rastrear y ubicar". La jueza federal agregó que "la ventaja con la que cuentan estas redes mafiosas son los escasos recursos que tienen los magistrados para combatir este delito máxime teniendo en cuenta la cantidad de dinero que estos manejan" y que "utilizan el soborno para lograr su cometido".
La magistrada, que el 1 de diciembre cumplirá 81 años, aprovechó el encuentro para asegurar -en privado- que, a pesar de que Corte Suprema resolvió mediante un fallo que los jueces deben jubilarse a los 75 años, validando de esa manera lo impuesto por la Constitución Nacional, ella, al igual que Carlos Fayt, no dimitirá. "No voy a renunciar por más que eso sea lo que quieren en el Gobierno", remarcó.
Servini, además, está convencida que los dos robos que sufrió en 20 días fueron para amedrentarla, aunque no se atreve señalar desde que sector podrían llegar ese tipo de intimidaciones.
El Vaticano, a través de sus voceros, dejó trascender el éxito del encuentro de juezas y fiscales. Jorge Bergoglio, el Papa Argentino, ya había hecho suyo el coloquio para debatir sobre trata de personas y crimen organizado que se desarrolló los pasados días 9 y 10 de noviembre.
A través del arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, y canciller de la Pontificia Academia, que ofició de vocero, invitó a través de una carta a la Procuradora Alejandra Gils Carbó, la funcionaria que Cambiemos intentó desplazar de su cargo apenas Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada.
La misiva estaba fechada el 9 de junio, y llegó en momentos en que el propio jefe de Estado cuestionó a Gils Carbó de frenar o cajonear causas contra ex funcionarios del pasado gobierno de Cristina Kirchner.
Las deliberaciones entre las 115 funcionarias mundiales se desarrollaron por primera vez en la Casina Pío IV. Además de Gils Carbó y Servini de Cubría, entre otras funcionarias, la delegación nacional contó con la presencia de la jueza de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa y la presidenta de la Asociación de Magistrados (principal agrupación de jueces del país), María Lilia Díaz Cordero.