En una jugada de último momento para evitar que la Corte Suprema defina la situación de Milagro Sala, el fiscal general de Jujuy, Sergio Lello presentará en las próximas horas un pedido para habilitar la feria judicial y fijar una audiencia de debate en otra causa que compromete a la piquetera kirchnerista de la Tupac Amaru por una denuncia de amenaza de bomba a una comisaría.
Según revelaron a Infobae fuentes calificadas de la justicia de Jujuy, la presentación del fiscal Lello buscará agilizar la causa de amenazas que realizó Sala el 13 de octubre de 2014 al oficial Rubén Vázquez, de la Comisaría Seccional Nº 56, dependiente de la Policía de la provincia de Jujuy.
La intención de la fiscalía de Jujuy es fijar cuanto antes una audiencia y apurar un fallo que fije una condena efectiva. De esta manera, la detención tendría mayor sustento y así se podría avanzar en paralelo con las otras 8 causas que tiene la dirigente de la Tupac Amaru.
El fiscal de Investigación Penal Nº 6, Gustavo Araya, requirió la elevación de la causa a juicio oral en marzo de 2016, pero aun no hubo respuesta alguna. En la causa judicial se le atribuyó a Sala una amenaza al oficial Vázquez mientras se encontraba recibiendo una denuncia de una mujer de apellido Clemente, que se presentó a su oficina refiriéndole que la entonces diputada deseaba comunicarse con él telefónicamente y le exigió en forma autoritaria que se le restituyera a una compañera de apellido Vargas todas las prendas y calzados secuestrados.
Sala comenzó a insultar, manifestando: "Las bombachas puede quedárselas para usted, su jefa, su mujer y todo el personal de la comisaria porque son una manga de maricones". Luego la líder piquetera amenazó abiertamente a los uniformados de la comisaría: "Van a tener noticias porque voy a poner una bomba y los voy a hacer volar a todos".
El segundo hecho que se investiga en esa misma causa sucedió el 13 de octubre del 2014 a las 22:50, cuando Angela Silvina Cabero, funcionaria policial con el grado de Comisario, desempeñándose como Jefa de la Comisaría Seccional Nº 56, recibió un llamado telefónico en el que Sala comenzó a vociferarle que el personal de su Comisaría era incompetente, no querían entregar las ropas y que el oficial a cargo "ha dejado ir a la chorra".
Ante esto, la comisario Cabero le pidió que le explicara bien lo que quería decir porque no entendía lo que sucedía y Sala comenzó a insultarla diciéndole: "Ustedes son una manga de incompetentes, cuando les ponga yo una bomba me van a conocer a mí, los voy hacer volar a la mierda, ya me van a conocer".
La causa se encuentra en estado de resolver los planteos efectuados por la defensa en la audiencia preliminar y luego de ello estarán dadas las condiciones para fijar fecha de debate. Ante esto, el fiscal Lello planteará que hay dilaciones en el trámite del Tribunal en lo Criminal N° 2 a cargo de la causa. Y por este motivo exigirá acelerar el caso y pedir una audiencia de debate para que haya en lo inmediato un fallo condenatorio.
Sala se encuentra detenida en el penal de Alto Comedero desde 2016 por las denuncias de sedición y por otras causas de corrupción en el manejo de fondos de la agrupación Tupac Amaru.
Hasta ahora no hay un fallo condenatorio contra Sala ya que por la denuncia de sedición en la vía pública fue desestimada. Varios organismos de derechos humanos, entre ellos el CELS y Amnistía Internacional, pidideron su liberación. También el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU denunció que la líder piquetera tiene una detención arbitraria. A la vez, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA visitó el penal donde se encuentra Sala en Jujuy pero aun no tomó ninguna determinación.
En el gobierno nacional y en la administración jujeña que lidera el radical Gerardo Morales están convencidos de que los jueces que llevan adelante las causas contra Sala actúan de forma muy lenta y sospechan de cierta complicidad. De hecho, la procuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó mantuvo contactos con la líder piquetera que durante el kirchnerismo contó con la anuencia de Cristina Kirchner para el dispendio de fondos públicos.